La continuidad del autoritarismo

El segundo de los grandes temas que plantea la reciente reestructuración administrativa realizada por el Gobierno Suárez es el de la técnica jurídica seguida para llevarla a cabo. Dicho de otra forma: el cómo de la reestructuración.Es sobradamente sabido que el Gobierno Suárez ha utilizado una vez más la técnica autoritaria del decreto-ley y del decreto. El Gobierno ha hecho la reestructuración por decreto, en el doble sentido de la. palabra, formal y político.

Desde una perspectiva formal el decreto de reestructuración es el resultado de la autorización que el Gobierno se concedió asimismo en el decreto-ley de medidas económicas del 8 del pasado mes de octubre. Con ello se vadeaba el obstáculo que supone la vigente ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado que exige una ley para modificar el número de los departamentos ministeriales y sus competencias.

El mencionado decreto-ley de octubre de 1976 se dictó, como en teoría ocurría con todos los decretos-leyes, por razones de urgencia, aunque en este caso la urgencia haya tardado nada menos que nueve meses en exteriorizarse.

La reestructuración administrativa, de hecho, es un auténtico asalto del Poder Ejecutivo al Legislativo de las Cortes, máxime si se tiene en cuenta que las Cortes que aprobaron la urgencia del decreto-ley de medidas económicas de octubre de 1976, han dado paso a unas Cortes democráticas elegidas por los ciudadanos españoles.

Añádase a ello que la reestructuración se ha hecho, además, por un Gobierno difunto políticamente, sin consultar a los funcionarios afectados, y, en el caso de la Administración social, sin consultar ni oír a los sindicatos democráticos de la clase trabajadora.

A ello me quería referir cuando líneas atrás señalaba que el Gobíerno Suárez ha practicado, una vez más, el ordeno y mando, al que tan acostumbrado está el presidente Suárez que ha estado y parece estar dispuesto a hurtar al Congreso lo que es del Congreso.

No es por ello de recibo la afirmación gubernamental de que en Europa el ejecutivo quita y pone ministerios, pues, aunque así sea, la situación actual de nuestro país no es asimilable a la de los países democráticos de Europa occidental. En la Administración española, cuya actual estructura es obra del franquismo y de uno de sus brazos colaboradores, el Opus Dei, hay muchas cosas que cambiar, pero esa es una tarea que en una coyuntura como la presente corresponde, realizar a las Cortes.

Piénsese que, según el decreto de reestructuración, la reestructuración administrativa tiene dos fases, la primera de las cuales es la ya aprobada por el Gobierno. Para llevar a cabo la segunda, el Gobierno Suárez se ha concedido un plazo de cuatro meses. Pues bien, cuando hayan pasado esos meses y la reestructuración haya sido consumada la Administración española tendrá un entramado que podrá, o no, coincidir con lo planeado por las Cortes, pero que, en todo caso, dificultará la viabilidad funcional de una auténtica reforma administratíva democrática.

El país no está para cambiar la organización administrativa del Estado cada cuatro ni cada seis meses. Precisamente por ello el Gobierno Suárez, con su actual reestructuración, no hace sino dificultar la definitiva ordenación democrática de la Administración y de la Función Pública.