La hora sindical del presidente Suárez

Hay que reconocerle a Suárez, una vez más, su sorprendente habilidad para afrontar los temas y sacar partido -en el momento oportuno- de las disensiones ajenas. En la agenda de trabajo del presidente le ha llegado- el turno, en los últimos días, al tema sindical.En los meses que han precedido al encuentro del presidente con las centrales, Martín Villa, que supuso algo así como el « 12 de Febrero» en la CNS, y Enrique de la Mata, en el papel de un Fraga liberal de la AISS (legalización de las centrales y prohibición de celebraciones el primero de mayo), habían ido decantando el panorama sindical y preparando el terreno a Suárez. En el camino, plagado de contradicciones, Comisiones Obreras -sin duda, la organización de trabajadores más coherente en los últimos años de oposición clandestina a la dictadura- se parte en tres (salida de la corriente minoritaria: CSUT y SU) y la Coordinadora de Organizaciones Sindicales -«platajunta» de las centrales obreras- termina también, por una cuestión menor (dimisión o no de enlaces en el vertical), en matrimonio desavenido y separación de bienes.

Hay muchos paralelismos entre la evolución política y la sindical. La UGT recibe un aluvión de afiliados y se desarrolla con una aceleración similar a la del PSOE; la USO tiene el prestigio y los afiliados de calidad (parodiando lo que dijo Tierno de su partido); y Comisiones Obreras se debate entre la falta de un congreso interno y las posiciones euromoderadas de un Camacho que se fotografía sonriente con Jiménez de Parga y sale en su defensa cuando los empresarios se enfadan por determinadas declaraciones. En el registro de la AISS, por otra parte, se presentan siglas en cantidades y tonalidades similares a las recibidas en el registro de partidos políticos. Y el grueso de los trabajadores, como el de los ciudadanos, sigue sin solicitar carnet de militancia.

Esta es la situación y ahí está Suárez. El presidente no desciende a discutir la semántica del pacto social, como tampoco lo hizo con la reforma- ruptura. Se limita a convocar por separado a los dirigentes de las tres principales siglas y a proponerles en privado, que es la forma de que se sientan decisivos protagonistas y acepten aunque sea con reparos, al igual que hicieron los partidos de la oposición democrática con la ley electoral, una sospechosa -no decimos ineficaz o innecesaria- colaboración de expertos para estudiar la situación y la salida de la crisis. La comisión se propone como de estudio, cuidadosamente se evita el término negociación, y se le otorga un elevado rango al designarles un secretario de Estado para su presidencia.

Hay que reconocer que unas reuniones técnicas, unas comisiones de estudio, resultan más anodinas y menos noticiables, al menos en apariencia, que unas negociaciones a nivel oficial entre los líderes sindicales y el Gobierno; pero pueden dar el mismo o incluso mejor resultado.

Lo lamentable, ante la creación de esta comisión, es la debilidad y desunión con que las centrales los -trabajadores, en suma- van a acudir a la misma. Mientras las tres organizaciones convocadas a La Moncloa se tiran los trastos entre sí e ignoran, tácita o expresamente, al resto de los sindicatos, cuya implantación en el mundo laboral probablemente sea mínima, pero son las elecciones sindicales quien tendrán que decir la última palabra, los empresarios acudirán unidos en una patronal que agrupa al 50% del capital empresarial, y el Gobierno se limitará a negociar concesiones, desde su posición empresarial y el Gobierno se limitará a negociar concesiones, desde su posición de fuerza, sobre una política de hechos consumados: el programa económico, y una contrapartida, la articulación de la libertad sindical y el reparto y devolución del patrimonio de la antigua CNS.

Comisiones Obreras afirmó al concluir su entrevista con Suárez que las tres centrales convocadas representaban el 80 % de la afiliación actual de los trabajadores a sindicatos, que unas conversaciones entre todas las organizaciones legalizadas en la AISS y la Administración serían difíciles, si no inviables, y que a la comisión propuesta por Suárez había que acudir con una representación única de las tres centrales hegemónicas. Todo ello es cierto, pero habría que matizarlo. El 80 % de afiliación poco puede significar, cuando las cifras totales de militancia obrera alcanzan el millón y medio, sobre una población laboral asalariada de nueve millones. Por ello, estas tres centrales, que son las llamadas por su mayor implantación, y no sólo porque hayan sido convocadas a La Moncloa, a llevar la voz de los trabajadores a las conversaciones con el Gobierno, no deben excluir, apriori, a nadie, sino esforzarse en común por lograr consenso a su representatividad del mayor número de organizaciones posible. Aún así, no habría garantías de que el grueso de los trabajadores, la mayoría no militante, aceptase lo acordado en la comisión mixta, a la hora de negociar un convenio; pero los riesgos serían menores.

El problema de fondo es la unidad sindical, inaplazable al menos a nivel de acción, para no caer en la desestabilización política o en la aceptación, una vez más, de que las consecuencias de la crisis se descarguen casi exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. La responsabilidad de estas tres grandes centrales (CCOO, USO y UGT) tiene ribetes de histórica en estos momentos por los que atraviesa el país, y sería gravísimo que no estuvieran a la altura de las circunstancias y se dejaran domar por el poder o rompieran la baraja con maximalistas intransigencias o individualistas afanes de protagonismo.

Suárez y los empresarios también tienen su gran responsabilidad en este campo y en esta hora. Abusar de su prepotencia, aprovecharse y fomentar la división sindical creando sindicatos fantasmas, en vez de devolver generosamente el patrimonio sindical con urgencia y favorecer el fortalecimiento de los interlocutores obreros, puede resultar un pésimo negocio.