El Gobierno y la ponencia defendieron el sistema proporcional

El tema del sistema electoral, sobre el que los continuistas del franquismo han centrado su ofensiva frente al Gobierno, siguió siendo en la sesión de la mañana del Pleno de las Cortes que debatió la reforma política, celebrada ayer, el punto clave, no sólo de las deliberaciones en el hemiciclo, sino de las negociaciones discusiones en el Palacio de las Cortes.La sesión matinal estuvo dedicada en su totalidad a la réplica, por parte de la ponencia, de las enmiendas y observaciones presentadas al articulado y defendidas por sus autores el día anterior. Los cinco ponentes -señorita Landáburu y señores Suárez, Olarte, Primo de Rivera y Zapico- mantuvieron en sus intervenciones el texto de la ponencia, introduciendo tan solo una modificación importante: las provincias insulares tendrán un representante más en el Senado.

Cuando a las diez y diez de la mañana el presidente de la Cámara, Torcuato Fernández- Miranda, abrió la sesión para conceder la palabra al primer ponente, Noel Zapico, el hemiciclo se encontraba semivacío y en el banco azul faltaban el presidente Suárez y cinco ministros. Ya desde primera hora de la mañana la atención de los procuradores estaba más en la batalla presentada al Gobierno por Alianza Popular, para que se apruebe el sistema electoral por ellos propugnado, que en los argumentos de la ponencia al defender su texto.

Los miembros de Alianza Popular no entraron en el hemiciclo hasta muy avanzada la sesión, al igual que muchos procuradores miembros de los grupos parlamentarios y varios ministros. Se negoció durante toda la mañana y fueron muchas y frecuentes las reuniones sobre el punto en el que se centraba el tira y afloja: la concesión o no de una votación por separado de la propuesta de Alianza Popular y las posibles modificaciones en el texto de la ponencia sobre el sistema proporcional.

El señor Zapico, en su breve intervención, mantuvo el texto del artículo primero, limitándose a aceptar la propuesta del señor Meilán de especificar, cuando se dice «los derechos fundamentales son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado» que estos derechos fundamentales son de la persona.

Mantuvo también los otros dos párrafos del primer artículo: «La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo,» y «la potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes».

La argumentación del ponente se basó en que la ley debía de afirmar el concepto de Estado democrático y que para ello era necesario garantizar a toda costa los derechos fundamentales de las personas.

Defensa del bicameralismo

A continuación, Belén Landáburu defendió el texto del artículo segundo, en el que se establece que el sistema parlamentario será bicameral: Congreso con diputados elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad, y Senado, cuyos senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales y designados por el Rey en un número no superior a la quinta parte de los elegidos.

La intervención de la señorita Landáburu en defensa del texto presentado fue la más larga de la sesión -tres cuartos de hora- y en ella fue respondiendo a los argumentos de cada uno de los enmendantes. Dijo, entre otras cosas, que las dos Cámaras debían ser democráticas y que no convenía mezclar las dos formas de democracia -orgánica e inorgánica- en el proyecto que después iba a ser sometido al pueblo.

Lorenzo Olarte, tercer ponente, se ratificó en el texto del artículo tercero, que regula la iniciativa y el modo de la reforma constitucional. Rechazó las sugerencias de que el Senado tenga también la iniciativa de la reforma constitucional -junto al Rey y al Congreso- y defendió la tesis de mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado para dicha reforma.

La ponencia negocia con Alianza Popular

Tras la intervención del señor Olarte, el presidente Fernández-Miranda concedió unos minutos de descanso solicitados por la ponencia para deliberar, minutos que se convirtieron en una hora de tensas negociaciones.

Los cinco miembros de la ponencia se reunieron durante media hora con los presidentes Suárez y Fernández-Miranda, mientras los miembros del Gobierno charlaban con los procuradores en el bar y en los pasillos del Palacio, en su campaña de conseguir votos positivos.

La ponencia se reunió también con los seis líderes de Alianza Popular -señores Fernández de la Mora, De la Fuente, López Rodó, Martínez Esteruelas, Thomas de Carranza y Silva, el séptimo, Manuel Fraga, no es procurador-. No puede asegurarse que se llegara entonces a un pacto, ya que el Gobierno parece decidido a no ceder en el sistema proporcional, limitándose a negociar los dispositivos correctores.

En los pasillos, los procuradores cercanos a áreas gubernamentales ,comentaban que el Gobierno está decidido a hacer frente a la ofensiva de la Alianza, ya que si cede ante esta presión, le sería más difícil continuar su programa reformista y perdería la credibilidad democrática que intenta mantener. «En estos momentos está en juego -diría uno de ellos- la credibilidad de la reforma. Si se cede en el sistema mayoritario, se concede a los franquistas más inmovilistas la posibilidad de permanecer en sus escaños en las nuevas Cortes, que no seguirían siendo orgánicas, pero menos aún democráticas.»

Suárez, ausente en los debates

A las doce y media se reanudó la sesión, con escasa asistencia de procuradores y la ausencia del presidente Suárez y siete ministros -entre ellos, Osorio, Lavilla, Oreja, Martín Villa y Reguera- La negociación seguía fuera del hemiciclo, ya que faltaban también los ponentes Primo de Rivera y Suárez.

Noel Zapico volvió a tomar la palabra para ratificar la decisión de la ponencia de no variar la redacción del articulo cuarto, relativo a la tramitación de los proyectos de ley ordinaria. Defendió la preeminencia del Congreso sobre el Senado, por ser más representativo de la voluntad del pueblo, y afirmó que no se había intentado disminuir el prestigio del Senado, que tiene su función como «cámara del equilibrio».

