La negociación de la ley Electoral

UNA SANGRIENTA semana, durante la cual centros de decisión todavía no identificados intentaron inútilmente hacer creer a los españolesque las fuerzas políticas de derecha e izquierda están resueltas a utilizar la violencia, fue la causa para la dilación de medidas gubernamentales muy urgentes (entre otras, la legalización de todos los partidos) y el aplazamiento de la negociación sobre la ley Electoral.Sin embargo, ya está próxima la discusión sobre el marcojurídico de las futuras elecciones y si las reiteradas declaraciones oficiales sobre el tema son sinceras o no han sufrido modificación en los últimos días, es previsible un fácil acuerdo entre Gobierno y Oposición. Las normas que deben garantizar la igualdad de las fuerzas políticas en la concurrencla electoral, la imparcialidad de los poderes públicos, la libertad y el secreto de voto, la corrección en los escrutinios y el automatismo en la prociamación de los resultados son, ciertamente susceptibles de diversas modulaciones técnicas, pero no se prestan a grandes discrepancias de fondo.

Ni siquiera la cuestión que hasta,ahora más ha preocupado a los políticos y a la opinión -la alternativa entre los distintos sistemas electorales (proporcional o mayoritario y las modalidades de uno y otro)- puede dar lugar a enfrentamientos muy duros y a forcejeos demasiado largos. Por una parte, en gran medida ha sido ya zanjada, aunque de manera muy poco afortunada y en favor del sufragio desigual, ei la ley de Reforma Política aprobada el pasado 15 de diciembre. Por otra, el mapa electoral del país es una incógnita.

Hay, sin embargo, un tema importante y vidrioso: las incompatibilidades entre los cargos públicos ocupados en el inmediato pasado y la presentación de sus titulares como candidatos. Pero ni siquiera esta cuestión constituye un obstáculo real. Porque si el Gobierno no acepta los criterios de inelegibilidad propios de una sociedad democrática, lo que no tendrá sentido será la celebración de unas elecciones tan abiertamente condicionadas por los caciques locales y el peso del aparato del Estado. Lo mismo cabe decir de la igualdad de oportunidades de todos los partidos, sin exclusiones, o de la absurda pretensión de que la campaña electoral sea regida por la ley de Reunión del Gobierno Arias.

En razón de esa evidente estrechez del margen de discusión posible, lo más importante de la negociación entre el Gobierno y la Oposición es el acuerdo previo sobre el procedimiento a seguir para la elaboración de la ley Electoral. Forzar a los representantes de la Oposición a discutir, punto por punto, y a toda prisa, un texto preparado por la Administración sería una añagaza para guardar las apariencias. Si realmente se pretende que la negociación de la ley Electoral contribuya a la concordia nacional y garantice la celebración de los anunciados comicios, debe desarrollarse en dos fases separadas y bien distintas. Los representantes de la Oposición tendrán que llegar primero a un acuerdo con el Gobierno sobre las pocas cuestiones abiertas a la discusión (número mínimo de diputados por provincia, criterio de repartición de restos, listas abiertas o cerradas, una o dos vueltas para el Senado ... ), señalando las líneas generales para su solución. Para después decidir, conjuntamente con el Gobierno, la composición de una comisión puramente técnica a la que se confíe la instrumentación de esos acuerdos generales.