Un sector de UCD pide una comisión parlamentaria sobre la corrupción administrativa

Veintiséis parlamentarios de Unión de Centro Democrático (UCD), que son, además, funcionarios públicos, han dirigido una carta al líder de su partido y presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en la que le hacen llegar unos principios básicos para desarrollar el decreto-ley, de 30 de marzo último, que reforma la legislación sobre funcionarios. Junto a los criterios sobre retribuciones básicas y complementarias -entre ellos, la supresión de incentivos acorporativos- los parlamentarioscentristas proponen la publicidad absoluta de los conceptos retributivos y la creación de una comisión parlamentaria que investigue sobre la corrupción administrativa.Los diecinueve diputados y nueve senadores de UCD que suscriben la citada misiva -de la que es primer firmante el secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Alfonso Soriano y Benítez de Lugo- consideran que una de las funciones de la mencionada comisión parlamentaria sería Investigar «sobre la procedencia y destino de retribuciones con cargo a fondos extrapresupuestarios». Solicitan también la implantación de un régimen estricto de incompatibilidades y la supresión de organismos innecesarios «que sólo sirven para ocupar a una burocracia desilusionada e ineficaz».

Los parlamentarios-funcionarios consideran que la dirección total de la política de la función pública debe corresponder a la Presidencia del Gobierno, y, en consecuencia, piden la supresión de la Junta Central de Retribuciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, y la transferencia de sus atribuciones a la comisión superior de personal, adscrita a la Presidencia del Gobierno.

Con base en esta última reivindicación, fuentes políticas solventes indicaron a EL PAIS que en el trasfondo de este planteamiento podría hallarse una cierta tensión entre el titular de la cartera de Obras Públicas y Urbanismo, Joaquín Garrigues Walker -a cuyo Departamento pertenece el primer firmante del escrito- y el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, a quien se acusaría de otorgar cierta preferencia a los funcionarios dependientes de su Departamento y que van a ser piezas básicas en la realización de la reforma fiscal en marcha.

La carta dirigida al presidente del Gobierno alude a la pretensión de «garantizar la credibilidad de nuestro partido ante la función publica y evitar que el Gobierno, una vez más, se convierta. en defensor y mantenedor de los intereses de los cuerpos de funcionarios más privilegiados, que en.muchos casos no coinciden con la administración austera y eficaz que necesita el país en estos momentos».

Cara a la distribución del incremento de la masa salarial para 1978, exponen el principio esencial de que el desempeño de puestos de trabajo del mismo rivel de titulación y defesponsabilidad, suponga un homogéneo tratamiento retributivo, así como que se congelen las diferencias históricas y no arbitrar mecanismos que las reproduzcan.