Fuerte oposición socialista al control parlamentario que propone el Gobierno
El proyecto de ley sobre control parlamentario del Gobierno encontrará en el Congreso de Diputados y en el Senado una fuerte oposición por parte de las fuerzas políticas distintas de UCD, especialmente a cargo de los socialistas. Altas fuentes parlamentarias del PSOE calificaron ayer el propósito del Gobierno, que enmarcaron dentro de su intento de recuperar posiciones en las Cortes, como una «aberración jurídica» que refleja métodos franquistas de actuación.
En la reunión de la Mesa del Congreso, los diputados socialistas se opusieron a dar trámite a un proyecto de ley que entra en colisión con temas pendientes de estudio en la Comisión de Reglamento de la Cámara, así como por la ponencia constitucional que elabora el borrador de Constitución. El tema volvió a plantearse por la tarde en la reunión de la Mesa con la junta de portavoces.Según la versión socialista, la acción gubernamental se ha producido ante la convicción de que las tesis de UCD, aun siendo las que dominaron las ponencias de Reglamento tanto del Congreso como del Senado en lo que se refiere a la regulación del voto de censura no prosperará en las respectivas comisiones. Concretamente, en la Comisión de Reglamento del Congreso, que esta misma semana abordará el tema del voto de censura, parece existir consenso entre los grupos parlamentarios no gubernamentales para establecer el voto de censura en línea con el voto particular propuesto por la minoría socialista de la ponencia.
UCD se beneficiaría con la irregularidad del procedimiento
Fuentes oficiosas próximas a la Mesa del Congreso aludieron a la irregularidad del procedimiento que pretende el Gobierno para la regulación del voto de censura, sin enmiendas previas y. mediante su paso directo a una sesión plenaria conjunta del Congreso y del Senado, con lo que UCD intentaría redondear su precaria mayoría con los votos de gran parte de los 41 senadores de designación real. En tales fuentes no se consideran aceptables las razones que se ofrecen en la exposición de motivos del proyecto de ley para justificar que el voto de censura se someta al Pleno de ambas Cámaras.
Por otra parte, altas fuentes del PSOE mostraron su extrañeza ante la redacción que el Gobierno propone para el voto de confianza, ya que el plazo de veinticuatro horas establecido para plantear el voto de censura -una vez que el Gobierno haya presentado la cuestión de confianza- parece a todas luces escaso, así como irregular la aprobación, por omisión, del proyecto de ley al que se vincule la cuestión de confianza.
Asimismo, la falta de alusión a las consecuencias políticas del voto dé censura aprobado, junto a, las interpretaciones oficiosas de que «en esta etapa provisional, en espera de las normas constitucionales, el voto de censura aprobado no derriba automáticamente al Gobierno», han creado malestar entre los sectores de oposición de ambas Cámaras.
La calificación más grave obtenida por el proyecto de ley proviene del número dos del PSOE, Alfonso Guerra, quien lo ha considerado un proyecto «fascista y filibustero» que su grupo parlamentario se propone obstruir.
Fuentes de UCD han asegurado, por su parte, la voluntad democrática que preside el proyecto de ley gubernamental, que resiste su comparación con los votos, de censura establecidos en las constituciones de varios países europeos.
Se impone el principio de soberanía de ambas Cámaras
El presidente del Senado, Antonio Fontán, declaró, en relación con el proyecto de ley, a título personal y político, que el Gobierno «ha dado muestras de una gran agilidad política y clara vocación democrática». Respecto a la posibilidad de que se aplique a este proyecto el procedimiento de urgencia regulado por el anterior presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, el señor Fontán dijo que no tenía noticias sobre el particular, y que, hasta ahora, las Mesas de ambas Cámaras han evitado, acudir a la legislación supletoria y procuran respetar el principio de soberanía de las Cámaras. Añadió que, no obstante, es urgente que el Parlamento se enfrente con los problemas reales del país.
«Creo que el Parlamento tendrá el suficiente sentido de responsabilidad como para estar a la altura de su compromiso con los electores españoles.»
Fuentes próximas a la presidencia de las Cortes declararon, por su parte, a EL PAIS que no estimaban lógica, en principio, la aplicación de las normas dispuestas por el anterior presidente de las Cortes para una situación política distinta de la actual, a la aprobación de un proyecto de ley de la importancia política del que establecería el control parlamentario del Gobierno.
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