La opción republicana, materia opinable

Me entero por la prensa de estos días de que el ministro del Interior, señor Martín Villa, «ha denegado la legalización de Acción Republicana Democrática de España en tanto no sea cambiada la denominación de dicho partido... El Ministerio del Interior alega contra ARDE la misma argumentación que en días anteriores utilizara contra Esquerra Republicana de Cataluña», es decir, que estos partidos se declaran ya en su nombre expresamente republicanos. (Véase La Vanguardia del 19 y del 22 de julio.)En la España democrática que estamos construyendo esta noticia exige una reflexión serena y un equilibrado comentario, sin herir a nadie, a los que como ciudadanos preocupados por nuestro presente y nuestro futuro tenemos pIeno derecho.

En una democracia, coronada o no, la expresión pacífica y ordenada de opiniones favorables a las distintas opciones políticas y formas de gobierno y la asociación para la defensa, dentro de las leyes, de dichas opciones, constituyen derechos intangibles cuya negación y prohibición convierten en falsa e ilusoria a esa democracia.

Con arreglo a esa doctrina, sin ser el Estado actual marxista, comunista ni maoista, los partidos que defienden una opción marxista, como el PSOE, eurocomunista, como el PCE y el PSUC, o próxima a la forma de gobierno de la China de Mao, como lo hacen, de formas distintas, la ORT, el PTE o el MC, han sido debidamente legalizados, y de ello nos alegramos, en lo más profundo de nuestra alma, todos los verdaderos demócratas, aunque no compartamos una u otra de esas opciones, porque al reconocer la libertad de defenderlas el Gobierno ha reconocido la libertad de todos los españoles, que es una e indivisible. Parodiando una vez más las nobles y ejemplares palabras de Voltaire, podríamos decir: «No compartimos vuestras ideas, pero arriesgaríamos la vida y la libertad -y así lo hemos hecho- por apoyar vuestro derecho a defenderlas.»

Ahora bien, más cerca que la China de Mao y de sus seguidores y, en principio, tan respetable como ésta para una España democrática, tenemos a la Europa occidental a la que esta España pretende integrarse, esa Europa democrática a cuyas puertas llama de nuevo el Gobierno español, una vez purificado de la lepra totalitaria. Y ocurre que en esa Europa la opción monárquica y la opción republicana son ambas legítimas y respetables.

¿Puede aceptar, o simplemente explicarse, ningún demócrata español que, mientras quedan legalmente autorizados partidos que se denominan, con plena consecuencia y lealtad a sus doctrinas, «comunistas», como el PCE o el MC, o «revolucionarios», como la ORT, sean, por el contrario, prohibidos otros partidos que, con igual consecuencia y lealtad, se declaren y denominen simplemente «republicanos», como ARDE o la Esquerra, de profunda raigambre española y catalana, respectivamente.

¿Podemos admitir, sin claudicar -y esto sería un grave precedente para el futuro-, que mientras se declara legal -a través de la legalización de algunos de los partidos mencionados- la propaganda expresa en favor de los sistemas políticos de China, Albania o Bulgaria, se declare, por el contrario, ilegal, la expresión organizada de Opiniones y la pacífica asociación para la defensa, dentro de las leyes, de la forma de gobierno republicana que rige hoy en Alemania, Francia, Italia, Austria, Suiza, Finlandia, Portugal o Irlanda? Y si admitimos que es legítima la defensa ordenada y razonada de esa opción y admiramos la consecuencia y la lealtad de quienes defendiendo opciones comunistas o revolucionarias se denominen comunistas y revolucionarios, ¿vamos a caer en el fariseísmo y en la arbitrariedad de prohibir a quienes defienden, desde siempre, opciones republicanas, que se llamen, leal y consecuentemente, republicanos? Los militantes de Esquerra y de ARDE ya han manifestado que rechazan ese fariseísmo y esa imposición. Pero es que, si somos igualmente consecuentes con nuestra democracia, todos los demócratas españoles debemos apoyarlos en su legítima postura.

Hay mucho más. El Gobierno no ha tenido el menor inconveniente en legalizar el partido Fuerza Nueva, cuyas posiciones radicalmente antidemocráticas y violentamente opuestas -incluso mediante la violencia física- a la reconciliación y pacífica convivencia política de los españoles de todas las tendencias son de todos conocidas y no tienen igual en la Europa occidental. Vengo leyendo desde hace muchos años la revista Fuerza Nueva y puedo presentar a quien me lo pida un voluminoso paquete de recortes en que se defiende al régimen nazi y al fascismo y se ensalza la figura del funesto Adolfo Hitler. ¿Es consecuente legalizar a un partido que defiende el sistema de la Alemania hitleriana y de la Italia fascista del pasado y prohibir a otros que defienden la forma de gobierno de la Alemania republicana y de la Italia republicana de hoy?

Leemos todos los días en diarios como El Alcázar, legales e intangibles, declaraciones como la siguiente de Rafael García Serrano: «De cualquier insulto a la democracia me hago responsable. No he hecho otra cosa en la vida que cachondearme de ella. » (El Alcázar, 11 de julio.) ¿Y se va a prohibir la expresión republicana de quienes, sin insultar a nadie, sin cachondearse de nadie, sino con el máximo respeto por todos y utilizando el instrumento del hombre civilizado, que es la razón, quieran argumentar en favor de una forma de gobierno vigente en media Europa?

Que pongan mucho cuidado en lo que hacen quienes, tras la liquidación de los «tabús» franquistas gracias a la lucha de las fuerzas democráticas y populares, pretendan imponer nuevos «tabús», nuevos principios permanentes, intangibles e inalterables, «por su propia esencia», como decía Franco. En la España democrática lo único intangible habrá de ser la voluntad popular, la soberanía popular, de la que todo deberá depender, y los derechos humanos fundamentales, entre los que se halla la expresión y propaganda en favor de cualesquiera opciones, incluso de las que hoy puedan parecer minoritarias, y aun sobre todo, en favor de estas últimas. No se olvide que la democracia consiste en acatar la voluntad de las mayorías y respetar la opinión de las minorías.

Y, por último, seamos sinceros, con la mano sobre el pecho, todos los españoles, desde el vértice hasta la base, y contestemos a esta pregunta: ¿Alguien puede sostener lealmente que la opción monarquía o república ha sido ya presentada, democráticamente y con todas las garantías necesarias, al veredicto de la voluntad popular?