La amenaza
ESPAÑA ESTA emplazada: dentro de dieciocho días conocerá la fecha más crucial de su historia contemporánea, la que decidirá del paso de un largo túnel totalitario a la posible esperanza democrática. Las elecciones tienen que llevarse a cabo: a esta exigencia, que es al mismo tiempo moral y política, debe subordinarse todo lo demás. Cuando en estas mismas páginas aparecen cartas de lectores denunciando incidentes y agresiones de todo tipo en estos primeros días de la campaña electoral, es preciso preguntarse si estas provocaciones no anuncian el comienzo de una trágica escalada que trate de impedir por la violencia la celebración de los comicios. El secuestro del señor Ybarra puede ser igualmente el preludio de una ofensiva desde la extrema izquierda. Su vida corre evidente peligro y con ella la paz y la esperanza de reconciliación en el País Vasco. ¿Qué hacer en circunstancias semejantes?Holanda nos ha dado un ejemplo reciente. En pleno doble atentado de los terroristas moluqueños, el país ha votado con su tradicional patriotismo, con su civismo de siglos. El chantaje de la violencia ha fracasado.
Las consultas electorales en España nunca han sido violentas ni traumáticas: los traumas han venido después. En nuestra más reciente fecha democrática España ha ofrecido el espectáculo de su patriotismo, de su espíritu cívico: en el referéndum del pasado mes de diciembre. El secuestro del señor Oriol no impidió la masiva y serena afluencia a las urnas para votar a favor del cambio de régimen. Los incidentes de estos días y el trágico recuerdo del mes de enero deben hacernos extremar no obstante la vigilancia; deben controlar la digna pasión política y moderar la campaña electoral, de la cual deben desaparecer ataques personales y simplificaciones hirientes o despreciativas.
Por lo demás, no sería de extrañar que todavía alguien, en un último y desesperado recurso, intente un espectacular golpe para impedir el proceso electoral. Los peones ejecutantes están ocultos, pero bien a las claras las tendencias que los impulsan. A un lado se sitúan las acciones de los secuestros de diciembre pasado, los atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas, o el que todavía padece el señor Ybarra: estos grupos desesperados no representan a nadie, y mucho menos a la izquierda que concurre a los comicios, o a la totalidad del País Vasco, que ha desautorizado sus acciones. En el extremo opuesto se encuentran los responsables de los asesinatos de enero. Son estos los dos extremos que tienen todo que perder en las próximas elecciones, y una vez más sospechosamente coinciden en sus medios y en sus objetivos.
Una llamada a la acción colectiva, a la vigilancia ciudadana se impone. Pero de nada serviría si el Poder -el Gobierno- no hiciera sentir todo su peso contra estos mecanismos empeñados en la destrucción de una España democrática. Este poder que se ejerce eficazmente contra la extrema izquierda violenta es preciso que se imponga también sobre el otro polo de la violencia. Los profesionales de la desestabilización, del terrorismo ideológico y sangriento, deben sentir el peso de la ley. No caben benignidades mal entendidas, ni parciales inmunidades.
La amenaza además es siempre la misma: una provocación directa o indirecta contra las Fuerzas Armadas. El momento es crucial y el Ejército es el objetivo soñado por los terroristas desesperados. Por ello, además de extremar la vigilancia, de llamar a la serenidad colectiva y pedir al Gobierno la máxima eficacia en su acción, hay que concluir con una llamada al Ejército español, garante de la paz y de la democracia, para que sea cual sea el chantaje y la provocación a los que pueda ser sometido, los españoles, descansemos en la seguridad de que el 15 de junio iremos a las urnas. Una declaración pública en este sentido, absolutamente coherente con la ejemplar actitud de dignidad y serenidad que las Fuerzas Armadas en su conjunto están ofreciendo en las últimas semanas, sería por eso extraordinariamente bien recibida.
