La sala segunda del Supremo se declara competente en el asunto Sofico

La sala segunda del Tribunal Supremo, encargada de juzgar los supuestos delitos y faltas de personalidades y altos cargos sujetos a forali¡dad, va a declararse competente en el caso Sofico, según todos los indicios. En consecuencia, cabe suponer que el alto tribunal ha encontrado suficientes motivos para dudar sobre la conducta de algunos militares de alta graduación y miembros de la carrera judicial, consejeros de la sociedad, en las actividades de Sofico.

El hundimiento de Sofico y todas sus empresas asociadas afectó a pequeños y medianos ahorradores, españoles y extranjeros, que habían confiado sus fondos al reclamo del simpático caballito de mar y la publicidad que prometía sustanciosas rentabilidades - 12%- a los inversores. Aquellas promesas - y las esperanzas de los inversores- se truncaron definitivamente en diciembre de 1974, cuando la totalidad de las empresas del grupo habían presentado solicitud de suspensión de pagos. Los diez meses anteriores aportaron un constante desfile de declaraciones y querellas de los directivos de Sofico, asegurando que el caballito se mantenía y arremetiendo contra las informaciones que, desde el verano, aseguraban que la empresa hacía agua.

Un largo proceso

Posteriormente se inicia un largo y complicado proceso, en el que aparecen lógicamente implicados los consejeros de la sociedad, entre los que se encuentran Eugenio Peydró -padre e hijo-, presidente y consejero delegado, respectivamente, de la empresa, que fueron encarcelados en mayo del pasado año; los generales, Cabanillas -vicepresidente-, e Hipólito Jiménez -secretario-; y varios consejeros pertenecientes asimismo a las Fuerzas Armadas y otros a la carrera judicial en activo.

En diciembre del pasado año, el juez especial designado para investigar sobre las actividades de Sofico remite las actuaciones a la sala segunda del Tribunal Supremo, por estimar que existen indicios de culpabilidad en personas que, aun sin pertenecer a las Cortes o al Consejo Nacional, están sujetas a determinados privilegios forales. En esa ocasión se insinuó también la posibilidad de que las sospechas hubieran recaído asimismo en algunas personas que ocuparon altos cargos en la Administración. En todos los casos, al no ser los implicados miembros de ninguna de las cámaras, no es necesario el suplicatorio para dictar su procesamiento; sólo se precisa que la sala segunda se declare competente, tal y corno parece va a anunciar oficialmente en los próximos días.

El entramado de actuaciones judiciales contra Sofico es tremendamente complejo, debido sobre todo a las diversas empresas que integraban el grupo y al importante número de perjudicados. Hasta el momento sólo se ha logrado un arreglo parcial con los afectados en el caso de Sofico Servicios Turísticos, mediante el cual los acreedores se hicieron cargo de la totalidad del activo de la sociedad. No obstante, esta rama de Sofico es una de las de menor entidad, en lo que a compromisos y responsabilidades aparentes se refiere. Mayor complejidad ofrecen los casos de Sofico Renta, Sofico Inversiones y Sofico Vacaciones.

En conjunto, aunque los informes de la empresa presentaban un activo global de 8.664 millones de pesetas, frente a un pasivo de 7.496 -la empresa solicitó, obviamente, suspensión de pagos-, diversos informes reservados coincidían en señalar a Sofico un activo de sólo 783 millones, frente a un pasivo de 11.893 millones de pesetas. Posteriormente, las autoridades judiciales declararían la insolvencia de empresas del grupo Sofico, al superar ampliamente el pasivo al activo de que disponía el caballito de mar.

Vuelve la esperanza

A principios del pasado año, varios de los perjudicados -más de mil- por el affaire recurrieron contra la Administración, por supuestas irregularidades, especialmente en los servicios de vigilancia del Ministerio de Información y Turismo. Posteriormente, el auto de procesamiento del presidente y de su hijo y la remisión de las actuaciones al Supremo hicieron temer a los numerosos afectados por el inicio de un trágico impasse en sus reclamaciones. En conjunto, los afectados de Sofico reclaman -sólo a nivel de inversores- cantidades superiores a los 5.00.0 millones de pesetas.

Si, como parece, la sala segunda del Supremo se declara competente en el terna, podemos asistir a una revitalización del proceso de uno de los escándalos financiero-urbanístico-turísticos de los últimos años de Europa. Esto devolvería, obviamente, las esperanzas a cuantos, con buena fe evidente, confiaron en la simpática imagen del caballito de mar y las promesas de una rentabilidad anual del 12 %.