Los intereses comunitarios
LA REUNIÓN en Madrid de la comisión mixta España-CEE, así como el anunciado viaje del presidente Suárez a Londres, Dublín y Luxemburgo,- pone de nuevo ante el tapete el espinoso tema de los obstáculos que los diferentes países comunitarios van a plantear ante la entrada española en el Mercado Común. Aun cuando esos obstáculos existen y están relativamente claros, los responsables españoles se esfuerzan en camuflarlos tras una cortina de humo hecha de aceptaciones que a nada comprometen, viajes oficiales espectaculares y declaraciones vagas, pero siempre óptimistas.En estas circunstancias vale la pena intentar aclarar el panorama de lo que pueden ser las negociaciones con la Comunidad, clasificando en tres grupos los problemas inherentes a nuestra incorporación en Europa.
En primer lugar deben citarse las presiones. de los países pequeños -Irlanda y Dinamarca, por ejemplo- para aprovechar la petición española como pretexto para poner en tela de juicio la cuestión del voto por unanimidad. Como es sabido, el Tratado de Roma estableció que, al principio, los acuerdos se tomarían por unanimidad, pasando después a adoptarse por mayoría. El cambio de uno por otro sistema no se a fijado todavía ahora de las naciones pequeñas pretende ir corsé que impone el derecho a veto que los grandes países tienen con el sistema de unanimidad, ¡entras que a éstos no les agrada la posibilidad de que los países pequeños les impongan por mayoría acuerdos contrarios a sus intereses. Francía e Italia presentan obstáculos de un tipo diferente y más relacionados con motivaciones políticas y electorales, al tiempo que de defensa de intereses económicos muy claros. El temor de los agricultores franceses a la competencia española roza lo patológico, y la defensa que de ellos hace Chirac, actual presidente del partido gaullista y antiguo ministro e Agricultura, es feroz. No está tampoco de más record que las posturas de dirigentes de la izquierda como Miterrand y Marchais no son mucho más generosas.
La postura italiana es más complicada y se presenta ligada a su batalla para conseguir de la oportunidad y para los llamados productos agrícolas mediterráneos -frutas, hortalizas y vinos- el mismo trato preferencial que gozan los del Norte -fundamentalmente, Irigo y productos ganaderos- Los italianos apoyan su peticiones en el carácter perecedero de los productos mediterráneos, lo cual es cierto para los dos citados en primer lugar, pero no para el vino, que es almaéenable La solucíón lógica de esta disputa sería conseguii a ueráos d regulación de las producciones, pero esta posibilidad dis usta tanto a fran ceses como a alemanes. A los primer , porque su agri cultura saldría en todo caso perjudica a a los segundos, porque temen, con razón, que ellos fi nciarían la mayor parte del esquema de regulación. Lo cierto es que a los intereses españoles les convendría un triunfo de las tesis italianas. Si los productos mediterráneos italianos consiguen algún tipo de solución favorable, ello, su pondría asegurar buenos precios de garantia para nue tros vinos, frutas y hortalizas, con lo que estos cultivos aumentarían su rentabilidad y se incrementarían sus producciones. La naranja no plantea dificultades insalvables, pues en este fruto la CEE es poco proteccionista.
Con Alemania Federal y Gran Bretaña los problemas son de otro tipo y los factores de orden general y las consideraciones de tipo político tiene mayor peso específico. En el caso alemán el factor determinante es su pánico a la entrada masiva de trabajadores extranjeros que podría producirse si España se convierte en miembro de la Comunidad y se ven por tanto imposibilitados de imponer cortapisas a la libertad de trabajo que existe dentro de los países comunitarios. Según su tesis, la incorporación española a la CEE exigiría una reestructuración en la agricultura y en la industria españolas, para lograr lo cual abogan por un nuevo Plan Marshall para los países mediterráneos como España y Grecia. Dicho plan estaría dirigido a asegurar una fuerte inversión que favoreciesela industrialización de esas naciones. De esta forma se evitaría la emigración, pues los salarios industriales subirían, arrastrando en su ascenso a los agrícolas y produciéndose un alza en los precios de los productos del campo. Los menores excedentes que esas subidas de costes originarían tenderían, además, a igualar los precios agrícolas españoles con los comunitarios.Pero ¿quien va a invertir en España? Los alemanes han aseguriado, más de una vez, que en condiciones políticas normales ellos están dispuestos a hacerlo. Al fin y al cabo los salarios españoles son todavía considerablemente más bajos que los alemanes. Sus reticencias vienen por otro lado y hacen referencia a lo que consideran una regulación ineficiente del comercio exterior, tanto en su vertiente del Ministerio de Hacienda como del de Comercio.
¿Y Gran Bretaña? Con los ingleses no existen inconvenientes insalvables en el terreno económico, la entrada española en la Comunidad les garantizaría productos agrícolas más baratos que en la actualidad y los industriales no presentan para ellos motivo de preocupación. Al fin y al cabo, el acuerdo de 1970 aseguraba a los productos españoles una rebaja arancelaria del 60%; pasar en un futuro próximo al 100% a cambio de tener acceso al mercado español es, piensan, un buen negocio. A otro nivel se plantean el tema de Gibraltar y la visión inglesa de lo que debería ser la CEE.
Respecto al primero no debe olvidarse que Gibraltar está incluida en la Comunidad y que la entrada española en la misma supondría una hoinogeneización de hecho de vital importancia para resolver el contencioso que sobre la roca mantienen desde hace siglos Madrid y Londres. Por otro lado, la incorporación española, así como la de Grecia y Portugal, permitiría a Gran Bretaña retrasar la entrada en funcionamiento de esquemas como la itserpiente» de las monedas comunitarias y la coordinación estrecha de las políticas económicas de los países miembros. No -hay que olvidar que la filosofla inglesa sobre el fenómeno llamado Mercado Común ha sido siempre fundamentalmente librecambista y que su adhesión al Tratado de Roma no ha alterado básicamente ese enfoque insular.
