Nacionalizaciones en Francia

LA IZQUIERDA francesa está viviendo, en estos meses, la inquieta esperanza de un triunfo electoral en las elecciones legislativas del próximo mes de marzo de 1978. De seguir confirmándose los resultados de los sondeos electorales, socialistas, comunistas y radicales lograrían una mayoría suficiente para gobernar en el país vecino a partir de esa fecha. La cercanía del poder obliga a los integrantes de la Unión de la Izquierda francesa a emprender, sin tardanza, una ingrata tarea a la que, desde hace años, se habían resistido: aclarar las diferencias de opinión que oculta el llamado «programa común».El terreno elegido para comenzar ese difícil ejercicio de llamar diferencias ha sido el económico, y más concretamente el tema de las nacionalizaciones. Es éste un punto debatido de antiguo por socialistas y comunistas, y que el pasado mes de febrero cobró inusitada actualidad, tanto por las precisiones que una serie de dirigentes y expertos socialistas -Mitterrand, Rocard, Delors, Attali- dieron sobre cómo enfocaba su partido el tema de la indemnización a los accionistas de las empresas nacionalizadas, como por la réplica del Partido Comunista Francés. Hace un par de semanas, los dos grandes partidos de la izquierda francesa han vuelto a encontrarse, a discutir.... y a seguir en desacuerdo.

Para comprender mejor el fundamento de esa divergencia, conviene recordar que en los dos últimos años el Partido Socialista ha seguido una evolución que acercaba, cada vez más, sus posturas económicas a un cierto «socialismo nórdico». En otros términos, en los teóricos socialistas se viene manifestando una actitud de creciente aceptación de los mecanismos de mercado como elemento regulador de la vida económica. Se trata de lo que Rocard ha llamado una «evidencia» frente a la cual comienzan a diluirse las fuertes dosis de intervencionismo que en materia económica caracteriza todavía el programa común de la izquierda francesa. En un coloquio con los dirigentes de las principales empresas francesas, el mismo Rocard aseguró que «la mayor parte de la economía francesa seguirá siendo privada» y que «el beneficio se mantendrá como el motor de una economía de mercado».

Cuando se toca el tema concreto de las nacionalizaciones, los socialistas, por boca de su secretario general, afirman que, de triunfar la izquierda, ellos nacionalizarían tres tipos de empresas: las que ejercen un monopolio, las que detentan actividades claves o las que ocupan una posición dominante en el mercado. Según dijo Mitterrand en el coloquio citado, ese principio básico se traduciría en la nacionalización de nueve grandes grupos industriales -que van de Dassault a Rhone-Poulenc, pasando por ITT France y Honeyweil-Bull- y la participación en algunos sectores, la siderurgia, por ejemplo. Aun cuando los comunistas franceses no comparten la flexibilidad doctrina¡ que en el terreno económico mantienen los socialistas, su desacuerdo con ellos comienza, no tanto en los principios como en su puesta en práctica y, más concretamente, en dos puntos muy polémicos.

El primero de ellos se refiere a la indemnización de los accionistas de las empresas nacionalizadas. En opinión de los socialistas, la indemnización adoptaría la forma de obligaciones no amortizables e indiciadas que, además, pagarían un dividendo a sus titulares en función de los resultados obtenidos por la empresa, pudiendo ser negociadas y cotizadas en Bolsa. A título tan original, los comunistas oponen la figura, mucho más clásica, de obligaciones reembolsables en veinte años, por anualidades constantes en función de las cotizaciones de los tres últimos años y con un tipo de interés más bien bajo, pues se establecería siguiendo los precedentes de los empréstitos públicos. Los comunistas objetan a la fórmula socialista, alegando que el pagar dividendos implica renunciar a los verdaderos objetivos de la nacionalización.

Respecto al segundo motivo de desacuerdo, la forma de indemnización de los grandes accionistas, la interpretación de la fórmula del programa común -distinguiendo entre accionistas modestos, que lo son gracias a sus ahorros, y grandes poseedores- que los socialistas hacen, significa que no se intervendrá, el patrimonio de ningún accionista, dejando a un impuesto sobre la fortuna la tarea de reducir desigualdades, al atacar a los dueños de grandes paquetes de acciones. Los comunistas, por el contrario, anuncian su intención de examinar, caso por caso, la situación de las grandes fortunas francesas, «teniendo en cuenta los fondos públicos recibidos, los movimientos de fondos del extranjero y toda acción contraria al interés nacional de la cual fueran culpables».

Hasta aquí los detalles de la polémica entre los dos grandes partidos de la izquierda francesa. Pero ni decir tiene que la verdadera polémica se sitúa entre ellos y una gran parte de la sociedad francesa, cuyos portavoces exponen abiertamente sus dudas de que sea posible conseguir el triple objetivo de nacionalizar parte de la industria, implantar en ella la autogestión y asignarla nuevas prioridades sin originar traumas irreparables en su estructura y, en consecuencia, retrasar el ritmo de crecimiento del país y la solución de sus graves problemas económicos actuales.