Vecios del Pozo: "No pagaremos un céntimo por las nuevas viviendas"

Un grupo de vecinos del Pozo del Tío Raimundo se entrevista hoy con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Garrigues, para tratar de la financiación económica de las 2.020 viviendas que se van a construir en el barrio.

El planteamiento de que partirá la comisión vecinal es el de exigir vivienda por vivienda en base a que considera tener la propiedad objetiva de los terrenos y las actuales construcciones junto a una cuestión subjetiva consistente en «haber sido estafados dos veces y haber sido obligados a vivir durante veinticinco años en condiciones infrahumanas».La postura vecinal ha sido dada a conocer dos veces al director general de la vivienda, Manuel Díaz quien, según los vecinos, ha reconocido que «sus exigencias eran justas, pero que es un tema que escapa a su competencia». Con los resultados de la entrevista de hoy con el señor Garrigues, la Asociación de Vecinos del Pozo convocará una asamblea para el próximo día 2 de octubre, a la que el señor Díaz ha anunciado, voluntariamente, su asistencia.

El plan parcial del Pozo del Tío Raimundo fue elaborado por una comisión en la que estuvieron representados ampliamente los vecinos de la zona y se contemplaron las necesidades y deseos de éstos en el barrio. La construcción de las viviendas, tras ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento, correrá a cargo de Viconsa, sociedad formada por el Ayuntamiento y el Ministerio de Urbanismo para la construcción de viviendas sociales. Respecto a este punto, miembros de la Asociación de Vecinos manifiestan que a ellos no les interesa quien se encargue de levantar las viviendas «nos da exactamente igual que las construya Viconsa que el INV, lo que nosotros queremos dejar claro es que el barrio no tiene por qué pagar ni un céntimo y que exigimos vivienda por vivienda».

El barrio del Pozo del Tío Raimundo (1.900 familias) se formó alrededor de la década de los cincuenta en una zona calificada de rústico-forestal, en la que las familias que llegaban construían sus propias viviendas. Unos años después, los propietarios de los terrenos vendieron éstos a los actuales vecinos, pero no señalaron la venta en el registro de la propiedad. En 1956, la Comisaría General de Ordenación inicia un expediente de expropiación y hace la liquidación a los antiguos propietarios sin reconocer el asentamiento de la población existente en esos momentos que eran los auténticos propietarios de los terrenos e ignorando la estafa (según versión de los propios vecinos) a la que habían sido sometidas las familias del Pozo.

Poco después, la Administración devolvió a los vecinos las cantidades que habían abonado por los terrenos y retiró los contratos de compraventa. En concepto de indemnizaciones, las familias afectadas reciben un 2 % más de las cantidades que ellos habían pagado por los terrenos. La retirada de los contratos se hace a cambio de una ficha de censo por valor de una vivienda en el plazo de dos años. Esto era en 1956 y hasta 1968, fecha en que la Asociación de Vecinos surgió en el Pozo y planteó el tema de nuevo, la solución al problema permaneció en vía muerta.

Desde entonces, se planteó la necesidad de realizar un plan parcial de la zona en el que se asegure el realojamiento de todos los vecinos, que el plan lo elaboren los mismos y conseguir vivienda por vivienda.

Los dos primeros puntos ya han sido conseguidos. En la entrevista de hoy, la comisión vecinal tratará de conseguir el tercero. Para ello, cuentan con el respaldo de las 1.900 familias asentadas en el barrio, que esperan desde hace más de veinticinco años una vivienda.