Polémica sobre la construcción de industrias en terrenos calificados como rústicos

El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ratificó ayer un acuerdo anterior, por el que se da vía libre a un avance de planeamiento (especie de plan parcial), que prevé construir naves industriales en terrenos calificados como rústicos. Anteriormente, el mismo Ayuntamiento había decidido paralizar todo tipo de actividad urbanística en tanto no se aprobara el nuevo plan general.El asunto es muy complejo, y algunos de sus aspectos quedaron sin aclarar. San Sebastián de los Reyes tiene en estudio un nuevo plan general, que comprenda todo el término y sustituya al vigente desde 1968. Para facilitar los trabajos, la Corporación acordó en noviembre de 1975 no permitir nuevas actuaciones ni dar licencias de construcción en terrenos no edificables.

En agosto del año pasado la empresa Gefidocks, dedicada a naves de almacenamiento y depósitos, presentó un avance de planeamiento en el que solicita construir varios edificios. En esas cien hectáreas, hoy rústicas, se permiten 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado de volumen. El avance prevé un aprovechamiento del 50% del suelo, y un volumen de cinco metros cúbicos por metro cuadrado.

En el momento de presentarle, la empresa no aportó los datos de su personalidad jurídica (estar inscrita en el registro) ni el ser propietaria de los terrenos en cuestión.

El avance fue aprobado provisionalmente en un pleno celebrado en noviembre pasado, en el que el alcalde presentó una moción personal recomendando su aprobación, y remitido al Arca Metropolitana para su dictamen definitivo.

Ayer, tres concejales presentaron una moción pidiendo la revocación del acuerdo y la nulidad de las actuaciones, basándose en los defectos de forma citados, y además en el hecho de que el avance debe adecuarse al Plan vigente, como tampoco puede condicionar la redacción del nuevo.

El concejal Fernández Armendáriz presentó la operación como una clara jugada especulativa, en la que se iban a transformar cien hectáreas de terreno en beneficio de una empresa privada.

El alcalde, señor Laporta, se apoyó en los informes jurídicos municipales, para defender la actuación, y rebatió la anterior acusación, indicando que a la empresa se le habían impuesto determinadas condiciones, como son que el porcentaje de edificación no será superior al 50% del terreno, y a cinco metros cúbicos de volumen, (lo que ya sobrepasa con mucho las recomendaciones del área), que la empresa deberá pagar la urbanización y la infraestructura de los terrenos, y que éstos no pueden ser traspasados ni enajenados a posibles terceros. La empresa debería depositar cien millones de pesetas como garantía, que se le devolverían en caso de cumplir las condiciones.

Pero parece ser que existe una carta, de fecha 14 de diciembre, en la que la empresa no acepta las condiciones anteriores. Un concejal pidió que se confirmara o no su existencia, puesto que, de ser cierto, el Ayuntamiento tendría que denegar automáticamente la tramitación del avance.

Después de una larga discusión, no se contestó a la pregunta de si la empresa era o no propietaria de los terrenos, ni si había aceptado o no las condiciones, ni se aclaró la conveniencia de reconvertir terrenos rústicos en edificables cuando se está redactando un plan general nuevo.

El dictamen favorable a la empresa pasó a votación, y se aprobó por ocho votos a tres, con la consiguiente derrota de la moción.