Los sociólogos aragoneses no colaborarán en los planes regionales

La oposición a la fórmula adoptada por el Gobierno para llevar a cabo los planes directores territoriales de cuatro regiones españolas, ha sido expresada el pasado día 10 por la junta directiva de la Asociación Aragonesa de Sociología, a través de una declaración de su presidente, Enrique Gastón.Esta junta directiva manifiesta haber efectuado un estudio sobre los reales decretos destinados a poner en marcha los planes territoriales de coordinación para las regiones de Andalucía, Aragón, Asturias y Galicia. De su estudio -dice el informe presentado por el señor Gastón- se deduce «la escasa o nula participación de verdaderos representantes de los intereses andaluces, aragoneses, asturianos y gallegos», lo cual resultaría evidente de la composición de las comisiones regionales de planeamiento. En este sentido, y al referirse a los representantes, dice que «sólo los presidentes de las diputaciones podrían considerarse representantes, hasta un cierto punto, de los intereses regionales. Lo que en modo alguno puede presuponerse, dado el sistema actual de designación de los presidentes de diputaciones».

A continuación se indica que la falta de un plan nacional de ordenación y de un nuevo plan de desarrollo son las razones que privan «de aquellos principios básicos fijados en Cortes que pudieran constituir elementos de juicio indispensables para la valoración y, equilibrio de los planes directores territoriales en relación con las demás provincias y regiones de España».

El informe de los sociólogos aragoneses dice que todo lo expuesto hasta ahora sobre este tema hace temer por el futuro de las cuatro regiones (Andalucía, Aragón, Asturias y Galicia), «pues significa simple y llanamente que, una vez confeccionados los planes, sus hombres habrían de acatar las decisiones que otros han tomado sobre ellos y sobre sus tierras».

Al final, el informe de los sociólogos, después de solidarizarse con las manifestaciones hechas anteriormente sobre el tema por los colegios zaragozanos de arquitectos y abogados, dice que «el problema es de tal trascendencia, y la marginación de los ciudadanos afectados tiene unas implicaciones tan graves para el futuro de estas zonas del Estado español, que esta junta ha tenido que plantearse problemas de ética profesional. Tras dos sesiones de discusión, ha llegado a la conclusión de pedir a los sociólogos que se abstengan de colaborar en los estudios e información previa, hasta tanto no se prevea una planificación en la que puedan estar presentes los verdaderos representantes de las poblaciones que vayan a ser afectadas».