Piden manifestarse contra la carestía de la vida

En esta semana las manifestaciones y los disturbios han sido continuos en toda la zona de Villaverde y Orcasitas, primero por la muerte de un vecino en un cruce, luego por el incendio de un cementerio de automóviles, y ahora por la manifestación solicitada el día 23 contra la carestía de la vida.Respecto a la asamblea celebrada el viernes en Víllaverde, en la que un grupo de personas insultó y arrojó piedras a la fuerza pública y a varios periodistas, las cuatro asociaciones de la zona han hecho público un documento en el que explican que el acto se desarrolló en un clima muy tenso, por las cargas de las fuerzas del orden de días pasados, y por estar vigilada la asamblea por estas mismas fuerzas.

Denuncian también que al terminar el acto grupos de personas agredieron a policías y periodistas, pero que los agresores no formaban parte de los asambleístas, que se habían ido disolviendo pacíficamente. Dicha acción -insisten- es contraria al sentir de la mayoría de los vecinos.

La situación en el barrio es ahora de expectativa, a la espera de la promesa del gobernador civil de cambiar en breve plazo el emplazamiento de los cementerios de automóviles que existen en la zona.

Otras diez entidades ciudadanas, cuatro centrales sindicales, cuatro organizaciones juveniles y seis partidos políticos de izquierda, se han solidarizado con las actuaciones de los anteriores, al tiempo que solicitan la dimisión del gobernador civil, señor Rosón.

Paralelamente al problema anterior, se ha hecho público otro escrito, suscrito por las mismas organizaciones, y otras más denunciando la segunda negativa del Gobierno Civil a autorizar una manifestación contra la carestía de la vida, y preguntan al gobernador por qué en unas zonas de Madrid se consienten y en otras no.

El documento pide que el Gobierno controle el aumento del coste de la vida y que los derechos democráticos sean recogidos en la Constitución que elaboren las Cortes. Asimismo las asociaciones han recabado la colaboración de diputados y senadores madrileños para que les acompañen en las gestiones con el Gobierno Civil tendentes a la autorización de la manifestación.