Piden una ley unificadora de todos los movimientos vecinales

La petición de una ley específica que regule todos los movimientos vecinales, la homologación en funciones, ámbitos y competencias de todo tipo de asociaciones ciudadanas, así como la obligatoriedad de un aval de socios antes de otorgar la aprobación de estas entidades, son algunas de las exigencias que se solicitan en un escrito recientemente enviado al Gobernador Civil de Madrid por la junta directiva de la Asociación Familiar San Ignacio de Loyola.El texto se refiere a la urgencia con la que debiera buscarse una fórmula que acabase con las diferencias entre asociaciones vecinales, de amas de hogar, familiares y de cabezas de familia, en base a que sus distinciones en las denominaciones se deben, según el escrito, a la legalidad a la que se acogieron los promotores de unas asociaciones y otras.

Pasa el texto a considerar las lagunas existentes en cuanto a la confusión relativa a la operatividad y a las funciones asociativas, y expresa el temor de que se constituyan macro-asociaciones que pretendan representar a un elevado número de barrios, convirtiéndose en federaciones. Tras referirse a la creciente necesidad de que se cree una normativa reguladora de los movimientos ciudadanos, dentro de un marco democrático, el escrito postula la inmediata legalización de todas las asociaciones denominadas en trámite. De esta forma se dirimiría el problema existente entre entidades legalizadas y por legalizar.

En otro de los puntos, el texto se orienta hacia la exigencia de un mínimo de firmas de asociados que avalen el proyecto emprendido por las comisiones gestoras para promover el nacimiento de una asociación nueva, para que la presencia de una entidad de este tipo no resulte, del deseo de reducidos números de interesados que podrían alterar los fines globales de estas asociaciones.