El alcalde veta un juicio contra personal contratado

El alcalde de Madrid, Juan de Arespacochaga, ha utilizado los resortes de la Ley Especial de Madrid para impedir que se celebrara el juicio de Magistratura interpuesto por unos doscientos empleados contratados municipales, reclamando su inmediata inclusión en nómina y reconocimiento de antigüedad.La ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 18 de julio de 1948, que fue recogida en la ley de Régimen Local -especial para Madrid- de 11 de julio de 1963, viene a decir que el alcalde de Madrid puede impedir que determinados problemas se traten a través de los organismos normalmente competentes -en este caso Magistratura de Trabajo- Esta es la primera vez que se ha utilizado.

Los abogados de los demandantes consideran que la citada ley sólo se puede aplicar en casos extraordinarios, lo que no sucede en éste, que son simples demandas laborales, por lo que califican el hecho como una desviación de poder y una utilización abusiva del mismo. Pero mientras no se aclare si el señor De Arespacochaga puede o no utilizar la ley de Conflicto Jurisdiccional como veto, el magistrado ha decidido aplazar el juicio.

Unos setenta empleados que se encontraban en la sala de espera abandonaron el edificio gritando: «Alcalde, dimisión.»

Los representantes del personal contratado estiman esta actitud de intolerable, y choca radicalmente con las promesas municipales de poner «su buena voluntad» en el problema. Además, han sido despedidos doce trabajadores eventuales, dos de ellos enlaces sindicales, a los que no se ha abierto antes expediente sindical, como es preceptivo. Como prueba de «la actitud represiva» del Ayuntamiento, se aporta fotocopia de un escrito, firmado por el inspector jefe de la Policía Municipal, en el que se indica que uno de los despedidos debe ser sometido a estrecha vigilancia. Al escrito se adjunta un historial con las sucesivas direcciones donde ha vivido, su etapa como estudiante, y su actual condición de «miembro activo en los asuntos de personal contratado de este Ayuntamiento».

Por otra parte, el 17 de noviembre se presentó en el Registro General un escrito firmado por más de 1.500 funcionarios de plantilla y eventuales, en el que se pide la readmisión de los doce despedidos y el levantamiento del expediente que pesa sobre dos representantes de Parques y Jardines. Se solicita también el reinicio de las negociaciones, aunque siempre con la anulación previa de las sanciones.