Los británicos, contra las escuchas de conversaciones privadas

Una película tomada secretamente por la policía del condado de Sussex, en Inglaterra, está causando en el Reino Unido una gran controversia sobre el derecho que tiene el ciudadano a protegerse de los métodos sofisticados de grabación de conversaciones privadas. El tema de la eutanasia también está implicado en la polémica.El comisario que permitió la grabación, efectuada en un asilo de ancianos, ha defendido su decisión alegando motivos de seguridad pública. El filme, que acaba de ser transmitido por la televisión comercial británica, muestra a una mujer de sesenta años, Yolande McShane, cuando trata de convencer a su madre, de 87 años, para que tome una sobredosis de la droga nembutal, y se suicide.

La señora McShane cumple condena de dos años desde febrero. Su madre falleció por causas naturales en el asilo la semana pasada y le dejó unas 40.000 libras (seis millones de pesetas) como herencia. El incidente que la policía registró con sus cámaras se produjo el año pasado.

En la película, cuya proyección ha sido permitida por la policía porque considera que constituye un ejemplo público, la señora McShane le insiste a su madre sobre las virtudes de la eutanasia. La anciana sufre dolores agudos. Los temores sobre las consecuencias del suicidio que le aconseja la hija se refleja en varios momentos de la conversación, aunque el instante más dramático se produce cuando la señora McShane hace esta comparación:

-Si tú tuvieras un perro en este estado, lo llevarías al veterinario, ¿verdad?

-Pero un perro no tiene alma. Tengo tanto miedo de que me castiguen luego por esto...

-¡Oh, mamá! Por esto no recibirías ningún castigo.

A lo largo del filme, que ha sido recortado con respecto a las tres horas y media que duró la conversación entre madre e hija, la señora Dott, madre de Yolande McShane, conserva una lucidez a veces irónica. «Y ¿cuántas pastillas me has traído?». «Quince», responde la hija. «¿Son necesarias tantas?»

La policía sabía de las intenciones de la señora McShane a través de una denuncia de su cuñado, que había interceptado cartas en las que la acusada explicaba a su madre que su muerte no sólo la liberaría de los dolores, sino que le ayudaría a resolver graves problemas financieros. La señora Dott era depositaria de una herencia que, a su fallecimiento, tendría que ir a parar a manos de su hija mayor, Yolande MeShane.

La policía consideró que el único modo de probar la denuncia era instalando en la habitación de la anciana en el asilo un aparato que filmara y grabara lo que hablaran madre e hija cuando se produjera una visita.

Un diputado laborista que preside el Comité de Defensa de los Derechos Civiles ha atacado las medidas de la policía, cuyas acciones de supervisión debían estar controladas por el ministro del Interior, responsable ante el Parlamento.