Cortes constituyentes

INCLUSO ALGUNAS voces conspicuas del neofranquismo, que afirman que «los españoles estamos bien constituidos», parecen ir abandonando sus ensueños de que las paredes maestras del edificio sobrevivan a la muerte del dictador. Sin ir más lejos, el señor Fernández de la Mora aceptó anteayer, en el Club Siglo XXI, la inevitabilidad de que las próximas Cortes se ocupen de problemas constitucionales «esenciales», en vez de limitarse a las tareas propias de unas Cortes ordinarias.Sin embargo, carecen de fuerza los argumentos en favor de que esos debates se limiten exclusivamente a unos cuantos puntos. Sin perjuicio de que los trabajos y debates del Congreso y del Senado se lleven a cabo con la rapidez y eficacia que la situación del país exige, las próximas Cortes tienen que plantearse todas las cuestiones y resolver todos los conflictos que implica el tránsito desde una autocracia que utilizó el derecho público como hoja de parra para recubrir la voluntad caprichosa del dictador hasta una Monarquía constitucional basada en la soberanía popular y organizada como un Estado de Derecho.

La reforma del franquismo desde su propia legalidad ha producido un aberrante amasijo de disposiciones legales de primer rango que coexisten en estado de pura incoherencia o de abierta contradicción.

Esta exigencia de coherencia bastaría ya para hacer inexcusable la refundición en un solo cuerpo armónico y lógico de todas las leyes de rango constitucional, cuyas distintas fechas de promulgación son inequívocas pruebas de su pertenencia a estratos geológico-políticos incompatibles entre sí. Pero no se trata tan sólo de acabar con la confusión e irracionalidad de nuestro derecho constitucional: congresistas y senadores, elegidos por primera vez en cuarenta años por sufragio universal, como representantes de la soberanía popular, deberán, además, afrontar y dirimir las grandes cuestiones de la organización del Estado, precisamente para que las Cortes que les sucedan puedan entregarse normalmente a las tareas legislativas y al control de la actividad gubernamental.

¿Todas? No se ve la razón por la que se deba excluir de la agenda de discusiones tema alguno sobre el que la comunidad nacional no haya podido pronunciarse libremente a lo largo de cuatro décadas.

Digamos de antemano que la forma monárquica nos parece la única posible para la España del Futuro. Aun respetando las convicciones liberales y moderadas de partidos como ARDE, la historia más reciente y el juego de fuerzas de nuestra sociedad hermanan a la Monarquía constitucional con el horizonte democrático, y condenan a la forma republicana como posible envoltura de contenidos antidemocráticos, más probablemente reaccionarios que revolucionarios.

La III República española estaría más cerca del Cono Sur que de Cuba. Digamos, también, que la abrumadora mayoría de los observadores están de acuerdo en que la Monarquía constitucional tiene el apoyo, o por lo menos el respeto de las fuerzas políticas más representativas y significativas del país. Incluso el Partido Comunista se ha pronunciado favorablemente a este respecto. Al decir que la cuestión de la forma de Estado tiene que figurar también en la agenda de las futuras Cortes constituyentes, no nos mueve reticencia alguna hacia la institución monárquica, sino, por el contrario, el deseo de que el refrendo solemne de diputados y senadores, primero, y del pueblo entero, a través del Referéndum, después, sitúe definitivamente a la Corona por encima de polémicas y conflictos.

El segundo tema que la derecha autoritaria quisiera dejar fuera de discusión es la polémica sobre centralismo y federalismo. Hemos señalado, en más de una ocasión, las razones por las que la fórmula del Estado Federal nos parece totalmente inadecuada para nuestro país. Sin embargo, también es evidente que las reivindicaciones de Cataluña, Euskadi y Galicia no sólo no conducen, en la práctica, a ningún tipo de secesionismo, sino que coinciden con esa imperiosa necesidad, ya visible en otros países europeos, en que se encuentra la sociedad industrial avanzada, de descentralizar los centros de decisión y ejecución en un amplio campo de competencias. La mejor manera de acabar para siempre con el espectro del separatismo es debatir, con intervención de todas las partes interesadas, la organización del Estado. Cuando esa discusión se lleve a cabo se verá que sólo una suicida política ultracentralista hizo posible el absurdo de que el extremismo de unas escasas minorías llegara a situar imaginariamente las justificadas reivindicaciones de las comunidades periféricas en la irreal perspectiva de la destrucción del Estado y de la comunidad nacional. Porque si bien Cataluña, Euskadi o Galicia existen como comunidades singulares con lengua, historia y tradiciones propias, no menos real es la existencia de España, comunidad plural más amplia que las incluye en su seno. A este respecto, digamos que no sólo el franquismo es responsable de la adulteración del lenguaje; la sistemática sustitución de la palabra «España» por la expresión «Estado Español» en los textos de la Oposición no sólo ha sido un pesado eufemismo para la prosa política, sino el síntoma de un monumental error de comprensión histórica que puede ser altamente perjudicial para la causa de la democracia.

Por último, las futuras Cortes tendrán que discutir otra serie de importantes cuestiones. Desde una Declaración de Derechos que sustituya a ese Fuero de los Españoles que nos regaló la derrota del Eje durante la II Guerra Mundial, hasta la estructura y las competencias de las Cámaras, pasando por la forma en que éstas designen, controlen y destituyan a los Gobiernos, emanación directa en todas las monarquías parlamentarias de las mayorías elegidas por los ciudadanos en las urnas. Pero ya tendremos ocasión de volver sobre estos temas en futuros comentarios. Porque, quiéranlo o no los neofranquistas, las futuras Cortes van a ser plenamente constituyentes, y sus debates, el centro de atención de todo el país a partir de julio.