Más de cincuenta penalistas piden investigación sobre las cárceles

Un grupo de penalistas madrileños, entre los que figuran los letrados Enrique Tierno Galván, José María Mohedano, Gerardo Viada, Cristina Almeida, Gonzalo Martínez Fresneda y otros cincuenta más, han presentado un escrito ante el decano del Colegio de Abogados madrileño, en el que piden a la junta de gobierno que abra información en torno al trato que reciben los abogados en las cárceles españolas.El escrito de los abogados sale al paso de las denuncias presentadas por la dirección del Centro de Detención de Hombres de Carabanchel contra el abogado José Luis Galán, y la investigación abierta por el colegio en torno a este caso. Al parecer, el funcionario Pedro de Haro, que había sido denunciado por el abogado por malos tratos a los presos, ha presentado denuncia contra él por introducir en la cárcel dos periódicos «de los que no se compran por la administración de este centro», y por comunicar con un preso que no era su defendido, cargos que el aludido ha negado, añadiendo que «si los hechos hu bieran sido ciertos, lo habría reco nocide, sin ningún rubor, pues para ningún profesional de la abogacía debe suponer desdoro, aunque pueda suponer una infracción del ordenamiento positivo, la defensa a ultranza de un derecho humano fundamental, como es el de la libre información, sancionado por todas las declaraciones de derechos (artículo 19 de la Declaración Universal, y artículo 19 de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por España y ya en vigor, con fuerza de ley) y Constituciones Democráticas, y que, hasta la pro pia Dirección General de Institu ciones Penitenciarias se ha visto obligada a reconocer (aunque no a cumplir, según las noticias que poseo) en la reciente y desdichada reforma del reglamento». En su escrito, los abogados enumeran, a partir de este caso, la situación en las cárceles españolas y las dificultades que se les ponen para la libre defensa de sus clientes. Advierten en principio que este incidente no puede examinarse «fuera del con texto de trabas de todo tipo, e in cluso atropellos que estamos su friendo los abogados a raíz del deterioro de la situación en las cárceles», y añaden que la solución de las direcciones de las prisiones, de trasladar en masa a los reclusos a la vista de los conflictos, no sólo no resuelve nada, sino que además de dejar a éstos indefensos, complica aún más las situaciones. Se refieren los abogados a casos de directores particularmente denunciados -como es el caso del de Córdoba- que, lejos de ser cesados continúan en su puesto mientras los presos son trasladados una y otra vez. Denuncian además los abogados, la intervención en las visitas por parte de las prisiones. Concretamente en la cárcel de Segovia, dicen: «Las comunicaciones con abogados han sido escuchadas secretamente en más de una ocasión, por un agujero en el techo del locutorio.»

Denuncian también la violación de correspondencia, en el caso de los te legramas enviados por detenidos trasladados, a sus abogados en Madrid, de los cuales fueron enviadas copias a la Dirección General de Seguridad y de Instituciones Penitenciarias.