Huelga de celo de los controladores aéreos

A consecuencia de la huelga de celo iniciada ayer por los controladores aéreos, varios miles de pasajeros tuvieron que aguardar pacientemente en la sala de espera de los aeropuertos españoles hasta que los altavoces anunciaron la salida de sus vuelos. La huelga, que se inició a las diez de la mañana de ayer en todos los centros de control, excepto en Canarias, donde se adelantaron una hora, provocó demoras de hasta seis horas en el despegue y aterrizaje de los aviones, cuando no la suspensión de algunos vuelos. Concretamente en el puente aéreo Madrid-Barcelona, de tres salidas fueron canceladas.

En los restantes centros, los controladores secundaron puntualmente los acuerdos adoptados en la asamblea general, que celebraron en la noche del jueves en Barcelona. Tales acuerdos, como, ya se venía anunciando días atrás consisten en la restricción a la mitad, de la intensidad habitual del tráfico aéreo y, en el caso de no ver satisfechas sus reivindicaciones, aumentar las restricciones al 100%, es decir, iniciar una huelga total a partir del próximo día 30. La huelga no afecta, sin embargo, a los aviones militares a los que transportan personalidades y a las emergencias.Las demandas de los controladores, cuyo incumplimiento, por parte de la Administración ha provocado el actual conflicto, se refieren a la aprobación y entrada en vigor de la reglamentación jurídica del cuerpo, en cuyos estatutos exigen que se les da consideración civil, al servicio de la Administración Civil. Hasta el momento, los controladores están sometidos a la jurisdicción militar. Asimismo, reivindican la renovación y mejora de las instalaciones técnicas de los centros de control, pues los equipos que actualmente utilizan están considerados entre los peores de Europa, y hasta el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Lladó, reconoció que son deficientes y no ofrecen en absoluto garantías para la seguridad de los pasajeros, según pudo constatar en su reciente visita a los aeropuertos de Barcelona y Palma de Mallorca.

A pesar de la buena voluntad del señor Lladó, que se desplazó el jueves ex profeso a las mencionadas ciudades para entrevistarse con los controladores, la huela no ha podido ser evitada. El ministro prometió la aprobación en breve, de su reglamentación jurídica y manifestó que se destinarían 10.000 millones de pesetas, para mejorar el equipamiento de los centros de control, en espera de que los controladores no llevaran a cabo su amenaza de huelga. Sin embargo, las constantes promesas incumplidas por parte de la Administración han producido un serio escepticismo entre los controladores, quienes prefieren ver hechos y no palabras, circunstancia ésta que determinó la votación mayoritarla en la asamblea de Barcelona, a favor de la huelga, pese a que los controladores que se entrevistaron con el señor Lladó mostraron a éste su confianza. En este sentido, cabe destacar que la postura de los controladores ha sorprendido a la Administración, cuyos portavoces consideran el actual conflicto, como una reacción impaciente de parte de ellos.

Entrevista con el ministro

A las doce y media del día de hoy, los representantes de los controladores mantendrán una nueva entrevista con el señor Lladó, en la sede del Ministerio de Transportes de Madrid. En medios oficiales se tiene. plena confianza en que la normalidad laboral quede restablecida después de la reunión, pues los trámites para la publicación de la reglamentación jurídica del cuerpo son tratados por el procedimiento de urgencia. El Consejo de Estado aprobará en la reunión que probablemente celebrará el próximojueves, dicha reglamentación, tras cuyo trámite pasará de inmediato al próximo Consejo de Ministros.En relación con los incidentes ocurridos la noche del jueves en el centro de Paracuellos del Jarama, en que se amenazó con la apertura de expedientes militares a los diez controladores del turno de noche y se destituyó de su cargo a tres jefes de sala, una nota oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aclara que tales sanciones no se llevarán a efecto, pues, todo se redujo -según fuentes laborales- a la actuación de los militares responsables del centro, cuyas amenazas fueron verbales y no contaban con la autorización del Ministerio para efectuar tales sanciones.