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Grupos marginales exigen la abolición de la ley de Peligrosidad Social

Por primera vez organizaciones de sectores marginados de la sociedad y partidos políticos han suscrito un documento común donde plantean una amplia campaña para la derogación de la ley de Peligrosidad Social. Del documento, entregado ayer a los medios informativos, reproducimos algunos párrafos.

«El último indulto del Gobierno ha dejado en la cárcel a más de 15.000 presos. Muchos de ellos están afectados por la llamada ley de Peligrosidad Social.»Al lado de las leyes penales encargadas de reprimir los delitos una vez cometidos mediante la imposición de penas (desde reclusión hasta la pena de muerte), el sistema ha previsto otras leyes, las llamadas preventivas o especiales, cuya función es la de castigar y aislar a los delincuentes en potencia, aunque no hayan cometido ningún delito. El sistema se defiende así contra las conductas y actitudes que no se sujetan a sus normas y que, por tanto, consideran como perversas, desviadas o peligrosas.

Según la letra de esta ley, los afectados por la misma, no son gente a la que se puedan aplicar penas, sino unas llamadas medidas de seguridad, que deberían cumplirse en los llamados centros especiales.

Es claro que lo que el sistema considera como conductas peligrosas no son sino aquellas que ponen en cuestión la moral represiva y oscurantista en que este sistema se basa, así como las instituciones encargadas de mantenerla y reproducirla: la familia, la sexualidad orientada exclusivamente a la reproducción, la concepción del hombre como máquina exclusivamente productora y al que se le priva de todo lo que signifique placer.

Se persigue así a los (y las) homosexuales, a aquellos que utilizan drogas, a aquellos que el sistema considera vagos, y en general todas las tendencias lúdicas y liberadoras. También, en el colmo de la hipocresía, aquellas conductas que el propio sistema potencia, como la prostitución y el alcoholismo.

El documento señala sus exigencias:

1 Abolición inmediata de la ley de Peligrosidad Social y de todas las leyes preventivas.

2. Desaparición de los llamados centros de rehabilitación, el Tribunal Tutelar de Menores y de todos los Patronatos (de protección a la mujer, a la juventud), que no son sino instituciones represivas.

3. Frente a la moral machista y represiva, derecho a la libre utilización del propio cuerpo. Libertades homosexuales. Educación sexual libre desde la infancia. Derecho para manifestar libremente todas las tendencias de la afectividad.

4. Abolición de toda la legislación discriminatoria sobre la mujer. Derecho al libre uso de anticonceptívos. Aborto libre y gratuito.

5. Despenalización de la prostitución. Derecho para las prostitutas a la Seguridad Social y a la Sindicación.

6. Despenalización del uso de drogas.

7. Desaparición del Código de conceptos como el de vago, maleante, personalidad psicopátiea, predisposición al delito, etcétera.

8. Amnistía total e inmediata y sin exclusiones que afecte también a los llamados presos comunes.

Firman el comunicado: Acción Comunista (AC), Comité de apoyo a Comisión Organizadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL), Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), Frente de Liberación de la Mujer (FLM), Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR), Juventudes Socialistas (JJSS), Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Mujeres Libres, Organización de Izquierda Comunista (OIC) y Seminario Colectivo Feminista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de mayo de 1977