No sólo de pan

LA CONCESION del Premio Nobel a Vicente Aleixandre debería ser un simple acontecimiento literario. Pero lo cierto es que ni los criterios que guían a la Academia Sueca se hallan totalmente alejados de la política, ni la vida cultural de un país se encuentra al margen de la acción del Estado.Los otorgantes del Nobel de Literatura han mostrado en general gran cuidado en evitar que regímenes políticos represivos puedan utilizar la distinción concedida a uno de sus súbditos para maquillar su deteriorada imagen. En el caso de la Unión Soviética, el premio al oficialista Sholojov fue ampliamente contrarrestado por el otorgamiento de la misma distinción literaria a Pasternak y Soljenitsin, dos conocidos disidentes, al igual que Sajarov, Nobel de la Paz en 1975. Y el sempiterno e injusto postergamiento de Jorge Luis Borges puede ser parcialmente explicado por la identificación de ese gran escritor con las dictaduras militares de su país y de todo el continente.

En cualquier caso, y en lo que se refiere a España, lo cierto es que el Premio Nobel de Literatura ha recaído, en la época más reciente, en dos grandes poetas del exilio: Juan Ramón Jiménez, que falleció en él exilio exterior, y Vicente Aleixandre, que ha vivido cuarenta años de exilio interior. No podía ocurrir de otra manera.

Durante el franquismo, la actitud de la Administración hacia la cultura fue impedir su crecimiento a través de la censura y utilizar el presupuesto nacional y los medios de comunicación estatal para promover mediocres valores y horterizar al país entero. Dejando a un lado los estragos producidos en la Universidad, el pensamiento, las letras, el cine, el teatro y las artes sobrevivieron y se desarrollaron a pesar del Estado. Mientras la censura prohibía libros de Jorge Guillén, Rafael Alberti y León Felipe, la España oficial pedía el Nobel para José María Pemán. El faraónico esperpento del Valle de los Caídos tenía como correlato natural el rechazo por el alcalde Arias Navarro de la escultura que Eduardo Chillida había regalado al pueblo de Madrid-. La lucha contra la administración cinematográfica del director Saura y el productor Querejeta, que han conseguido premios en los más importantes festivales internacionales, puede ser mejor comprendida al recordar que varias películas de Luis Buñuel han estado durante largos años prohibidas.

No sólo de pan vive el hombre; y no sólo de política se alimenta una comunidad humana. La cultura nace en la sociedad y revierte a ella. En este sentido, hay que ponerse en guardia contra cualquier forma, aunque sea encubierta, de dirigismo estatal. Por lo pronto, al Estado hay que exigirle que no invada el ámbito de la libre expresión, pero que la proteja de los bárbaros que incendian librerías o dinamitan periódicos y revistas. De manera activa, la Administración debe promover nuestra cultura en el exterior, tanto a través del fomento a la exportación de nuestros libros y publicaciones como mediante la difusión, sin distinción de ideologías, de nuestros escritores y artistas. Dentro de nuestras fronteras, quedan fuera de la dinámica del mercado y de las posibilidades de la empresa privada tareas tan importantes como la multiplicación y dotación de bibliotecas, la protección de grupos experimentales teatrales, musicales y cinematográficos, o la creación de una gran editorial universitaria.

Para esas tareas el Ministerio de Cultura necesita encontrar su ámbito propio de actuación, que en los actuales momentos tropieza necesariamente con las competencias de otros departamentos: Asuntos Exteriores en la promoción de la cultura, Comercio en la exportación de libros, Educación en el campo de la enseñanza, Gobernación en las relaciones con la Administración local, etcétera. Y necesita también, como es lógico, disponer de los fondos necesarios para llevar adelante sus proyectos, de los que habría que excluir la RTVE, financiada en los grandes países europeos por tributaciones específicas. Ciertamente, no está el horno del gasto público para bollos; pero si el propósito de la reforma fiscal es favorecer una redistribución másjusta de la riqueza, algo habrá que hacer para suministrar a los ciudadanos españoles esos bienes de cultura que el franquismo suprimió de la dieta nacional. No basta con que los ministros citen a los poetas; su deber es que todos los españoles tengan acceso a su lectura. En Francia, el Ministerio de Cultura (que también se ocupa de la juventud y los deportes) dispuso en 1976 del 1,25% de la suma total de los Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social; y las otras dos naciones comunitarias que disponen de ese departamento estatal, Bélgica y Holanda, superan ese porcentaje.

Por supuesto, es preciso evitar los despilfarros y exigir al Ministerio de Cultura eficacia y transparencia en la aplicación del gasto público. Al Parlamento le corresponde vigilar esos aspectos; y no estaría de más que el Congreso creara una Comisión permanente de Cultura para la orientación y el control de la acción del Ejecutivo en ese campo.