Una comisión de periodistas denuncia ante las Cortes la represión sobre la prensa

La comisión gestora para la unidad de los periodistas, que agrupa a representantes de distintos medios de información madrileños, entregó a mediodía de ayer al presidente de las Cortes, señor Hernández Gil, un escrito y un dossier dirigido a los presidentes de las dos cámaras y de los grupos parlamentarios en la que se explican numerosos casos de represión sobre la prensa. En el escrito se solicita amnistía total para los delitos de opinión y se denuncia la continuidad de las medidas represivas ejercitadas con los profesionales de la información en los últimos doce meses. Tales medidas se detallan en el dossier que se entregó también.Según el informe, actualmente se encuentran procesados por las distintas jurisdicciones unos treinta -periodistas y las penas solicitadas o que les pueden recaer en virtud de los preceptos legales o supuestamente infringidos oscilan entre varios meses y doce años, así, como la inhabilitación profesional. El número de procesamientos y, medidas oficiales contra profesionales y órganos informativos ha aumentado en el primer semestre del presente año.

El informe de la comisión gestora para la unidad de los periodistas afirma también que se ha recrudecido la represión ejercida por las empresas contra los periodistas en forma de despidos ideológicos, así como cierre de publicaciones.

Los miembros de la citada comisión gestora señalan que, ante la situación actual, consideran imprescindible la desaparición de las leyes y jurisdicciones especiales que coartan la libertad de expresión e información; el sobreseimiento de los procesos en curso y la amnistía total para delitos de prensa; la inclusión en la Constitución del derecho a la libre expresión y de garantías para su ejercicio; el establecimiento de la cláusula de conciencia, que proteja la independencia ideológica de los periodistas, la promulgación de normas que eviten cierres abusivos de órganos de Información y protejan los derechos del lector, la amnistía laboral en la información y la adopción de medidas enérgicas contra el terrorismo antinformativo.