A continuación, Belén Landáburu defendió la redacción del último artículo, en el que se dice que el Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, para que decida mediante referéndum. «¿Hay algo más lógico -dijo- que quien personifica la soberanía nacional, quiera saber qué piensa el pueblo?» Añadió que Franco también ejercitó durante su mandato la consulta directa a la nación en aquellas leyes de mayor trascendencia.

Cerca de la una de la tarde se entró en el debate de la disposición transitoria primera, Clave del proyecto, pues es donde se contemplan los criterios proporcionales para la elección de los diputados. El procurador canario Lorenzo Olarte habló en nombre de, la ponencia, y su intervención provocó la reacción el hasta entonces mudo hemiciclo. Con una oratoria fría, distante y dejando caer las palabras, sin inmutarse en ningun momento, el señor Olarte emplazó a los procuradores a que dieran su voto al Gobierno como habían hecho estos últimos cuarenta años de sumisión al poder.

Tensión y protestas ante la intervención de Olarte

Comenzó diciendo que se trataba sólo de regular las próximas e inmediatas elecciones, y que, la Cámara debería delegar en el Gobierno para que las regulase. Estas palabras provocaron los primeros murmullos desaprobatorios en el hemiciclo. Afirmó a continuación que este tema era excesivamente complejo para un Parlamento, y dada la urgencia del momento, el Gobierno podría abordarlo mejor y más rápidamente.

Argumentó que existe un amplio sector de la opinión que pensaba que no conviene retrasar la entrada en vigor de la normativa electoral para que cuanto antes fuera conocida por los partidos y los electores.

Citó seguidamente a Cruz Martínez Esteruelas, al que dedicó comentarios elogiosos tras los cuales señaló que discrepaba con su pretensión de que la ley Electoral pasara por las Cortes. Los murmullos desaprobatorios volvieron a producirse cuando el señor Olarte insistió en que se delegara en el Gobierno la regulación electoral, «actitud que no es nueva para esta Cámara, que se ha caracterizado por su subsidiariedad». En ese momento, los murmullos crecieron y volvieron a repetirse cuando dijo que la lealtad y consideración que el Gobierno estaba teniendo ante la Cámara debía ser correspondida.

El malestar de un cierto grupo de procuradores, a los que el ponente estaba recordando que el Gobierno había tenido la deferencia de contar con las Cortes para llevar a cabo su reforma, se hizo aún más patente con algún grito de fuera, fuera cuando el señor Olarte señaló que el Gobierno «podría habernos sorprendido con un decreto-ley al amparo de lo que establece la ley de las Cortes.

El presidente de la Cámara intervino para acallar los murmullos, y pidió paciencia y buenos modos a los procuradores.

Cuando el ponente -que no abandonó en ningún momento la serenidad- recordó que esas mismas Cortes hace un año habían delegado en el Gobierno un tema de su competencia que incidía sobre la soberanía nacional: el de la descolonización del Sahara, le interrumpieron de nuevo con muestras de protesta. El señor Fernández-Miranda pidió entonces al ponente que se ciñera al tema, siendo aplaudido. El señor Olarte pasó entonces a la segunda parte de la disposición, en la que se contempla el sistema electoral. Rebatió la tesis del señor Esteruelas en cuanto a que el sistema proporcional representaba un peligro de atomización parlamentaria, aduciendo que eso se solucionaba con las disposiciones correctoras introducidas por la ponencia. Añadió que en el sistema proporcional matizado podía crearse una mayoría suficiente sin que dejen de estar representadas las minorías.

Tras hacer una distinción «entre minorías y grupúsculos políticos extremistas, las primeras deben tener asiento en la Cámara; los segundos, seria nocivo», argumentó que el sistema proporcional permitía que se votaran a ideas o programas y no a individuos.

Nuevas protestas se oyeron cuando el ponente indicó que el «sistema mayoritario da todo al que gana y nada al que pierde; pero el que pierde sigue existiendo». En ese momento, el presidente volvió a intervenir para señalar que el señor Olarte sólo estaba emitiendo juicios apodícticos de la política» y para advertir a los procuradores que aquellos que no pudieran mantenerse en el sosiego podían abandonar la sala". «Esta presidencia -añadió- se encuentra en desventaja, ya que no puede irse durante los debates.»

El señor Olarte finalizó su intervención, entre escasos aplausos, manifestando, entre otras cosas, que con el sistema que defendía la ponencia se producen menos alteraciones y renovaciones en el Parlamento, y el electorado conoce a quien vota.

Tras la defensa de la disposición transitoria segunda por parte de Miguel Primo de Rivera, relativa a las comisiones que se firmarán en las futuras Cortes, intervino en último lugar Fernando Suárez, quien se mostró contrario a incluir una cláusula derogatoria dada «la complejidad jurídica», así como de establecer de antemano una ley de incompatibilidades.

El señor Suárez manifestó seguidamente que la ponencia había estudiado con atención la petición de una mayor representación de las provincias insulares y había decidido introducir una modificación en su texto, de forma que en vez de 204 senadores se proponen 207, es decir, un senador más por cada una de las provincias insulares (Baleares, Las Palmas y Tenerife). Tras esta intervención, que fue muy aplaudida, se levantó la sesión hasta las cinco y cuarto de la tarde.