La lucha contra el terrorismo no debe atentar contra los valores democráticos

Dos semanas después del secuestro del presidente de los empresarios alemanes, Schleyer, la mayor parte de los líderes políticos de la República Federal empiezan a reconsiderar sus posturas de los últimos días respecto del terrorismo político. Sin amainar los anatemas contra el activismo incontrolado, ahora se insiste, sin embargo, en que ante todo hay que conservar el carácter democrático con que se ha presentado hasta ahora la República Federal de Alemania. El presidente del Parlamento, el democristiano Karl Carstens, ha dicho que «si se discute el restablecimiento de la pena de muerte en el Bundestag, no debe presentarse el problema vinculado al del terrorismo». El jefe del Gobierno de Schleswig-Holstein, Stoltenberg, igualmente democristiano, ha insistido por su parte, que al combatir este fenómeno, debe cuidarse sobre todo no claudicar de las posiciones democráticas alcanzadas. El tono se ha vuelto, al menos, más razonable que el que ha caracterizado días atrás a la oposición.Los ministros de Justicia de los distintos laender han presentado una cuestión oportuna: ¿Hasta cuándo debe mantenerse la prohibición de visitas de abogados a los supuestos terroristas ya detenidos? Los periodistas, a su vez, han pedido al portavoz del Gobierno que anticipe cuándo se levantará la prohibición que pesa, a efectos informativos, sobre todo lo relativo a los contactos entre secuestradores y Gobierno a través del abogado suizo Denis Payot.

Pero el nerviosismo continúa, sobre todo en la Cancillería.

Helmut Schmidt, jefe del Gobierno, ha provocado molestias a los liberales al manifestar en Hamburgo que «basta ya de posiciones liberales extremas en la lucha contra el terrorismo». Sus aliados, los liberales de Hans-Dietrich Genscher, se han quejado: esta apreciación del canciller podría interpretarse como un ataque a su partido. Schmidt ha explicado que su ata que iba dirigido sobre todo contra «ciertos periodistas e intelectuales» que no colaboran suficientemente con el Gobierno en la resolución del caso Schlieyer. También en Hamburgo, el presidente federal, Walter Scheel, ha roto por primera vez su silencio tras el secuestro para pedir a los países que han criticado a Alemania por el procedimiento que sigue el Gobierno para solucionarlo que no se dejen arrastrar por un falso sentimiento antialemán: «Se atenta contra el honor de nuestra democracia cuando se le coloca la etiqueta de fascista o fascistoide.»

Walter Scheel, un liberal, ha preferido esperar dos semanas para adoptar una actitud respecto del fenómeno del terrorismo, lo cual no deja de sorprender al alemán medio, a quien se ha dicho insistentemente que el país se hallaba en una grave crisis, la más grave, desde el punto de vista político, desde la constitución de la RFA. En esta crisis los liberales han preferido que fuesen los socialdemócratas de la tendencia Schmidt y los democristianos quienes demostrasen un mayor furor contra los secuestradores y «grupo de simpatizantes». Por esta razón, a algunos les parece que la crítica del canciller contra los «Iiberales extremos» quizá haya estado también pensada en parte como velada denuncia de aquellos militares del Partido Liberal que han condenado el secuestro de Schleyer pero al tiempo temen por el trasfondo político del caso.