El alcalde de Madrid y la democracia municipal

SE DICE que el próximo lunes, día 11, habrá relevo en la alcaldía de Madrid. El rumor es tan insistente que hasta circula el nombre del próximo alcalde, don Luis Ortiz, ex ministro de Obras Públicas, urbanista reputado y miembro de, la UCD. Como ya se sabe, el actual alcalde, señor de Arespacochaga, asimismo senador real y persona ligada a Alianza Popular, ha reaccionado frente a estos rumores con declaraciones peregrinas. No los ha negado tan siquiera. Envolviéndose en los solemnes pliegues de la capa de la ley Especial del Municipio de Madrid, ha declarado que no piensa dimitir, y que la «única lealtad» a la que hoy se considera obligado es a la que le liga al Rey, que fue quien le nombró para el cargo según los términos de la citada ley, a propuesta del entonces ministro de la Gobernación, Manuel Fraga.En realidad, todo parece indicar que el señor Arespacochaga soñó en pedir su cese -ya que no dimitir, pues la dimisión no está prevista en la ley citada- a raíz de las pasadas elecciones generales del día 15. El débil resultado obtenido a nivel legislativo por Alianza Popular inspiró asimismo a otros alcaldes españoles, como por ejemplo al de Valencia, también ligado a AP, gestos similares. Los candidatos de Alianza Popular obtuvieron una flaca representación legislativa, y algunos gestores municipales de la misma tendencia ideológica comenzaron a sentirse molestos en sus sillones. Ello es algo lógico, y que sólo merece elogios. Lo que luego resultó es que, dada la actual estructura municipal, los intentos de dimisión se quedaron en simples intentos. Pero al menos se trataba de gestos simbólicos apreciables.

Las elecciones legislativas han puesto en tela de juicio la autenticidad democrática de la representación municipal en todo el país. La estructura municipal vigente hoy en España se ha visto superada por la reforma política. Lo que más urge ahora, por lo tanto, es colmar este desfase y operar con toda rapidez: acometer una auténtica reforma municipal a escala nacional, que democratice nuestros ayuntamientos de una vez. Que los concejales sean elegidos en su totalidad por los ciudadanos, según el sufragio universal, libre y secreto. Otra cosa es que la elección del alcalde sea por sufragio directo o de segundo grado, que sea el pueblo quien los elija directamente o los concejales quienes, le designen de entre ellos mismos. Ahí están las Cortes para plantear, debatir y resolver el problema. Un problema urgente: tiene que haber elecciones municipales lo antes posible, mejor en el mes de noviembre que en el de diciembre. La democracia tiene que entrar de una vez por todas en la vida municipal.

Es posible -y casi probable- que los casos de Madrid y Barcelona (más los de Valencia, Sevilla y Bilbao, tal vez) requieran un estatuto particular, una carta especial. Pero ésta deberá ser una carta municipal, esto es, una carta de los municipios, no de los alcaldes. Debe desaparecer de ellas, como de todo el régimen municipal general, la posibilidad de nombramientos «a dedo».

En estas condiciones, tampoco valdría para mucho arbitrar soluciones provisionales, nombramientos efímeros, o «comisiones gestoras», como propugna algún partido de tanta importancia como el propio PSOE. Las soluciones transitorias suelen ser las peores, tienen siempre tendencia a convertirse en definitivas y además sirven de coartada a quienes subrepticiamente intentan retrasar la aplicación de las soluciones verdaderas. Todo ello sin contar que una gestión municipal no se inventa, que cuesta mucho tiempo y energía el simple conocimiento de los complejos «dossiers» y que no se pueden malgastar personas con talante y aspiraciones políticas en cubrir huecos provisionales de manera desordenada. Quienes han desempeñado los puestos arbitrados en estructuras caducas deben continuar hasta el final.

Finalmente, Arespacochaga invoca su lealtad al Rey para no dimitir. Curiosa coartada, pues su lealtad al jefe del Estado no suprime las de más. El Rey está por encima de la batalla municipal, como lo, ha estado de la legislativa.

La labor de los actuales alcaldes, insertos en una estructura no democrática, está, por lo. tanto, clara. Deben asegurar el tránsito a un régimen municipal democrático, deben seguir en su tarea de gestores, absteniéndose de decisiones que comprometan para el futuro y hacer, que todo siga funcionando. Y mejor aún, instaurando desde ahora mismo nuevos modos de acción más adaptables a la futura democracia, que es lo que importa. Que el señor Arespacochaga siga o no en su puesto hasta los comicios municipales, poro importa larga, lo que en verdad urge es la reforma del régimen municipal y la celebración de elecciones para cubrir de manera democrática todas las concejalías y alcaldías del país.