El Consejo de Economía Nacional, destinatario de los empleados de Sindicatos
Una comisión de representantes de los funcionarios de la Administración pública de Madrid se ha entrevistado con el subsecretario de la Presidencia del Gobierno para solicitar la derogación del real decreto por el que se crea la Administración de Servicios Socioprofesionales, organismo autónomo que integraría a los 50.000 empleados de la Organización Sindical, tras la desaparición de ésta.
La comisión -según uno de sus portavoces- informó acerca del malestar de los funcionarios provocado por la presumible e inminente desaparición del mencionado organismo autónomo y la posterior incorporación de estos empleados en los ministerios de la Administración pública. A este respecto, el subsecretario, señor Graullere, señaló que el Consejo de Economía Nacional es el principal destinatario de los funcionarios sindicales y, sólo en caso de que no pudiera albergar a la totalidad, éstos pasarían a formar parte de la Administración central, local e institucional.La libertad sindical, solicitada por la comisión, fue rechazada por el señor Graullere «dadas las especiales características del sector público», y añadió que su representación se canalizaría a través del decreto de Asociación de Funcionarios y del de Participación en los Organos de Gestión, cuya aprobación está prevista para el Consejo de Ministros del próximo día 17.
Las reivindicaciones económicas presentadas por los funcionarios -7.000 pesetas de aumento lineal, unificación de retribuciones, y mientras tanto, equiparación con el coeficiente de los funcionarios sindicales- tampoco fueron aceptadas por el subsecretario, quien ofreció un aumento del 22 % sobre el sueldo base más el 12 % sobre los complementos que viene a significar, según fuentes laborales, una subida real inferior a las 2.000 pesetas.
Respecto a la participación de los funcionarios en la elaboración del anteproyecto para la reforma de ley de Funcionarios Civiles del Estado, el subsecretario fijó la intervención a través de tres representantes de las asociaciones legalmente constituidas, inexistentes en la actualidad según fuentes laborales. En este sentido, la comisión de funcionarios expuso el señor Graullere la imposibilidad de este tipo de participación, ya que las bases para la reforma de la función política debieran estar establecidas, según los planes del Gobierno a finales del próximo mes de marzo, mientras que la constitución de asociaciones legales, caso de ser aceptadas por los funcionarios, llevaría un período de seis meses hasta su legalización.
