Aplazada en USA la que puede ser primera ejecución en diez años

El gobernador del estado de Utah ordenó ayer el aplazamiento, hasta el miércoles, de la ejecución de Mark Gilmore, que obtuvo del Tribunal Supremo del estado ser fusilado el lunes. El miércoles se reúne el State Board of Perdons, o consejo estatal encargado de revisar las penas máximas, y este organismo puede conceder un nuevo aplazamiento o incluso conmutar la pena a Gilmore, sin tener en cuenta la voluntad del reo, que desea ser ejecutado.Desde que el Tribunal Supremo del estado de Utah, en el medio-oeste del país, anunciara ayer su decisión, tomada por cuatro votos contra uno de que se cumpla la pena de muerte dictada el mes pasado contra Gilmore, el teléfono de la prisión donde se encuentra el reo no ha dejado de sonar. Docenas de personas se ofrecieron telefónicamente como voluntarios para formar en el pelotón de cinco miembros que debe fusilar a Gilmore, según el deseo expresado por el mismo ante el tribunal.

Los nombres de los voluntarios, que se mantendrán en secreto, se han añadido a una lista ya existente desde que se produjo la última ejecución en el estado de Utah, hace dieciséis años. Las autoridades de la prisión estudiarán a cada uno de los voluntarios para estar seguros de que no se han ofrecido por motivaciones «insanas» y de que los cinco elegidos para disparar contra Gilmore con rifles de calibre 30,06, por lo que cobrarán 175 dólares cada uno, son «sólidos ciudadanos».

Gary Mark Gilmore fue declarado culpable por un tribunal del asesinato de un joven conserje de hotel en el pueblo de Provo, el pasado verano. Desde que se pronunció sentencia, diversas organizaciones anti-pena de muerte iniciaron una campaña para que la condena no se ejecutara.

Sin embargo, el propio condenado escribió una carta al tribunal en la que pedía que no se hiciera ningún caso a esas organizaciones, que no eran sus representantes, ni tampoco a su abogado defensor, y que se le permitiera «morir con dignidad, como un hombre». El Tribunal Supremo del estado de Utah, que en un principio había decidido aplazar indefinidamente la ejecución, accedió ayer a la petición del reo y dio autorización para que se cumpla la pena, aplazada ahora-por el gobernador.

El abogado defensor del condenado calificó esta decisión judicial como «algo irracional», una especie de «pacto para el suicidio entre el reo y el Estado». Pese a que el defensor intentó demostrar que su cliente no estaba en posesión de sus plenas facultades mentales, un equipo de psiquiatras que examinó recientemente a Gilmore diagnosticó que su estado mental era sano.

«Creo que he tenido un juicio imparcial y justo y que la sentencia es la correcta», dijo Gilmore. Y añadió: «Acepto esta sentencia como un hombre y confío en que se me ejecute sin tardanza.» Antes de tomar su decisión, el tribunal interrogó al condenado y le preguntó si estaba dispuesto a morir. «En este momento, no respondió Gilmore; pero sí el próximo lunes a las ocho de la mañana.» Actualmente hay más de trescientos reclusos condenados a la pena capital en Norteamérica, aunque en la mayoría de los casos la sentencia ha sido aplazada indefinidamente o conmutada por la de prisión a perpetuidad. La última ejecución tuvo lugar en 1967, en el estado de Colorado. Posteriormente, el Tribunal Supremo Federal, máximo órgano judicial del país, declaró que la pena de muerte era «un castigo inusual y cruel» que podía atentar contra la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, el 2 de julio pasado, el Tribunal Supremo rectificó esta declaración y afirmó que la pena de muerte no era anticonstitucional, lo que, permite su ejecución en varios estados que la incluyen entre sus leyes. En el estado de Utah, colonizado por la secta de los mormones el siglo pasado, a los condenados a muerte se les ha dado tradicionalmente a elegir entre morir ahorcados o por fusilamiento.

Durante los próximos dias, se espera una fuerte campaña para impedir que se cumpla la sentencia contra Gilmore. Sin embargo, el mecanismo legal es bastante complejo, y lo más fácil de conseguir era una orden de aplazamiento de la ejecución, facultad que ha ejercido el gobernador del estado. Para el próximo miércoles está programada una reunión, del State Board of Perdons, organismo que podría aplazar indefinidamente la ejecución.