Se constituye una comisión delegada para asuntos militares

Los nombramientos de nuevos responsables para las fuerzas de orden público, junto a la puesta en marcha de una amplia reorganización de la defensa nacional y el examen de la situación creada tras la manifestación de policías armados y guardias civiles, junto a la detención del secretario general del PCE, señor Carrillo, y el secuestro del señor Oriol, resumen, prácticamente, el contenido del Consejo de Ministros celebrado ayer, bajo la presidencia del señor Suárez y que se prolongó hasta primeras horas de la noche.

El Gobierno decidió, en su reunión de ayer, constituir una comisión delegada para asuntos militares, con el fin de impulsar y actualizar la resolución de los principales problemas orgánicos y administrativos referentes a los ejércitos y fuerzas de orden público, encomendándole la elaboración urgente, en una primera fase, de las disposiciones que conduzcan a determinar la organización superior de la defensa nacional, actualización de las dotaciones presupuestarias para la misma en los próximos años, los criterios básicos unificadores de la política de personal de las fuerzas armadas y también las de orden público, principalmente en los aspectos económico y social, y el reajuste de competencias de la jurisdicción militar.La comisión, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, estará constituida por el vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, los ministros militares y los de Gobernación, Justicia y Hacienda.

En orden a la manifestación celebrada en Madrid el pasado día 17 por algunos miembros de la Policía Armada y Guardia Civil, y sus incidencias, el ministro de Gobernación afirmó que, con independencia de la instrucción de los correspondientes expedientes disciplinarios y traslado de culpa a la autoridad judicial militar respecto a los presuntos culpables de dicho suceso, existía una ponencia en el seno de la junta de orden público, encargada de estudiar las propuestas que, dentro del marco de las posibilidades, permitan resolver razonablemente la mejora de retribuciones, promoción profesional y seguridad social de los funcionarios tanto civiles como militares.

Igualmente el señor Martín Villa informó al Consejo sobre el secuestro del presidente del Consejo de Estado. Antonio María de Oriol manifestando que la actitud de «la autoridad gubernativa ante este deplorable hecho no podía ser otra que la de observar el respeto de la legalidad vigente». En cuanto a la detención del secretario del PCE, Santiago Carrillo, el señor Martín Villa informó que una vez practicadas las oportunas diligencias se había procedido a poner a disposición de la autoridad judicial competente a dicho detenido, «por corresponder a los órganos judiciales la depuración de sus presuntas responsabilidades».

Prórroga del Estatuto de Régimen Local

El Consejo aprobó proponer al Rey don Juan Carlos la aprobación de un real decreto-ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1977 el plazo para la articulación de la ley 41/1975 de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local. Esta nueva prórroga explica el Gobierno que viene exigida por la dificultad de llevar a cabo, dentro del plazo disponible, la ingente tarea de articulación de la citada ley de Bases, a través de los laboriosos trámites de cónsul al aprobación, así como la procedencia de tener en cuenta en su elaboración definitiva los principios inspiradores de la reforma política recientemente aprobada.

No obstante lo anterior, se prevé en dicha disposición la aprobación y promulgación antes del día 31 del actual de las normas necesarias para poner en vigor y desarrollar las bases relativas a las haciendas locales.

El ministro de la Gobernación informó al Consejo sobre la ultimación de los trabajos elaborados por la Comisiones para el régimen administrativo especial de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, y de Cataluña, los primeros de los cuales le fueron entregados al presidente del Gobierno el pasado día 13 en la audiencia concedida a dicha comisión y en la que se señaló que con dicho estudio no se pretende obtener privilegios para las dos provincias vascas, si bien podría servir de orientación para similares trabajos dedicados a otras provincias.

El trabajo comprende 54 conclusiones en las que se contienen las propuestas relativas a la organización peculiar de las provincias en cuestión a la hacienda de las diputaciones forales y a los servicios transferibles desde la Administración del Estado a la regida por dichas diputaciones.

En cuanto a las conclusiones del régimen administrativo especial para Cataluña. constituyen un paso previo para la institucionalización de la región de la que forma parte como pieza fundamental la constitución del Consejo General de Cataluña, integrado por miembros de las Cortes, Senado y diputados que serán elegidos por las provincias catalanas más los representantes de cada una de las diputaciones provinciales. Destacó igualmente la importancia de la lengua catalana y su cooficialidad con la castellana, prevista igualmente en los estudios que se entregaron al presidente del Gobierno durante su reciente visita a Barcelona.

Finalmente, el señor Martín Villa informó al Consejo sobre el desarrollo del referéndum nacional del pasado día 15, presentando la información final de dicha consulta y los resultados generales.

Reforma de la empresa

Por real decreto-ley se ha desarrollado la disposición adicional tercera de la ley de Relaciones Laborales relativa al mandato de elaborar un proyecto de ley de régimen jurídico y reforma de las empresas que revistan la forma de sociedad, en el sentido de constituir una comisión interministerial que efectúe una amplia audiencia entre personas, organismos e instituciones, cuyas características, competencia, actividad o naturaleza así lo aconsejen, al tiempo que se dispone que a los informes previstos se adicione el del Consejo de Economía Nacional, prorrogándose el plazo de presentación al Gobierno del proyecto de ley correspondiente hasta el 1 de abril de 1978.

El ministro de Industria informó que las inversiones que realizarán en 1977 las empresas en que participa directamente el Instituto Nacional de Industria, según el programa aprobado por el Gobierno, tendrán un valor total de 132.600 millones de pesetas. La mayor parte de las inversiones se dirigen a sectores básicos, con vistas a la demanda prevista a un plazo medio, destacando entre ellas las del sector energético, que cubren más de la mitad del volumen total de inversiones.

En el campo de la energía nuclear, Endesa y Enher acometerán la construcción de centrales nucleares, y una nueva empresa, Eniepsa, intensificará las prospecciones petrolíferas en territorio español, e Hispanoil continuará su programa de explotaciones.

El Consejo aprobó también un real decreto regulando la campaña oleícola 1976/ 1977. Se considera necesario que el aceite de oliva recupere en el mercado nacional los niveles de consumo que tenía con anterioridad a las dos últimas campañas.

Finalmente, otros de los acuerdos tomados en el Consejo fueron: aprobación de una moción del FORPPA sobre el sector resinero para evitar el paro en dicho sector, a través de una línea de crédito de 550 millones de pesetas, y subvenciones de ochenta millones de pesetas y aprobación de dos decretos para facilitar la actividad de las empresas pesqueras mixtas,

Temas militares

Una gran parte del contenido del Consejo de Ministros está dedicado a temas militares. Destacan una serie de acuerdos por los que se remiten a las Cortes proyectos de ley sobre retiro, aptitud y estructura de personal y cuerpos de los Ejércitos de Tierra y Aire.

Destaca también un decreto por el que se determina que el director general de la Guardia Civil no ocupará cargo en el escalafón de tenientes generales del Ejército de Tierra.

También dentro de los temas militares destaca un decreto sobre objeción de conciencia de carácter religioso al servicio militar, cuyo contenido no ha sido facilitado. También se regulan pensiones a favor de mutilados de guerra que lucharon en el bando republicano.

Orden público

El titular del departamento ha ofrecido un informe al Consejo -cuyos términos se ignoran- sobre el secuestro del señor Oriol, la manifestación de miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil y la detención del secretario general del PCE, señor Carrillo.