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Editorial:

El Pleno de hoy

HOY COMIENZA el debate en las Cortes sobre un proyecto de ley que significa, a grandes rasgos, la liquidación de un régimen. En efecto, la incorporación del sufragio universal a nuestro sistema político con olvido de las representaciones orgánicas, es la antítesis básica del franquismo. Se trata de sustituir un Estado en el que el poder -omnímodo- pretendía autolegitimarse en otro definitivamente de signo contrario. El ejercicio del sufragio comporta las libertades cívicas que lo hagan moral y políticamente posible, la responsabilidad de los gobernantes ante los ciudadanos -y no ante Dios o la Historia y la articulación de la convivencia política de modo radicalmente diferente al que hemos experimentado en los últimos cuarenta años. Es la devolución de su soberanía a pueblo español, privado de ella durante casi medio siglo.Siempre hemos dicho qué el camino elegido para llevar a cabo la reforma Suárez nos parecía el menos indicado. Parecía inútil y hasta irracional buscar el suicidio de toda una clase política. Pero el suicidio parece hoy casi conseguido, con lo que es preciso reconocer que en algo fallaban nuestras previsiones. Siempre hemos dicho también que el proyecto del Gobierno peca de ambigüedad y encierra defectos resonantes. Pero ofrece alternativas aceptables para un futuro democrático. Hoy tenemos que añadir que, una vez el proyecto arite el Pleno de la Cámara, y aun con todos los peros que sea justo ponerle, si los señores procuradores derrotan la propuesta del Gobierno, habrán evitado desde luego hacerse el harakiri a corto plazo, pero habrán optado por la vía del suicidio colectivo de todo el país a meses vista.

Muchos se preguntan qué pasaría si el Gabinete no sale airoso de la prueba de hoy. Los ministros sonríen displicentes: todo está previsto, y no habrá dimisión del ejecutivo. Entonces probablemente se acudiría a la suspensión de la actual prórroga legislativa, con la consecuente disolución de las Cortes, o a la aplicación de medidas excepcionales por parte del Rey. Pero en definitiva lo que se habría demostrado, incapacidad intrínseca del régimen para aceptar la necesidad de la reforma. Se cegarían así todas las vías posibies que guardaran cierta coherencia con el pasado y se abocaría al país a una situación tal en la que el Gobierno tendría que hacer las veces de Gobierno provisional, trayendo la democracia a golpe de decreto. Cosa bastante difícil de conseguir por parte de un equipo no representativo, como el que capitanea el señor Suárez.

En la dinámica de los hechos,- la victoria del Gobierno en la votación de hoy es, pues, casi una necesidad histórica y no parece que exista una preocupación mayor sobre este punto. Pero para lograrla, parece que Suárez ha podido transar en algunos aspectos del proyecto. La impresión es, pues, que la reforma va a salir adelante, pero modificada. Y tan importante es, sin embargo, que el proyecto salga adelante como que lo haga sin cambios significativos.

Una victoria aparente del Gobierno con un proyecto desvirtuado -un proyecto oportunista, servidor de intereses de grupo, cauteloso de garantizar la pervivencia política de quienes hoy lo votan- sólo serviría para hacer más hiriente la verdadera derrota de Suárez en ese caso: la que consiste en prometer una democracia y ofrecería después adulterada. Dos cuestiones nos parecen esenciales en este diálogo político:

La primera, la representación proporcional. Ya hemos explicado -véase EL PAIS del martes 9 de noviembre que ésta nos parece básica a la hora de designar unas Cortes Constituyentes. La Cámara que salga de las próximas elecciones va a tener la misión de crear, de hecho, una constitución de nueva planta y va a dar paso a unas elecciones generales en el plazo máximo probable de dos años (eso son unas Cortes Constituyentes, en rigor). Pues bien, el sistema proporcional es el único del que puede resultar una composición de fuerzas en la Cámara, lo más cerca posible de la imagen real del país: la manera cómo se puede chequear cuál es la repartición de fuerzas políticas entre los españoles.

La segunda cuestión es la ley electoral, cuyas líneas deben ser dibujadas por el Gobierno en pacto con los diversos grupos políticos, y muy especialmente con los de la oposición democrática. Cualquier alteración de estos los puntos -sistema proporcional adulterado o intento le hacer pasar por las Cortes la ley electoral- desvirtuaría tanto el proyecto democrático del Gobierno, que sacarlo adelante en esas condiciones sería peor aún que la derrota. En una palabra, cualquier tentación de los señores procuradores para proponer a los ciudadanos una reforma política con truco, tendente a garantizar la pervivencia le la clase dirigente del franquismo en los puestos de mando, debe ser rechazada y el Gobierno no debe transigir con ello. De otro modo, el Pleno de hoy, histórico por tantas cosas, corre peligro de hacerse doblemente famoso. Pasaría de ser el símbolo del final de un régimen a convertirse además en el apocalipsis del que le sucedió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de noviembre de 1976