España: un delito penalizado con cárcel

Se calcula que 300.000 españolas han abortado clandestinamente en España durante 1975. De ellas, 40.000 eran prostitutas, 20.000 casadas y el resto solteras. En los últimos años, el número de abortos practicados a ciudadanas españolas en clínicas especializadas de Europa occidental ha aumentado considerablemente, sin que existan datos estadísticos fiables sobre dicho número.

Según el Código Penal español el aborto es un delito y no está justificado ni ante el riesgo de la vida, salud mental o física de la madre, violación, ni ante la posibilidad de malformaciones congénitas del feto. Advierte que la vida del feto es un bien primordialmente protegido y a él deben subordinarse la vida de la madre y el interés social.

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El Código Penal, en su artículo 413 establece que la mujer que produjere su aborto consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con la pena de prisión menor. (De seis meses y un día a seis años.)

La legislación española no sólo penaliza el aborto, sino también la exposición y venta de contraceptivos y cualquier género de propaganda anticonceptiva, delitos castigados con arresto mayor y multa de 5.000 a 100.000 pesetas.

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