La dimisión de alcaldes, prácticamente descartada

El pasado viernes, día 30 de septiembre, EL PAIS publicó una información en la que, bajo el título de Posible cadena de dimisiones en los ayuntamientos de la provincia, se analizaba la eventualidad de que se produjera en la provincia de Madrid un acuerdo entre alcaldes especialmente representativos, por la entidad de sus poblaciones, para presentar su dimisión a la Administración, caso de que no se tomaran medidas sobre lo que ellos consideraban una pérdida acelerada de autoridad municipal.

En aquella ocasión, al igual que en día sucesivos, fue consultado el Gobierno Civil, donde se desmintió este rumor y se adujo la noticia a una mala interpretación de las reuniones que Juan José Rosón, con carácter de protocolarias, debería mantener con la casi totalidad de los alcaldes de la provincia.El 13 de septiembre dimitió Antonio Hernández de su cargó de presidente del distrito de Villaverde, por las agresiones verbales y contra su vivienda que protagonizaron grupos de manifestantes. El 22, por motivos similares, dimite el alcalde de Leganés, Manuel Mateos, con el que se solidarizó el resto de la Corporación. El 30 del mismo mes, José Bañales, presidente del distrito madrileño de Carabanchel-Latina, fue agredido por un grupo de personas, y presenta su dimisión en el pleno del día siguiente, al tiempo que pide que hagan lo mismo todos los alcaldes de Madrid y sus compañeros concejales. La petición fue muy aplaudida por la Corporación, aunque no llegó a aprobarse.

Las razones de José Bañales en aquella ocasión coinciden en algunos puntos con lo que luego sería una carta de los alcaldes de la provincia: falta de autoridad municipal, falta de respaldo administrativo y fuerte cerco crítico a su gestión por parte de entidades políticas de oposición y ciudadanas. Las razones de Manuel Mateos antes. habían sido muy similares, aunque con el agravante del déficit de noventa millones que arrastra el Ayuntamiento de Leganés.

Días después, Juan de Arespacochaga confirmaba su decisión de no dimitir, pese a las críticas y peticiones recibidas en ese sentido. Sin embargo, este deseo de permanecer viene indicado más de altas instancias políticas que del propio parecer del alcalde de Madrid.

Una carta, de pueblo en pueblo

La idea de redactar un documento en el que se reflejasen las difíciles circunstancias por que atraviesan los ayuntamientos surgió de unos pocos alcaldes de pueblos grandes de la provincia (Getafe, Alcalá, Aranjuez), y el principal promotor del proyecto, al parecer, fue el alcalde de Getafe, Angel Arroyo Soberón. Esta tesis la confirma el hecho de que durante el pleno municipal de Getafe, celebrado ayer por la tarde se discutió sobre una propuesta de enviar una carta al Congreso, Senado, presidente del Gobierno, etcétera, en la que se exponen prácticamente los mismos puntos ya descritos. Además de exponer la necesidad urgente de convocar elecciones municipales en el plazo más breve posible, como única forma de serenar una situación en la que los alcaldes se ven inmersos.El pasado martes aumentaron los rumores de dimisión de alcaldes en bloque. Existía una carta, firmada por más de 150 miembros de corporaciones locales, en la que se pedía apoyo administrativo, que se potenciase la autoridad municipal y que los partidos políticos cesasen, o al menos remitiesen, en su ofensiva contra los alcaldes.

Una nueva carta, que sería entregada al gobernador civil, circuló después, a nivel privado de alcaldes, en laque se atemperaban en parte los duros términos de la primera. Los promotores eran los mismos, pero dada la dimensión que el tema había tomado, con amplio eco en los medios de difusión, comenzaron las dificultades para obtener un ascenso, total de los alcaldes y, especialmente, en los partidos judiciales de San Lorenzo del Escorial y Colmenar, numerosos alcaldes se negaban a plantearse la posibilidad de dimisión. La comisión de alcaldes que debería entregar la carta al señor Rosón ayer por la mañana no estaba al completo, ya que dos de ellos se habían descolgado por razones familiares y de salud.

Laactitud del Gobierno Civil, desde el principio, fue negar la posibilidad de una dimisión de alcaldes en bloque aunque, por los contactos del señor Rosón con muchos de ellos, se sabía del malestar reinante en las corporaciones locales, poco acostumbradas a la crítica de entidades vecinales y menos aún de partidos políticos. La creación de una junta de control en los ayuntamientos, que se compondría de partidos políticos y vecinos, sembró la inquietud entre los alcaldes. Tras la dimisión del alcalde de Leganés, aún en suspenso porque el Gobierno Civil no se ha definido, se mantuvieron contactos en e ste organismo con el PCE, PSP y PSOE para estudiar el problema creado con el vacío de poder municipal. Las autoridades municipales de la provincia vieron en este hecho una amenaza a su independencia, integridad e impunidad mantenidas durante años. Justamente cuando el Gobierno Civil se reunía con representantes de la comarca de Alcalá y se desmentía la, amenaza de dimisión colectiva, presentó su dimisión el alcalde de San Fernando, Jesús Ambrós, aludiendo a una serie de incompatibilidades entre su vida pública y su vida privada y profesional. El señor Ambrós es maestro y falangista.

Al final han sido las negativas de algunos alcaldes a firmar, atemorizados por el alcance de su decisión, junto a la actitud tranquilizadora adoptada por Juan José Rosón, que explicó a los alcaldes que la crítica es inherente a la democracia, quienes han hecho remitir lo que pudo suponer un vacío total de poder en los ayuntamientos de la provincia.