Tres puntos

Hay tres puntos, a mi juicio, que conviene dejar claros para que se vayan perfilando con nitidez los defectos y necesidades fundamentales de la política española. Son, repito que a mi juicio, los siguientes:1.º La debilidad del Estado. 2.º La falta de confianza del pueblo en que haya una política enérgica y realista que remueva o cambie de una vez las instituciones y los comportamientos que atañen a los intereses públicos, apartándose de los remiendos que sólo sirven para proteger privilegios y corrupción; y 3.º La ausencia de un planteamiento claro y público de la crisis económica y de su posible solución.

En cuanto se refiere al primero de estos puntos, la debilidad del Estado, apenas hay que esforzar se para que se vea con nitidez. El poder ejecutivo está en crisis, hasta el punto de que en las propias fuerzas encargadas de cuidar del orden ha crecido la protesta y la discusión. La Administración, en su conjunto, funciona mal. Aparecen los primeros síntomas de huelgas que coronan un período largo de descontento y falta de convencimiento en la eficacia de su propia función. El poder legislativo no existe de hecho, y no ahora, sino desde hace tiempo, como poder independiente. El poder judicial, por su parte, está condicionado por el poder ejecutivo y su funcionamiento tampoco es satisfactorio.

Ahora bien, un Estado débil, al menos para nosotros los socialistas, es el peor de los males. Tanto en un período de transición como en un período de consolidación o de afirmación hace falta en el orden político que el Estado tenga fuerza, pues sólo con esta condición es posible llevar a cabo los cambios profundos que defendemos tanto en el plano económico como en el social y el político. Si es difícil sostenerse y remendar los desgarrones de la vida pública, con un Estado débil, más difícil es hacer una política de cambio y transformación desde la raíz.

Téngase en cuenta que un Estado no es fuerte porque reprima, al contrario, se puede proponer con el carácter de un principio general que cuanto más fuerte es un Estado menos coacción necesita, y al contrario, cuanto más débil es, más necesidad tiene de reprimir y limitar la libertad de sus ciudadanos. La fuerza de un Estado consiste esencialmente en su autoridad, y la autoridad a su vez procede de que los ciudadanos estén conformes con lo que el Estado hace, de modo que aprueben no sólo su política y sugestión, sino también los procedimientos de la gestión, pero por una u otra razón los españoles estamos en desacuerdo con el Estado, es más, somos antagonistas del Estado, de manera que sólo cobrará fuerza éste cuando se compenetre con los ciudadanos, es decir, cuando sea democrático de hecho y de derecho.

La principal tarea de cualquier gobernante en cualquier momento del proceso político español del presente y del futuro consistirá en dar al Estado la autoridad que no tiene: sólo así se podrán realizar los cambios que el país necesita sin coacción, represalias ni violencias.

Está en estrecha relación con lo anterior lo que habíamos propuesto como segundo punto. Los españoles desean un Estado, fuerte en cuanto instrumento, para un cambio que no puede ser simplemente un arreglo circunstancial para ir tirando. Hasta que no haya un programa sencillo y concreto de cambios fundamentales que refrende la autoridad que el Estado necesita, los españoles desconfiarán. Cualquiera, de nosotros, no sólo el español medio, sino cualquier español, salvo contadas excepciones, desea vivirde acuerdo con normas claras y justas. Es perfectamente explicable que tengamos una reacción moral, profunda y obstinada y que la proyectemos como una exigencia de la actividad política después de cuarenta años de corrupción, demagogia, ocultamiento. Si el Parlamento que salga de las próximas elecciones no es capaz de producir un Gobierno que satisfaga la necesidad que hemos descrito, la inquietud y desorden continuarán.

De aquí que la responsabilidad que cabe al Gobierno actual en lo que atañe al futuro inmediato sea grande, pues por una parte tiene que iniciar el fortalecimiento del Estado, y por otra, tiene que garantizar a través de las condiciones del proceso electoral y de la participación de los españoles en ese proceso que las próximas Cortes sean capaces de lograr un Gobierno como el que acabamos de proponer. Si hay un error o amaño en el procedimiento electoral y sus garantías, o se elimina del mismo a cualquier parte de la realidad política española, que tenga poder, respecto de la opinión pública, por ejemplo, el partido comunista, se condiciona tan perniciosamente el futuro inmediato que ni habrá Estado fuerte, ni democracia verdadera, ni Gobierno capaz de ofrecer y realizar el programa a que antes aludimos.

Por último, hay que considerar la crisis económica. Es un lugar común que la economía europea se había construido desde la postguerra de la segunda guerra mundial sobre el supuesto de la energía barata o, lo que es lo mismo, del petróleo barato. Cuando se hundió este supuesto, se tambaleó la economía europea y, por otra serie de causas, en España en concreto, no sólo se tambalea, sino que se hunde. No es cosa de llorar mirando al pasado, pero sí de prever el futuro. Repetiré una vez más que, según me dicen economistas de la mayor solvencia y práctica, el Estado español puede estar en poco tiempo en situación de bancarrota o al menos en un estado de empobrecimiento que le impida atender a las necesidades de la sociedad española, a su vez empobrecida y desarticulada. Ante esta situación, no parece que haya ni propuesta de remedio, ni conciencia de.la gravedad de la crisis por parte de quienes la van a padecer, que son la mayoría de los españoles. Muy difícil será que el Estado tenga autoridad y que se puedan hacer los cambios radicales que para bien de todos son necesarios, si el pueblo se enfrenta con una situación que barrunta, pero que no conoce, porque no se le ha advertido, de ella, ni de su gravedad. Podemos llegar a una economía de guerra casi súbitamente como quien deja un sueño apacible y entra en una pesadilla. Es esta una cuestión fundamental de la que dependen las demás y cuyo conocimiento por parte de los españoles es necesario para poderles pedir razonablemente los sacrificios que van a llegar. Si bien se mira, Estado fuerte, cambios radicales y arreglo, en lo que se pueda, de la crisis económica por el esfuerzo común, son cuestiones entrelazadas. Quizá se pueden establecer prioridades lógicas, pero es muy difícil determinarlas en el ámbito de los hechos.

Me permito advertir, por último, que ningún arreglo será posible si no hay acuerdo entre Gobierno y Oposición. A mi juicio, éste es el sentido y alcance que tiene la propuesta de negociaciones que a través de los nueve la oposición ha hecho al Gobierno. No se trata de que el acuerdo no tenga que darse entre todos los sectores y el Gobierno. Esta es una cuestión hasta cierto punto formal, porque sólo la Oposición, es decir aquellos partidos o grupos de opinión que han defendido la democracia en contra del franquismo, y que continúan defendiéndola contra las supervivencias franquistas, son los que el pueblo entiende por Oposición sin distingos ni titubeos, y son estos sectores los únicos que pueden dar con su participación y presencia autoridad al Estado, confianza en un programa y esperanza para resistir la crisis, porque fundamentalmente son los únicos en los que el pueblo puede, en principio, confiar de verdad. No habrá equilibrio, y por tanto no habrá solución, si no se busca, no para uno, sino para los tres puntos fundamentales que he citado. A la vez, sin negociaciones, cualquier arreglo que se llame solución será pan para hoy y hambre para mañana.