Un mal camino

El recurso al INI para solucionar los angustiosos problemas sociales de las empresas con dificultades financieras fue habitual en las épocas que el principio de subsidiaridad estaba en plena vigencia y en que la madre Administración estaba dispuesta a perpetuar, a cuenta del Tesoro, los problemas de malas gestiones del sector privado.En estos momentos pretender que el INI de salida provisional a empresas en quiebra y socialice de esta forma las pérdidas es, cuando menos, improcedente. Los casos de Hunosa y Bazán como empresas de interés nacional integradas en el INI con pérdidas importantes cubiertas en su totalidad por el Tesoro deben ser revisados y tratados de forma diferente a la actual.

Las últimas experiencias con Barreras y Alvarez, en las que, para evitar un grave problema de paro y en alguna manera de orden público, el Gobierno ordenó al INI que interviniera, haciéndose cargo de las empresas viguesas, deben ser el punto final de esta política intervencionista.

Si las empresas van mal y razones de tipo social aconsejan el apoyo oficial de las mismas, éste debe realizarse por vía presupuestaria normal o extraordinaria, con paso por las Cortes y explicación clara. Lo que no tiene sentido es cargar a la empresa pública con los mochuelos.

En el caso de que las subvenciones presupuestarias no sean razonables debe arbitrarse un seguro de paro adecuado para los trabajadores afectados por la mala gestión de la empresa. Lo que no tiene sentido es que si no hay razones estratégicas, el sector público entre en aquellos sitios en que el privado haya fracasado.