El fracaso de las asociaciones

La aprobación de la ley de Asociación Sindical plantea el tema de cuál va a ser el futuro sindical de quiénes, funcionarios o trabajadores, prestan sus servicios al Estado, las corporaciones locales y los organismos autónomos.Para los funcionarios del Estado, el Gobierno Suárez, en julio de 1976, creó las asociaciones profesionales, reguladas por un decreto que ya lleva nueve meses de vida, tiempo más que suficiente para que nos preguntemos por el eco que dicho decreto ha tenido entre los funcionarios.

Hasta ahora, diez asociaciones

La pregunta tiene dos posibles respuestas, una de carácter cuantitativo y otra cualitativa. Cuantitativamente el balance no puede ser más triste para el Gobierno Suárez, pues actualmente son sólo diez las asociaciones reconocidas. No obstante tal vez arroje mayor información el que diga que en un ministerio como el de Educación y Ciencia, con más de 158.000 funcionarios, sólo tres cuerpos, el de Catedráticos de Escuelas Universitarias del Profesorado (755 funcionario de plantilla) y el de Profesores de Formación Profesional (699 funcionarios) y el de Profesores adjuntos de Escuelas de Formación Profesional (235 funcionarios), se han hecho eco del decreto de asociaciones profesionales de funcionarios. En el Ministerio de Gobernación, con más de 83.000 funcionarios civiles, sólo está constituida actualmente la Asociación de Técnicos de Comunicaciones (201 funcionarios) y, en constitución, la del Cuerpo Ejecutivo de Telecomunicación (2.856 funcionarios).

El análisis cualitativo del proceso de creación de asociaciones profesionales de funcionarios arroja datos que permiten desentrañar el auténtico eco del decreto del Gobierno Suárez.

La primera nota que ha presidido el proceso de creación de asociaciones es el amarillismo, o dicho en pocas palabras, la descarada intervención del Gobierno para propiciar la creación de asociaciones.

Amarillismo

Tal vez el caso más claro de amarillismo asociativo sea el de la Asociación Independiente de "ncionarios de la Administración institucional de Servicios Socioprofesionales, donde hombres de la Federación Social Independiente han alentado y favorecido su creación desde los altos cuerpos que ocupan en la Organización Sindical.

Otro caso ejemplar de amarillismo es el de la Asociación de Fuñcionarios de los Cuerpos Generales de la Presidencia del Gobierno, creada por altos funcionarios de Presidencia, y domiciliada, para colmo, en una oficina de la propia Presidencia del Gobierno.

El Gobierno ha jugado su.carta con las asociaciones profesionales y ha fracasado en el empeño. Se ha llegado en algún caso (Servicio Nacional de Productos Agrarios, del Ministerio de Agricultura) a convocar oficialmente a los funcionarios para asistir a reuniones de creación de asociaciones, pagando dietas de desplazamiento, advirtiéndose a los funcionarios que, de no asistir a semejante convocatoria, deberían justificar debidamente su ausencia..

Digo que el Gobierno Suárez ha fracasado porque los funcionarios se han dado cuenta que el asociacionismo funcional les divide. Valgan dos ejemplos para comprenderlo. Con el Soivre (Ministerio de Comercio), se han creado dos asociaciones profesionales, una para los ¡35! funcionarios del Cuerpo de Inspectores, y otra para los 79 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Inspección.

Algo mejor fue la cosa entre los funcionarios del Instituto Geográfico y Catastral que, para 582 de ellos, han constituido nada menos que tres asociaciones, la de Ingenieros Geográficos (cien funcionarios), la de Ingenieros Técnicos (445) y la de Delineantes Cartográficois (37 funcionarios).

El plebiscito de la indiferencia

Pero si además tenemos en cuenta que varias de las asociaciones constituidas ya existían anteriormente bajo la disciplina azul de la Secretaría General del Movimiento (profesores de escuelas universillarias, profesores de universidades laborales y profesores de formación profesional), que otras se han creado alentadas desde viejos esquemas de mutualidades de funcionarios (Asociación del Cuerpo de Intervención y Contabilidad y Asociación del Cuerpo Técnico de Aduanas), y que hay alguna (como la Asociación de Fancionarios de los Cuerpos Generales de Obras Públicas), que ya existía al amparo de la legislación de asociaciones civiles, creo que con justicia podemos afirmar, que los funcionarios no han hecho uso relevante de las asociaciones profesionales reconocidas en julio de 1976 y que, tras el plebiscito que supone el desuso de esta posibilidad legal, se puede afirmar que los funcionarios no están per las asociaciones. Tome buena nota de ello el Gobierno Suárez y muy especialmente Alfonso Osorio, ministro responsable de la función pública.