Los miembros de la Diputación Provincial negaron cualquier posibilidad de dimisión
El presidente en funciones de la Diputación Provincial, Enrique Castellanos, presentó una moción en el Pleno celebrado ayer, en la que se oponía rotundamente a las sugerencias y voces que en otras entidades piden la dimisión de las actuales corporaciones. El diputado Luis Buceta abundó en la idea y propuso que fuera elevada a acuerdo. Los dieciocho diputados votaron unánimemente la permanencia en sus puestos «entendiendo que nuestro puesto de servicio es irrenunciable».En el Pleno se dio cuenta de la aprobación por el Ministerio de Hacienda de los presupuestos generales de la Diputación para el año en curso, que alcanzan los 5.200 millones de pesetas. El Ministerio aprobó asimismo los presupuestos de los diferentes centros de la Diputación. La ciudad de ancianos de la carretera de Colmenar cuenta con un presupuesto de 167 millones; la de Aranjuez, 108 millones; la de Alcalá de Henares, 121 millones, y el colegio San Fernando, 267 millones.
Al término del pleno el señor Castellanos explicó el techo a que se está llegando, y la necesidad de abordar medidas de estabilidad económica, tendentes a reducir gastos y a aprovechar mejor los recursos actuales. En este sentido, se suprimirá el actual servicio de transporte escolar gratuito y se actualizará las cuotas de los residentes en las ciudades de ancianos, que se han revelado como económicamente desastrosas.
Se calcula que cada plaza le cuesta a la Diputación unas 25.000 pesetas mensuales, mientras que las cuotas no suelen superar las 4.000, y, en la mayoría de los casos, son muy inferiores. Está previsto pedir a los residentes con recursos que aporten todo lo que puedan.
Además, un centro de ex alumnas, con capacidad para 120 personas, ocupado actualmente por treinta, será aprovechado también como guardería infantil, y otro de bachillerato se reconvertirá en centro de educación especial. En este caso, un grupo de profesores ha enviado una carta de protesta por lo que significa de despido de sus puestos, y de dejar en la calle a los alumnos que lo ocupaban hasta ahora.
Varios representantes de los trabajadores de las ciudades de ancianos asistieron al pleno, cuyo punto número cuatro era la apro bación de la tabla salarial establecida por una comisión paritaria. Los representantes sociales han redactado una nota en la que protestan de que la parte empresarial subiera el salario, previamente fijado por la comisión, a las categorías más altas, con lo que la intención de reducir diferencias se ha visto desvirtuada. Aún así, los representantes sociales tuvieron que firmar la tabla revisada, para evitar el retraso de otro mes en la aprobación definitiva, máxime ahora que comienza el período de vacaciones y buena parte del personal estará ausente.
Obras provinciales
En el pleno se aprobaron las adjudicaciones definitivas de obras de abastecimiento de agua a los, pueblos de Colmenar de Oreja, Belmonte, Valdelaguna, Pinilla del Valle, Navas del Rey, Somosierra, y Venturada, por un importe global de unos 78 millones. Torrejón de la Calzada tiene adjudicadas definitivamente las obras de pavimentación, por seis millones.
La Diputación aprobó un convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Madrid, en cuanto a experimentación e investigación en el sector agrario.
El pleno concedió asimismo subvenciones a varios pueblos más. Algunos de los casos son sorprendentes, y revelan la nula autonomía municipal económica de los mismos, que dependen de la Diputacion, para cubrir sus más mínimas necesidades. Es el caso de Navalagamella, quien ha solicitado una subvención de 130.000 pesetas para reparar la farola de la plaza.
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