Una nueva estrategia para Gibraltar

EL USO y hasta el abuso que del tema gribraltareño hizo la diplomacia española durante los lustros de la dictadura ha provocado que el problema sea contemplado hoy con escepticismo por la opinión pública. La palabra Gibraltar, tras haber simbolizado una convocatoria política, ha pasado actualmente a convertirse en un tópico molesto. Un tópico es una verdad ya inútil. Desgraciadamente, por podrido que el tema esté ya a nivel de convocatoria -y hasta en el terreno de la capacidad negociadora española- sigue existiendo. Gibraltar sigue siendo hoy, como lo ha sido siempre desde el tratado de Utrecht, una amputación de la soberanía nacional española. Y es, por lo tanto, uno de los contenciosos, en el terreno de las cuestiones bilaterales, que el secretario del Foreign Office, David Owen y su colega español, Marcelino Oreja, abordan en sus conversaciones madrileñas.El tema, sin embargo, ya no es tan sólo bilateral. España debe contrastar su capacidad de negociación internacional sobre todo con vistas a su inserción dentro de su comunidad internacional natural, que es el contexto europeo occidental. En esta comunidad es impensable una total normalización y un funcionamiento internacional normal sin que cada uno de los Estados que la componen haya resuelto todos sus problemas de soberanía, y las anacrónicas situaciones de colonización más o menos encubiertas.

España tiene su soberanía mermada en el Peñón: pero el reconocimiento de una soberanía reviste hoy caracteres diversos que no consisten solamente -en ocasiones- en la plenitud del dominio político y administrativo de un territorio. En el caso de Gibraltar, el problema colonial se presenta asimismo bajo el aspecto de una hipoteca política y militar. Es un condicionamiento forzoso impuesto a España en el sistema europeo, un territorio que, además, por fórmulas especiales. está en la OTAN y hasta como puerto franco en el Mercado Común. La fórmula de atacar sólo una amputación de la integridad territorial de España, reiteradamente utilizada en la época del ministro Castiella, ha quedado de esta manera totalmente desbordada. No es posible, por lo tanto, insistir en los mismos términos. La diplomacia de la España democrática debe asimismo desbordar el marco de sus reivindicaciones tradicionales, que sólo han conducido al endurecimiento, a enturbiar las relaciones hispanobritánicas y, en consecuencia, el camino de España en su integración en el contexto europeo. Gran Bretaña, acudiendo a la ficción de una autodeterminación de una población cuya existencia depende de la base militar allí situada -y frente a la debilidad argumental de una dictadura- pudo en su día responder al endurecimiento con otro endurecimiento similar.

El problema de Gibraltar no puede ser contemplado fuera de su contexto natural, el estrecho de su nombre, y de sus condicionamientos estratégicos, que afectan a los mecanismos de seguridad de la propia Europa occidental. El régimen de la dictadura tuvo que conceder de esta manera otras amputaciones de la soberanía española, enajenando otra base marítima, la de Rota, en favor de otra potencia mediterránea, Estados Unidos. Además, las tendencias dominantes en la conferencia sobre derecho marítimo amenazan con privar a España de una ampliación de sus derechos y responsabilidades en la zona del Estrecho; y ello precisamente ahora, cuando las potencias marítimas -CEE, Estados Unidos y Canadá-, con la creación de zonas económicas exclusivas, han privado a España de unos derechos tradicionales de actividad económica en el Atlántico norte.

Las potencias marítimas citadas se proponen exceptuar las zonas costeras de estrechos de importancia estratégica de la ampliación a doce millas de las aguas territoriales. Ningún otro estrecho tiene la importacia económica que el de Gibraltar, y pocos su envergadura estratégica. La aspiración de las grandes potencias es que el tránsito de fuerzas submarinas nucleares no esté sujeto a derecho de escrutinio y control porparte de los países ribereños de los estrechos. De este modo, España se ve expulsada de aguas que fueron internacionales para la pesca, a causa de esta imposición internacional -en la cual Gran Bretaña, como potencia marítima y nuclear y miembro de la CEE, juega un papel fundamental- y tendrá que soportar las crecientes servidumbres estratégicas internacionales. Nuestro ingreso en la OTAN y en la CEE posibilitaría un nuevo enfoque de estos problemas y un mayor margen para nuestra diplomacia.

Gran Bretaña afirma que no sostiene intereses militares en Gibraltar, y que sólo le mueve la defensa de los intereses del pueblo gibraltareño, que prefiere seguir siendo británico. Pero la base militar es la que sustenta la sirpervivencia económica de este mismo pueblo. ¿Acaso no es compatible el reconocimiento de la soberanía española sobre el territorio con la defensa de los intereses de los gibraltareños? Al endurecimiento español, tras la votación que el ministro Castiella logró ganar en las Naciones Unidas en 1968, respondió la intransigencia británica. Gran Bretaña, desde entonces, se ha negado a negociar el tema y posiblemente la diplomacia española deba en primer lugar conseguir que esta negociación comience. Sin excluir, naturalmente, que si se obtienen garantías de diálogo, se pueda suavizar por parte española el rígido bloqueo impuesto a la zona del Estrecho. Lo que ahora se necesita es una «descrispación» del problema, una normalización de las relaciones entre Londres y Madrid con relación a este espinoso tema. En el actual momento histórico, Gibraltar no aparece ya como un callejón sin salida, y una España democrática que tiende a unir su proyecto político en su natural contexto occiden tal posee más argumentos, más bazas, y un mayor margen de negociación. Compaginando los intereses de España y de los gibraltareños y los de la seguridad española y europea.