Política y Derecho

LA REMISION por el Gobierno a la Sala IV del Supremo de la decisión sobre la inscripción de determinados partidos tiene claros motivos políticos. La tentativa de disfrazar con la solemnidad de las construcciones jurídicas un acto inequívoco de Gobierno, ni habla a favor de la sinceridad del Poder en sus relaciones con los ciudadanos ni presta servicio alguno a la independencia de la administración de la justicia, a la que convierte en factor beligerante en la contienda política.Para cualquier observador resulta evidente que este tortuoso camino de envío a los tribunales del expediente de algunas asociaciones es la forma maquiavélicamente ingenua del Gobierno Suárez de eludir sus propias responsabilidades.

Es un hecho que el proyecto de reforma y la celebración de las elecciones antes del verano serían inviables sin la legalización y participación del Partido Comunista. Como en la teoría del dominó, expuesta hace años por los expertos americanos, la prohibición del partido que dirige Santiago Carrillo arrastraría hacia la inhibición electoral a otros grupos de la Oposición, y haría naufragar los vivos deseos de homologarse con Europa del sistema. Pero, al tiempo, las presiones de los sectores franquistas con las que el señor Suárez pactó la ley de Reforma obligan al Gobierno a tratar de salvar la cara y no incumplir abiertamente sus compromisos, para lo cual recurre a esta estratagema de remedar el lavatorio de manos.

Y todavía hay otros objetivos que puede eventualmente cubrir esa púdica renuncia a pronunciarse sobre la licitud de los partidos sospechosos. ¿Qué ocurriría si el Partido Comunista fuera admitido en la familia legal, pero, en cambio, fueran excluidas las organizaciones marxistas-leninistas que han sido menos prudentes a la hora de dar expresión verbal a sus ideas, o tienen menos respaldo popular e internacional? Pues que se produciría una nueva división entre las fuerzas de izquierda, que se añadiría al fraccionamiento de los grupos socialistas.

Por lo demás, este planteamiento puede comprometer muy gravemente la imagen de las instituciones judiciales ante el país. Dejar en manos de un tribunal de justicia una decisión de naturaleza esencialmente política es hacer un flaco favor al poder judicial. El contenido de la función jurisdiccional se concreta y agota en la aplicación de la ley a los hechos y actos que inciden sobre las normas jurídicas; no entra en su campo hacer valoraciones abstractas de las normas, tal y como le exige ahora el Gobierno.

La decisión de legalizar o no un partido político, que nace del ejercicio de un derecho público subjetivo, es un puro acto político. Paradójicamente, del campo de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se hallan tradicionalmente excluidos los actos políticos o de Gobierno. ¿Cómo explicar y justificar la contradicción que instala ahora dentro del sistema jurídico el poder ejecutivo al encomendar a los tribunales una decisión abiertamente política? El pragmatismo del poder sigue, ciertamente, su propia estrategia. Pero no tiene por qué ocultarse tras la respetabilidad de la administración de la justicia ni simular ante la opinión pública nacional e internacional unos remilgos jurídicos tan improcedentes como artificiales.