Ordenadores contra naranjas/1

Ha llegado el momento de que las opciones políticas sean protagonistas del planteamiento de las alternativas de acción que se presentan en los aspectos fundamentales de la vida española. Por ello consideramos necesario contribuir al propósito de despertar la inalienable responsabilidad que tienen los partidos políticos, Gobierno y Oposición, en la confección de una política nacional sobre la informática, congruente con las posibilidades de nuestro país.Es preciso comenzar señalando la importancia del tema: apoyándose en los informes de los más importantes organismos internacionales, puede afirmarse que, junto a la energía y el transporte, las claves para el desarrollo económico y social son las industrias del tratamiento y transmisión de la información, as! como el dominio de las técnicas implicadas en su utilización: en definitiva, el dominio de la informática.

La posición de un país moderno en el «ranking» internacional depende, cada vez más, de su participación en estas industrias y de la utilización adecuada de sus recursos informáticos. Concretamente, no podremos continuar siendo mucho tiempo la décima potencia industrial del mundo en base, solamente, a nuestra presencia en los sectores tradicionales. Del mismo modo, nuestro país no puede permitirse el lujo de ver cómo crece indefinidamente el saldo negativo de la balanza comercial en este sector con su tremenda factura política. Sirva el siguiente dato para medir la magnitud de esta sangría: las importaciones de material informático en el pasado 19 76 equivalen, en valor, a las exportaciones totales de nuestras naranjas. Y aún hay más: el valor del parque informático instalado en España rondará, para 1978, los 100.000 millones de pesetas, y en su totalidad es importado. Teniendo en cuenta el potencial multiplicador de estas cifras, que inducen un gasto anual tres veces superior al consumo en equipos, y la trascendencia cualitativa de estos gastos, el control de este sector es vital desde todos los puntos de vista imaginables: estratégico, social, económico, educacional, científico-tecnológico, político... La prueba de ello es que todos los países industrializados, o en vías de desarrollo, tienen planes informáticos combinados con políticas tecnológicas, de investigación, formación e industria les. Desde Estados nidos al Zaire.

La informática es uno de los mercados más fuertemente intervenidos y protegidos en países como Estados Unidos, Inglaterra o Japón. El Mercado Común, respecto a la libre circulación de estas técnicas y productos, pierde su sentido al referirse a la informática. No parece razonable que exista, a priori ningún escrúpulo para intervenir y regular este mercado, ni entre los partidarios de concepciones de mercado libre, ni, lógicamente, entre aquellos que desean un modelo económico con una fuerte participación del sector público. A pesar de todo esto y de las numerosas recomendaciones emanadas tanto de la ONU como de la OCDE y CEE, así como del IBI (Oficina Internacional para la Informática, a la que España pertenece), para que todos los países se definan en materia de política informática, nuestros políticos, hasta este momento, salvo la honrosa excepción, fallida, incluida en el no nato IV Plan de Desarrollo, han optado por la política del suicidio: no tener ninguna política.

Los resultados de esta postura están a la vista:

1. Total descoordinación entre los diversos departamentos ministeriales con competencia en él tema. -

2. Contratos de transferencia tecnológica, absurdos, limitadores, estériles, que constituyen un profundo desgarra para el país.

3.Planteamientos industriales, incompletos escasamente imaginativos, de espaldas a Europa y que traerán dificultades a la hora de negociar con Mercado Común, ya, por si, muy sensibilizado respecto al terna, y, que por si fuera poco, no acatan de cuajar en una realidad tangible o, cuanto menos, conocida y definida.

4. Industr de software huérfana de atenciones oficiales que, pese a sus grandes posibilidades de desarreglo, apenas existe. Lo que es más grave, la única empresa del sector con participación estatal, dedica la mayor y mejor parte de su actividad a competir como una vendedora más de servicios, sin atender apenas al que debiera ser su objetivo básico: el desarrollo de sistemas adecuados a las necesidades nacionales y transferibles a otros países de nuestro entorno cultural y comercial, a los que podrían ser exportados.

5. Actividades de investigación nulas, con actitudes desmoralizantes para los escasos científicos que han quemado esfuerzos en este área.

6. Enseñanzas de informática constatadas una inminente por alumnos, profesores y profesionales que en estos momentos están conociendo fuertes tensiones en su incorporación. a la Universidad, presentan graves interrogantes para los restantes escalones educativos y que, en la esfera privada, ha sido fuente de continuos escándalos, como el caso reciente del Instituto Barylan. Las políticas comerciales se han, impuesto a los intereses colectivos.

7. Incompatibilidad absoluta, en lo técnico y en lo político, con una lamentable falta de control en las redes de comunicación y transmisión, con redundancias absurdas que avergüenzan a nuestro país ante los organismos internacionales, donde se ha perdido, lamentablemente, lo que en su día fue un liderazgo incipiente.

8. Postura en las compras del sector público que no ha podido contribuir a la creación de una oferta industrial. autóctona y cuya actitudes sólo ha reunido la virtud de la neutralidad ante las casas comercializadoras. Neutralidad que debiera haber sido beligerancia si hubiera existido una política. Neutralidad que, finalmente,le ha llevado a ser neutra, incluso para quien debiera ser su beneficiaria: la propia Administración.

9. Profesionales informáticos aparecidos por efectos del consumo con problemas laborales y de identidad sin el contenido técnico en su formación que, objetivamente, hubiera sido deseable para él país y una legislación, anticuada en muchos aspectos, que constituye un grave obstáculo para el avance de las aplicaciones informáticas, y que no está preparada para proteger al ciudadano del asalto a su intimidad.

Las soluciones a estos graves problemas sólo pueden ser políticas y, como consecuencia, deben nacer de los cauces que en una democracia sirven para configurar las grandes decisiones: un debate político, que recoja los intereses legítimos implicados, con todo el rigor técnico preciso y con una clara voluntad de acción.

Como diría el valenciano Batiste Esteve i Ximeno (1), el abandono de este compromiso sólo ofrece dos salidas: o exportamos más naranjas o compramos menos ordenadores. Posibilidad que hubiera avergonzado a Ramón Verea (2).

(1) «Inventor -en 1797- del primer aparato dinámico para la organización de la información,

(2) Español, inventor, en 1878, en Nueva York, de la primera máquina de multiplicar directa.