La inmunidad parlamentaria, por los suelos

(Profesor de Derecho Penal)Parece que ya va siendo hora de que las autoridades en general, pero sobre todo las entradas de velar por el orden público, vayan tornando conciencia de los cambios operados en el país a raíz de las elecciones del 15 de junio pasado. Concretamente, y entre otras cosas, deben ir pensando que las inmunidades parlamentarias que en cualquier Estado de Derecho se conceden a los legítimos representantes del pueblo, sean de izquierdas sean de derechas, son una garantía de libertad en su actuación que no puede ser coartada, ni mucho menos menospreciada o vejada. Por razones fáciles de comprender los representantes del pueblo en las Cortes no son responsables ante jurisdicción alguna. ni aun después de terminado su mandato por ninguno de sus actos o llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones reglamentarias (artículo 8, Reglamento de Cortes). Es lógico que así sea, cuando se trata de garantizar la libertad de expresión y actuación de los representantes populares que actúan en calidad de parlamentarios. La legislación vigente también reconoce a los parlamentarios corno tales una serie de garantías y derechos en orden a su detención y procesamiento, sea cual sea la causa de ello. Los diputados y senadores no pueden ser detenidos sin previa autorización del presidente de las Cortes. salvo en caso de flagrante delito, y aun en este caso, la detención debe ser comunicada inmediatarnente al presidente de las Cortes. Tampoco puede dictarse auto de procesamiento contra un senador o diputado, mientras dure su mandato sin la previa autorización del presidente de las Cortes (artículo 9,Reglamento citado). Todos estos preceptos son evidentes en cualquier Estado de Derecho y, no necesitan explicación alguna. No se trata de privilegiar a nadie, ni de dejar sin sanción aquellos que merezcan ser castigados, sino de garantizar la independencia y la libertad de quienes por votación popular han sido encargados de gestionar los intereses de sus votantes defenderlos en el Parlamento.

Viene todo esto a cuento. porque una noticia aparecida recientemente en la prensa pone de manifiesto hasta qué punto estas disposiciones son todavía en este país letra muerta cuando el diputado o senador que ejercita sus derechos o actúa expresando tal cualidad ante la autoridad gubernativa, concretamente antelas fuerzas de orden público. tiene la desgracia de ser de «izquierdas». En efecto, según relata Diario 16 en su edición del lunes 29 -la noticia ha sido igualmente difundida por otros órganos de prensa-. el diputado -socialista Jaime Blanco. en el transcurso de una manifestación pro autonomista el pasado sábado en Santander, fue golpeado brutalmente e injuriado por rniembros de la Policía Armada. siendo posteriormente «retenido» en comisaría a pesar de que dicho, diputado se había identificado como parlamentario y únicamente se había dirigido a los policías para pedirles que dejaran de a golpear a un joven que permanecía de rodillas. Entre otras cosas, relata Diario 16 que, al decir el diputado socialista: «Ustedes no han comprendido lo que representa un diputado» un policía de paisano le contestó: «Tú no eres más que un payaso y el diputado de los maricas».

Ante estos hechos, quizá no esté de más recordar que el Código Penal castiga en su artículo 159 con la pena de inhabilitación especial al «funcionario administrativo o judicial que detuviere o procesare a un miembro de las Cortes fuera de los casos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente», y en su artículo 157. 3.º. con la pena de confinamiento a «los que fuera de las sesiones injuriaren o amenazaren gravemente a un miembro de los Cortes por las opiniones manifestadas o por los votos emitidos en ellas». Pero sobre todo conviene recordar que el Código Penal castiga con penas de mayor o menor gravedad las lesiones malos tratos infligidos a cualquier persona, las coacciones y amenazas, las injurias las detenciones ilegales y el impedir el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en las leyes como el derecho de manifestación: y conviene recordar, sobre todo, esto último, porque el Código Penal no protege sólo la inteoridad física la libertad y el honor de los parlamentarios, sino también la de los ciudadanos, no súbditos, del Estado, máxime cuando ese Estado se autodenomina democrático y de Derecho y los ataques a los ciudadanos proceden de los representantes del poder estatal.

La autoridad debe conocer perfectamente el alcance de estos preceptos legales y, en todo caso, debe tener alguien que la asesore cuidadosamente si a pesar de ello actúa tal como lo está haciendo en casos como el relatado entonces carece de toda legitimación moral y jurídica para seguir siendo autoridad: más que en garantía de una convivencia pacífica se convierte en un obstáculo y tarde o temprano la violencia innecesariamente ejercida se volverá contra ella y contra todo lo que representa.

Ante todo ello lo menos que puede pensarse es que las declaraciones que todos los días llegan desde arriba en favor de la democracia y el Estado de Derecho son insinceras que al parecer, el ministro del Interior no está en condiciones de controlar las fuerzas del orden público o que dentro del poder existe otro poder, reminiscencia de la anterior situación, que actúa paralelamente y de un modo absolutamente arbitrario e irresponsable.

En todo este asunto está en juego, aparte de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, algo más que el prestigio de un Cuerpo o el mantenimiento de la tranquilidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana, está en juego la propia credibilidad democrática del actual Gobierno y de sus representantes. Si no se pro cede en consecuencia a afianzar urgentemente esa credibilidad, si no se somete también la actuación gubernativa al imperio de la ley, si no se exigen, en una palabra, las responsabilidades pertinentes por abusos como el aquí relatado y otros de parecida índole que se siguen cometiendo, entonces todo lo hecho hasta ahora no servirá para nada: el largo y lento caminar hacia la democracia apenas iniciado se habrá parado y una vez más se habrán cambiado las palabras pero no la realidad.