El Gobierno británico busca un entendimiento flexible con los sindicatos

El Gobierno británico no abandona sus esperanzas de conseguir un nuevo acuerdo sobre restricciones salariales, pero va a concentrarse ahora en impedir que se ignoren los tratos ya existentes.

En este momento, a pesar de que la segunda fase de la política de control de sueldos está a punto de expirar, sus efectos seguirán de hecho en vigor,' al menos hasta principios del próximo año. Las recientes decisiones de los dos principales sindicatos del país -el de mineros y el general de trabajadores- contra la congelación de salarios podrían implicar la anulación automática de esa prórroga y producir una explosion de aumentos de sueldo que agravaría la inflación y el desempleo.El Gabinete de Callaghan estudió ayer la táctica a seguir, para asegurar los términos de la segunda fase con los principales líderes sindicales, ofreciendo al mismo tiempo una renovación de los controles salariales dentro de un marco más generoso que el actual. Ahora no se permiten subidas superiores al 4,5 %, y ¿se es el porcentaje que los sindicalistas quieren ver desaparecer inmediatamente.

Un regateo similar produjo, el año pasado una caída espectacular de la libra e hizo que el Banco de Inglaterra interviniera en el mercado exterior para apoyarla. Como consecuencia, el Reino Unido tuvo luego que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional.(FMI).

Como resultado de ese, préstamo, el Gobierno anuló parte de su gasto público. Ahora esa decisión es la que vuelve a hacer que los sindicalistas duden de la efectividad del «pacto social» que han firmado con el Gobierno laborista y en cuyo contexto se incluyen las restricciones sobre las que se sigue discutiendo. El debate salarial de este año tiene además tonos políticos. Si el Gobierno no consigue colocar en su línea a los sindicatos, su otro «pacto», el parlamentario, que mantiene con los liberales, acabaría automáticamente, según amenazan líderes liberales. Ese es el argumento que usa ahora Callaghan en sus discusiones con los Trade Unions. La vuelta a la minoría parlamentaria del Gobierno provocaría elecciones y el retorno seguro al poder de una Administración conservadora, que goza tradicionalmente de las antipatías sindicales.