"El nuevo marco laboral, adaptable al nuevo sindicalismo"

No hubo clarificación respecto a la intervención de las centrales sindicales en las consultas previas a la elaboración de las nuevas medidas laborales, por parte del ministro de Trabajo, que ayer presentó el decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Respondiendo a la acusación de unilateralidad, lanzada por los dirigentes de las centrales españolas, el señor Rengifo señaló que la promulgación de un decreto-ley entraba dentro de las atribuciones del Gabinete. Además -señaló el ministro-, han existido contactos previos del ministro de Relaciones Sindicales con dirigentes de patronales y centrales sindicales, en los que se han tratado los principales temas del decreto-ley. Sin embargo, el ministro de Trabajo negó tener conocimiento del contenido de tales conversaciones, por lo que los criterios de patronos y obreros no han podido incorporarse al texto legal, ya que -según el propio ministro- la elaboración ha correspondido exclusivamente, al Departamento de Trabajo.Las líneas esenciales del decreto-ley, que el ministro afirmó aparecería publicado esta mañana en el BOE, coinciden con las ya conocidas tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Insistiendo en la reacción que había causado el decreto-ley en medios del sindicalismo no oficial, el señor Rengifo calificó de precipitado su análisis, toda vez que no conocían el contenido exacto de la nueva legislación.

Respecto a la reunión del lunes en Ginebra, en la que representantes españoles criticaron las medidas laborales del Gobierno y dirigentes europeos señalaron que no admitirían sucedáneos de libertades sindicales plenas, el ministro afirmó categóricamente que tenía datos suficientes sobre lo tratado en el seno de dicha reunión y el aplauso hacia las disposiciones del Gobierno español había sido unánime entre los sindicalistas europeos.

Comparativamente, el ministro calificó de socialmente más avanzado el marco laboral establecido que el vigente en los países de la Comunidad Económica Europea y que las normas dictadas por la OIT. Señaló también que, a pesar de la previsible evolución del marco sindical, a la espera de que el proyecto de ley correspondiente fuera definitivamente aprobado por el Pleno de las Cortes, la normativa aprobada por el Gobierno era un traje adaptable a todas las hechuras, susceptible de pequeñas modificaciones en función de las circunstancias.

Despido

Insistió también el ministro en que España era uno de los pocos países industriallzados en negar toda posibilidad de despido libre, dado que siempre se requería una causalidad para su aplicación y, en cualquier caso, se mantenía la posibilidad de recurrir al arbitraje de la Magistratura. Igualmente, dijo que correspondía a la Magistratura evitar que el abuso de las facilidades establecidas para el despido individual por, razones de aptitud pudiera encubrir un intento de obviar el trámite de autorización administrativa para los casos de despido colectivo.Finalmente, se refirió al Fondo de Garantía Salarial, cuyo decreto de constitución apareció ayer en el BOE, justificando la demora de doce meses en la aportación de las empresas por las dificultades financieras que atraviesan la mayoría de ellas. La aportación será en razón del 0,2% del salario global de cotización, con lo que se espera reunir un monto de más de 3.000 millones de pesetas. Este fondo, que se establece para cubrir los salarios debidos a los trabajadores de las empresas en situación de quiebra, suspensión de pagos o insolvencia, correrá con los devengos adeudados a los trabajadores hasta un límite de tres meses, abonando los salarios reales percibidos por el trabajador en el momento de la declaración de insolvencia. La administración de estos fondos se regulará de modo tripartito, con presencia de Administración, empresarios y trabajadores.