El Parlamento británico discute la "devolución de poderes" a Escocia y Gales

El debate constitucional más importante al que se haya enfrentado el Reino Unido en los últimos 250 años comenzó ayer en el Parlamento con la introducción de la legislación laborista que pretende devolver poderes ejecutivos a las Asambleas de Escocia y de Gales. La presentación del proyecto de ley coincide con la publicación en un diario de Escocia de los resultados de una encuesta que muestra que el 44 % de los escoceses no sólo quieren devolución, sino que votarían por su independencia si se les diera oportunidad.

Un porcentaje parecido -el 43%- precisa que la defensa de Escocia debe pasar cuanto antes a las manos de su propio Gobierno, aunque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta considerar que en cualquier caso, con independencia o sin ella, es conveniente que la reina Isabel siga siendo jefe del Estado.La encuesta ha sido realizado por un periódico laborista, el Daily Record, el de mayor venta en Escocia. El resultado ha sorprendido antes que nada al propio diario que es un defensor entusiasta de la ideas devolucionistas que el Gobierno quiere poner en práctica para los nacionalistas, el punto de vista recogido por el Daily Recor entre sus numerosos lectores "refleja el espíritu de lo que el pueblo escocés piensa acerca de su futuro".

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) espera que la ley de devolución fracase en el Parlamento. Si la ley falla, dijo ayer uno de los representantes del partido, nuestras posibilidades de seguir ganando votos en Escocia son muy grandes, y esto se demostraría en las próximas elecciones generales. El SNP pasó de controlar el 5 % de los votos de los escoceses en 1966 a ganar más del 30 % en las elecciones de 1974. La mayor parte de esos votos los ha obtenido a expensas de liberales y conservadores, aunque desde 1970 los laboristas también han sufrido las consecuencias de la campaña nacionalista, que se basa en el slogan el petróleo de Escocia. La reivindicación más poderosa del SNP se refiere, en efecto, a la necesidad que tienen los escoceses de controlar por completo sus recursos energéticos, mientras que Londres estima que debe mantener su predominio ejecutivo en esa esfera.

Los nacionalistas galeses, que tienen menos fortaleza parlamentaria que sus colegas de Escocia, no esperan tampoco demasiado de la ley devolucionista. Consideran que se sigue considerando al País de Gales como «un Estado de segunda categoría» respecto de Escocia, y piensan que las posibilidades legislativas que les daría la devolución de poderes son mínimas. La posición de los galeses en la discusión de esta ley es bastante débil, porque, al revés que los escoceses ellos no cuentan en los Comunes con el apoyo de los laboristas de su provincia, que se muestran contrarios a la propuesta de su Gobierno. Los laboristas galeses más militantes, como Neil Kinnock, consideran que la devolución sólo sería útil si afectase al resto de las regiones de Gran Bretaña, en lugar de establecer privilegios económicos y políticos para dos provincias determinadas del Reino Unido. Otra de las razones que hacen que cuando se hable de «devolución» los ingleses se refieran casi únicamente a Escocia es la diferencia que existe entre las perspectivas económicas de ambas regiones, una de las cuales, con los beneficios de su petróleo, puede resolver el futuro de la balanza comercial del Reino Unido en menos de un cuatrienio.