Los peligros de la interinidad
¿CUANTO SE tarda en elaborar una Constitución? Esta pregunta no tiene sentido, a no ser que lo tenga para aquél que pretenda gozar de un plazo para consolidar sus propios intereses. Es estéril la polémica al respecto, como la que parece abrirse paso en algunos sectores de parlamentarios. No se puede decir que la Constitución estará ya elaborada en el plazo de seis meses porque no lo sabemos; pero mucho menos que hacen falta dos años para hacerla, como. ha afirmado el presidente del Congreso, señor Alvarez de Miranda, porque no es deseable. Tardar dos años para elaborar la Constitución prolongaría inútilmente un período de provisionalidad jurídico-política a todas luces peligroso.Ni la ley de reforma política; ni siquiera la celebración de las elecciones el pasado 15 de junio pueden fundamentar jurídicamente la existencia de una democracia que hasta ahora se ha apoyado más en la discrecionalidad del poder ejecutivo que en la proclamación jurídica de unos principios de convivencia política a los que todos incluido el propio ejecutivo deben quedar sujetos. La tolerancia de los Gobiernos del señor Suárez ha suplido la carencia de una norma constitucional. Pero esto sólo es admisible desde el punto de vista de que el país se halla en un período provisional. Prolongar más allá de lo debido esta situación es correr el peligro de caer en la inestabilidad política. Y pedir dos años para elaborar la Constitución equivale así a recabar un cheque en blanco durante veinticuatro meses para el actual Gobierno. Del reconocido talante democrático del señor Alvarez de Miranda no se debe sospechar tamaña pretensión. Es preferible entonces achacar sus declaraciones a sus deseos de perfeccionismo. Pero este perfeccionismo no puede desembocar en un dilatado período de provisionalidad legal que podría hacer pensar que el grupo parlamentario de la UCD -que no es mayoritario en las Cortes- estuviera buscando sostener a su Gobierno monocolor durante dos años a costa de lo que fuere. Hace falta tiempo para elaborar una Constitución, pero no más del necesario. No se puede decir que haya que terminar el trabajo en seis meses, como si fuera un principio inalterable. Pero sí es de desear que los trabajos al respecto vayan rápido y que estén terminados cuanto antes. Además, hay que desechar cualquier tentación de prolijidad y prescindir de profesoralismos estériles. Una Constitución, hoy, para España, debe ser corta, útil y moderna. Un texto claro e inequívoco que recoja los aspectos del momento actual español: una Constitución de 1977, que probablemente deberá abordar puntos inéditos en los textos constitucionales tradicionales, que responda a la realidad del momento español. En resumidas cuentas, que no sea un texto de laboratorio, apto para intelectuales, donde se desahoguen los doctrinarismos tanto tiempo latentes.
Deberá ser un texto simple y claro, que conceda seguridad jurídica a todos los ciudadanos y devuelva a los españoles la confianza en las leyes y en el sistema político que les rige. Frente a la jungla legal de cuarenta años de proclamaciones solemnes, que han producido en el ciudadano español un «saludable» escepticismo ante la ley, lo que España necesita hoy son formulaciones claras, que regulen la convivencia política de todos, sin excepción.
Es impensable que se pueda someter a un país, en una grave situación económica, además a la incertidumbre añadida de una prolongada interinidad política. Los legisladores elegidos el 15 de junio deben movilizar: la originalidad y la imaginación para hacer frente a los problemas actuales, desde las autonomías hasta la nueva estructura de un Estado moderno. Sin olvidar tampoco que los esquemas técnicos de la democracia occidental ya están escritos e inventados.
