La opinión pública alemana espera que comiencen las dimisiones

Los responsables de la «operación chinche», desarrollada en la cárcel de Stuttgart y otros establecimientos penitenciarios alemanes, han logrado despertar la adhesión de los líderes democristianos a estas medidas de dudosa integridad legal. Sin embargo, la opinión pública espera que esta misma semana se conozca el grado de responsabilidad de quienes han decidido por su cuenta suspender garantías constitucionales a ciudadanos pendientes de juicio, cuyas conversaciones con sus abogados han quedado registradas por la policía. Entretanto, los jefes de las fracciones parlamentarias socialdemócrata y liberal esperan que se produzcan dimisiones en las próximas horas.El escándalo de las escuchas y de los controles no parece tocar fondo. Ahora también se ha sabido que hay otros casos Traube pendientes de rehabilitación. Entre ellos, Jurgüen von Alten y Walter Boehm. El primero de ellos, diplomático, fue retirado en 1976 del puesto de jefe del propio servicio secreto bajo la sospecha, no confirmada, de haber actuado de «espía para una nación socialista», es decir, la RDA. Boehm tuvo que dejar en 1974 un puesto de responsabilidad sindical por la misma sospecha, igualmente no confirmada.

Lo que hasta ahora actuaba, como malla de suspicacias del Estado contra el ciudadano se ha convertido, a determinados niveles, en furor y desconfianza respecto de un Estado omnipresente y omnipotente. «Lo que ha trascendido ya del escándalo de las escuchas policiales no es más que la cúspide de un iceberg», ha declarado un político de la oposición, dando a entender. que aún queda por conocer dos terceras partes.

Frente a la repulsa general contra tales violaciones de la intimidad privada, los líderes dernocristianos Köhl y Strauss se han puesto por esta vez de parte del ministro del Interior, Malhofer, primer responsable potencial del escándalo, y han dicho que los «funcionarios que han actuado en la cárcel de Stuttgart han cumplido con su deber». Strauss ha recalcado que, en este caso, el fin justifica los medios, aunque estos medios signifiquen la violación de los principios constitucionales, cuando se trata con ello de "evitar nuevos actos de terrorismo".