Una lamentable comedia

EL GOBIERNO optó, en su día, por hacer aprobar por las Cortes el proyecto de la Reforma Política, aun cuando esa estrategia significara un largo forcejeo de meses y la obligada reducción de su volumen para ajustarlo a las estrechas puertas del franquismo resignado. La consecuencia ha sido que las medidas de la época de Arias (leyes de Reunión y de Asociación Política, reforma del Código Penal) son ya inservibles y que incluso la ley de Reforma aprobada por referéndum el pasado 15 de diciembre resulta insuficiente, sin olvidar que el dilatado periodo de regateos con los procuradores puso los nervios de punta a todo el país.La renuncia del Gobierno a utilizar el decreto-ley para la promulgación de la ley de Asociaciones Sindicales y su todavía más incomprensible decisión de no aplicar el procedimiento de urgencia para el debate en las Cortes son la causa directa del penoso espectáculo que esta semana se representa en la Carrera de San Jerónimo. Los miembros de la Comisión de Leyes Fundamentales, de unas Cortes sentenciadas a la desaparición desde el 15 de diciembre, han empezado a discutir, en sesiones que si alguien no lo remedia pueden ser interminables, el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Y han comenzado los sectores inmovilistas por derrotar en la primera votación la letra y el espíritu de la propuesta de la ponencia. En un intento tragicómico de mantener las estructuras sindicales represivas del franquismo, los burócratas de la dictadura han demostrado que todavía tienen alguna fuerza frente a los burócratas de la Monarquía.

Es una vieja imagen que la repetición de los acontecimientos puede transformar lo que originalmente fue un drama serio en una vulgar comedia. Quizá los señores procuradores que dicen representar al mundo del trabajo carezcan de sentido del ridículo: pero ese encallecimiento de la sensibilidad, que no de las manos, no deben hacerlo extensivo a sus conciudadanos. Desde hace años era un secreto a voces que los verticalistas no representaban más que a quienes, desde arriba, los habían designado. Pero ahora la opinión de la sociedad es ya una doctrina del propio Estado.

¿Sería tal vez pedir demasiado a estos inminentes cesantes que nos ahorraran a todos tiempo y dinero, además del sentimiento de vergüenza ajena que producen? ¿Sería un favor excesivo solicitar de su generosidad que guarden ahora el mismo silencio que en los añorados tiempos del franquismo?

¿Y el Gobierno? ¿Por qué no retira el proyecto dé ley de Asociaciones Sindicales de las Cortes y lo promulga mediante decreto-ley? Los más suspicaces podrían tal vez jugar con la hipótesis de que la obstinada y torpe amenaza desde la derecha de las Cortes puede servir de coartada para justificar las graves limitaciones de un proyecto no negociado con las centrales sindicales. Los más maliciosos quizá afirmen.que esta «compulsión de repetición» que lleva al Gobierno a negociar con las instituciones ya muertas del franquismo es su irresistible tendencia a regresar al claustro materno. Lo más probable es que se trate, simplemente, de un paso dado precipitada e innecesariamente. Pero entonces la rectificación es fácil: permítase a los señores procuradores mantenerse en sus cargos hasta las próximas elecciones, pero dénseles para entretener sus ocios y justificar sus honorarios tareas inocuas.