El Estado aplaza su entrada en Trasmediterránea

Dos días antes de la celebración de la junta general de accionistas, y cinco antes de la fecha de expiración del contrato de adjudicación de las Líneas de Soberanía a la Compañía Trasmediterránea, una orden del Ministerio de Comercio, publicada en el BOE el pasado sábado, establecía la continuidad en la gestión de estos servicios hasta el 1 de enero de 1978, con lo que la Trasmediterránea continuará como concesionaria bajo las mismas cláusulas y condiciones que hasta ahora.

Este tema fue tratado en toda su amplitud a lo largo de la junta general celebrada ayer, y constituyó el eje de la intervención del vicepresidente de la sociedad, Víctor Mendoza, quien presidió el acto en sustitución de Pedro Nieto Antúnez, actualmente enfermo.El señor Mendoza, que calificó esta decisión de razonable y realista, hizo una breve reseña histórica de los últimos años y de los contactos entre compañía y Administración de cara a llegar a una solución viable. En este sentido, aludió a los informes elevados a la Administración, en los que se hacía minuciosos estudios sobre la rentabilidad dé la compañía y las consideraciones a futuro que debían tenerse en cuenta. La respuesta de la Administración pudiera resumirse en la denuncia del Gobierno al contrato con Trasmediterránea, lo que suponía la renuncia, por parte del Estado, a la prórroga tácita de dos años prevista en el decreto de adjudicación.

El vicepresidente de la compañía aclaró que el intento de la Administración suponía la participación pública en el capital social de la companía de forma mayoritaria, aunque ello no supusiese una nacionalización, ya que dicha participación se lograría mediante la voluntaria oferta de venta de sus acciones al Estado por parte de los accionistas que así lo deseasen. El señor Mendoza resaltó que el grupo de accionistas que controla la compañía (Grupo March) no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo con el Estado para la venta de acciones que pudiese perjudicar al resto de los accionistas.

Desde el punto de vista del señor Mendoza, el intento de penetración del sector público en la compañía se justificaba por las siguientes razones: las fuertes subvenciones anuales que el Estado debe pagar a la compañía para que sufrague el déficit que acarrea el servicio público que supone el funcionamiento de las Líneas de Soberanía; el carácter público de las Líneas de Soberanía; la existencia de unos precedentes en Francia e Italia, y la consideración de los supuestos que, en nuestra Administración, implican confiar a empresas con participación del Estado la concesión de servicios públicos y la gestión de actividades económicas que son servicios de dicha naturaleza, como puede ser el caso de Telefónica, CAMPSA, Tabacalera e Iberia.

En opinión del vicepresidente de la compañía, en la falta de decisión de la Administración habrán influido la primacía que el Gobierno concede a los temas políticos y la necesidad del sector de la Marina Mercante de llegar a una completa reordenación de las actuales estructuras del sector.

Esta solución ofrecida por la Administración significa, en opinión de la compañía, un paréntesis provisional en el camino hacia una solución definitiva, ya que este arreglo se ha producido al no existir otra alternativa que asegure en forma completa y de inmediato la continuidad de los servicios.

Ante esta solución temporal, es posible que nuevamente vuelvan a cotizar en Bolsa las acciones de la sociedad, suspensión acordada unilateralmente por la Administración en su momento.

Tras señalar que las Líneas de Soberanía deben ser deficitarias por definición, y por ello se acordó una subvención, el señor Mendoza resaltó la necesidad de revisar sus tarifas que llevan congeladas desde 1974 a pesar de que la Junta Superior de Precios informó favorablemente hace casi un año.

Aunque las subvenciones que el Estado debe pagar a la Trasmediterránea para 1976 no están fijadas, la cifra total de subvenciones para 1975 ascendieron a 2.612 millones de pesetas. En 1953, la subvención hecha efectiva fue de 155 millones de pesetas.