El "Piramidón", un ejemplo de mala gestión

No hace mucho tiempo, los españoles pudimos empezar a oír hablar de algo que ni tan siquiera se nos había pasado por la cabeza: el derecho a la salud. ¿Es que nosotros tenemos derecho a estar sanos? ¿No se trata, pues, de que alguien, generosamente, se propone curarnos cuando estamos enfermos?Cuando los coletazos de tres años de guerra civil todavía estaban siendo sufridos por todos los españoles, una nueva sociedad se empezaba a formar para los habitantes de este país, distinta de la que había intentado hacer efectiva durante cinco años, del 31 al 36, y similar a la que intentaban realizar alemanes e italianos, sobre todo los primeros. Esta nueva sociedad española tenía, aparte de otros muchos, un fundamento claro: el capitalismo. Y ese capitalismo tenía una piedra de toque fundamental: la productividad, esa misma productividad que precisaba una mano de obra constante y, a ser posible, bastante barata.

Pero la mano de obra necesaria para el desarrollo del capitalismo había un momento en que dejaba de funcionar. Era el momento en que se producía el accidente laboral o el trabajador caía enfermo por cualquier causa. Se hacía necesario, pues, reparar la dolencia que sufriese el trabajador y además había que hacerlo cuanto antes, para que el proceso productivo no se detuviera.

De esta forma es como nació lo que hoy se conoce como Seguridad Social -antes Seguro Obligatorio de Enfermedad-, buscando la sociedad no ya cubrir -el derecho del ciudadano a su salud, sino, más concretamente, reparar la máquina que producía. Le era más barato a esa sociedad el reparar al obrero cuando su máquina no funcionaba bien que no buscar las fórmulas de sustitución de ese obrero estropeado.

Aunque el concepto de Seguridad Social nace en España allá por el año 1908, con la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP), no será hasta la aparición del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), en 1942, cuando el Estado absorba, aunque sólo en parte, la atención sanitaria de los españoles.

De esta forma, el INP se convierte en el órgano gestor de lo que más adelante será la Seguridad Social española. Es decir, es el propio Estado, a través de un organismo paraestatal, quien sepropone cubrir las deficiencias que pueda sufrir la mano de obra que interesa mantener en funcionamiento al capitalismo. Pero su defecto principal reside en el hecho de que, al ser paraestatal, también es autónomo. Es decir, controla el dinero aportado por trabajadores y empresas, lo maneja a su antojo y nadie le puede pedir cuentas ni se siente obligado a dárselas a nadie, ni de su gestión en general ni de hechos aislados en particular

Esta gestión catastrófica es, la que ha ido llevando -a través de muchos años de no plantear una auténtica organización sanitaria, de cubrir con parches los baches excesivamente grandes que podían ver, de hacer un hospital en determinado sitio porque a alguien le estaba interesando que se hiciera allí, de descuidar la medicina rural y dejar que diez o más pueblos estuvieran atendidos por un solo médico titular- a que, en los momentos presentes, se están sufriendo directamente las consecuencias y cada vez la asistencia médica que reciben los españoles sea peor.

El «Piramidón», un simple ejemplo

Habida cuenta de lo que se pueden marcar como antecedentes de lo que hoy es la asistencia sanitaria en España, sobre todo referida a la que ofrece la Seguridad Social, la constitución de lo que en un principio se llamó Centro de Especialidades Quirúrgicas Ramón y Cajal, aunque después perdió lo de Especialidades Quirúrgicas, fue el intento, con todas las garantías de éxito, de conseguir un hospital para unos cuantos señores.

De acuerdo con un primer reglamento que para el funcionarniíento del Piramidón -como se conoce el Centro Ramón y Cajal popularmente, ya que «lo cura todo, porque hace desaparecer los síntomas»-, el que habría de ser el mayor hospital con que contara la Seguridad Social se convertía en un feudo de la medicina privada financiada con el dinero de todos los españoles. Se trataba, según ese mismo reglamento, de que una serie de personas tuvieran, de antemano, seguro su puesto en ese hospital y pudieran, para que todo fuera más fácil, nombrará dedo a quienes hubieran de ser sus colaboradores. No contaba, por supuesto, que los puestos de atención al enfermo estuvieran cubiertos por quienes lo pudieran hacer mejor. Esas personas que se ocuparon de que el Piramidón llegara a convertirse en una realidad estaban espléndidamente consideradas dentro del mundo médico español, como especialistas de primera fila. Pero, además, sus relaciones con las personas que dominaban el mundo político, incluido el palacio de El Pardo, convertían a algunas de ellas en seres prácticamente indestructibles, cuyos deseos se podían considerar como realizaciones a mayor o menor plazo de tiempo.

La que parecía la cabeza visible de todos los intentos conducentes a construir el Piramidón era el doctor Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, jefe del Servicio Nacional de Cirugía Cardíaca de La Paz. Sus posibilidades políticas eran tan sumamente grandes, aun contando con la supremacia que, en ciertos aspectos, ha tenido la llamada clase médica en los últimos cuarenta años, que nadie se atrevía a contradecir lo que él pudiera opinar o decidir.

Sin embargo, a su lado aparecen interesados en el mismo tema del Piramidón otros cinco médicos con cargos de suma importancia dentro de la Seguridad Social y siempre relacionados con la clase política dominante.

Los ayudantes, por decirlo de algún modo, con el marqués de Villaverde para conseguir el Piramidón fueron los también doctores José Palacios Carvajal, jefe del Servicio Nacional de Traumatología de La Paz; Francisco Antolí Candela, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Centro de Especialidades Quirúrgicas de la Seguridad Social -instalado entonces a las espaldas de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense-; Sixto Obrador Alcalde, jefe del Servicio Nacional de Neurocirugía de La Paz, y los cirujanos plásticos y maxilofaciales Víctor Manuel de Sada y Benito Vilar, el primero de ellos incluido también en el alto staff de la Ciudad Sanitaria La Paz.

Pero el reglamento por el que, en principio, se rigió el Piramidón hubo de ser cambiado: los tiempos de decisión política empezaban a no ser los mismos y la caída de Licinio de la Fuente del cargo de ministro de Trabajo pareció darle otro aire a la Seguridad Social.

El sistema a seguir a partir de aquel momento para la adjudicación de las plazas en el Centro Ramón y Cajal había de ser por concurso-oposición. Sin embargo, el criterio mantenido durante años de que no se debía estorbar a los que eran los jefes de la operación había sido tan machaconamente repetido que era muy dificil cambiar la idea en los que, en definitivas euentas, habían de adjudicar las plazas -por supuesto, en propiedad y, con la condición de que el hospital habría de servir, además, Para practicar la medicina privada que tan pingües beneficios les había reportado-. De esta forma, los tribunales se compusieron con médicos que, una de dos, o no tenían ni idea de la especialidad que se trataba de juzgar -lo que no significa que, no fueron buenos profesionales en otras especialidades médicas-, o habían permanecido durante largos años alejados de la práctica real de la medicina y dedicados más bien a funciones de carácter administrativo de hospitales o del propio INP. De esta forma, el resultado del concurso quedaba abierto a cualquier posibilidad de designación. Pero lo que quedaba seguro es que el afortunado que llegara a ocupar la plaza que se juzgaba no había sido designado de acuerdo con un criterio de lograr la mejor atención para el enfermo.