Llamamiento para un compromiso pacifícador a las fuerzas democráticas

«Durante los últimos días se ha manifestado en diversos puntos de la nación, especialmente en el País Vasco-Navarro, un intento de deterioro del clima de orden y convivencia pacífica. El Gobierno español, que reafirmó su voluntad de pacificar y normalizar la vida de la nación, entiende que hechos legítimos en sí mismos están siendo utilizados por sectores extremistas para sus fines particulares, con propósito de desestabilizar la convivencia. El Gobierno, ante estas decisiones, que ya fueron advertidas por su presidente en sus últimas alocuciones a la nación, considera preciso insistir, como responsable de la política nacional, en aquellos aspectos de los que se han de derivar una efectiva reconciliación nacional. El Gobierno comprende que nobles sentimientos puedan reivindicar pacíficamente la amnistía como instrumento de reconciliación, y señala su coincidencia con quienes, desde una perspectiva de desarrollo democrático, aspiran a una institucionalización de las regiones. Estos principios figuraban ya en su Declaración Programática, y no se han regateado esfuerzos para convertirlos en realidad. Otros problemas concretos que afectan al pueblo vasco y que vienen arrastrándose desde hace más de un siglo no han podido resolverse en el breve plazo de diez semanas y no podrán tener una solución definitiva mientras no existan unos representantes del pueblo legitimados por las urnas.En este momento, pues, el Gobierno considera que su actuación pública debe concentrarse en dos esfuerzos básicos:

Primero, proteger la participación de los ciudadanos a través de las elecciones y por vía pacífica para la consecución de procedimientos de solución de los problemas, y

Segundo, proteger el derecho de todo ciudadano a la seguridad de su vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en la percepción de sus salarios o en el simple disfrute de su tiempo libre. En la consecución de estos fines, el Gobierno está convencido del respaldo que le prestan la opinión mayoritaria del pueblo y las declaraciones expresas de los partidos políticos y de que sólo unas Cortes democráticas, nacidas de las próximas elecciones generales, pueden y deben acometer las soluciones definitivas de todos los pueblos de España.

En cuanto a las reivindicaciones concretas del Pueblo vasco, el Gobierno señala con toda claridad que no prescinde de esfuerzos para darles la respuesta que merecen, pues no duda de que en su espíritu late el mismo deseo de pacificación que el Gobierno promueve.

Ha sido decidido propósito del -Gobierno, desde que asumió el compromiso ante el pueblo español, de garantizar su tránsito hacia un sistema plenamente democrático a través de elecciones libres, promover o adoptar cuantas medidas de pacificación y concordia fueran necesarias para alcanzar este objetivo.

Fiel a ese propósito, el Gobierno comenzó promoviendo el 30 de julio de 1976, a través del correspondiente real decreto-ley, una amplia amnistía de todos los delitos de intencionalidad política y de opinión. Esta amnistía alcanzaba a todos los hechos anteriores al 30 de julio con la única excepción de aquellos que hubieran lesionado o puesto en peligro la vida o la integridad de las personas. Esta medida benefició a 330 penados o presos preventivos.

El 15 de diciembre el pueblo español decidió en referéndum darse a sí mismo un futuro democrático. Esta decisión política del pueblo, llevaba consigo una nueva exigencia de reconciliación que el Gobierno no podía ignorar. En consecuencia, el 14 de marzo de 1977 se dictaron dos decretos en los que aparte de una reducción general de penas, se ampliaban los límites anteriores para abarcar hechos delictivos hasta el 15 de diciembre, dejando solamente excluidos los condenados como autores de delitos de sangre. Estas medidas dieron lugar a la excarcelación de 108 penados o presos preventivos, aparte de la reducción general de penas. Para el reducido grupo de los que habrían de continuar en prisión se abrió la posibilidad de indultos particulares o de conmutación de penas. De conformidad con ello, fueron concedidos indultos totales la semana pasada.

En estos momentos, y con respecto al pueblo vasco, quedan sin habérseles aplicado medidas totales de gracia quince detenidos preventivos pendientes de juicio y ocho condenados como autores de delitos de sangre. En relación con ellos el Gobierno tiene que asegurarse de que las medidas de gracia no generen, por acción de grupos extremistas, una nueva espiral de violencia con gravísimas consecuencias para la convivencia nacional por lo que en alguno de los supuestos pendientes, la excarcelación sólo puede producirse con salida del territorio nacional y a petición de los interesados.

El Ministerio de Justicia ha recibido hoy las peticiones de cinco de los condenados para la conmutación de la pena de prisión por la de extrañamiento fuera del territorio nacional.

El Consejo de Ministros ha estimado procedente acceder a la petición y para ello ha iniciado los trámites legales necesarios y las gestiones precisas con el posible Estado receptor. De la misma forma serán objeto de tramitación las demás solicitudes que se formulen a efectos de aplicar la excarcelación por indultos particulares o el extrañamiento por conmutación de penas, de conformidad con aquellas normas y en función de los criterios de equidad, justicia o conveniencia pública a que las mismas se refieren.

Quien examine con sinceridad y objetividad todo este proceso de medidas de gracia puede comprobar que obedece a un propósito coherente de gobierno como respuesta a la voluntad nacional de reconciliación total, aplicando ininterrumpidamente los procedimientos legales.

El análisis sereno de los pasados acontecimientos demuestra que existen minorías radicalizadas que quieren impedir la celebración de las elecciones o restarles credibilidad; que tienen miedo a la expresión de la voluntad del pueblo; que fuerzan un ambiente de violencia para anular así la posibilidad de reconciliación; que aprovechan la manifestación popular para provocar alas fuerzas del orden porque quieren víctimas inocentes para utilizarlas como instrumento de agitación; que en estos días, y hoy mismo, han realizado nuevos incalificables actos de violencia. Muchas de estas acciones se encubren en un objetivo aparente: la amnistía, aunque su objetivo real es impedir un proceso democrático que evidenciaría la escasa representatividad de las minorías radicalizadas, de cualquier signo. El Gobierno tiene la seguridad de que, por mucho que hoy se presenten como defensores de un pueblo noble, ese pueblo debe encontrar la defensa en sí mismo, en la acción de un Gobierno representativo, en la actuación de los partidos políticos y en la solidaridad de todo el país.

El Gobierno expresa su firme voluntad de actuar con la máxima energía en la defensa del orden y del derecho al trabajo, dado que el pueblo español, sus organizaciones representativas y los partidos políticos han dado muestras evidentes de querer instaurar la libertad, la justicia y la democracia. En consecuencia, el Gobierno no puede tolerar que la violencia sea un medio de acción política. Pero, en su repulsa, no puede igualar la violencia incidental provocada por desmanes callejeros con la fría y trágica realidad del asesinato premeditado de ejemplares servidores del orden público. Y agradece, por lo mismo, que los partidos y la opinión del pueblo vasco hayan condenado el último asesinato.