El aniversario de Franco y la lucha por el poder en las Cortes

La antigua derecha del franquismo parece hallarse ante una situación límite de cara al primer aniversario de Franco. Sus organizaciones nacionales, apoyadas por los grupúsculos dispersos, aspiran a montar la gran manifestación del veinte de noviembre. Se pensó, en principio, en movilizar a medio millón de personas. Parece ser que ahora surgen dificultades para trasladar cien mil forasteros a Madrid. Este tipo de movilizaciones son complicadas y costosas. En los grupos promotores existía el hábito del respaldo estatal; normalmente, la Secretaría General del Movimiento costeaba la mayor parte de estas operaciones, con cargo a los fondos de propaganda; ahora la situación es distinta, y es improbable que el alto precio requerido sea aportado por los organizadores.La movilización de cien mil personas en Madrid (con una mitad procedente de provincias) puede suponer ochenta millones de pesetas, si se incluyen transportes, dietas y otros gastos: cantidad importante cuando se da a fondo perdido, y difícil de alcanzar si sólo se cuenta con cajas empresariales y bolsillos particulares. Máxime si no se trata de una operación de Estado, con rentabilidad política asegurada, sino de un intento final, como es el caso, de resultado incierto. Algunos particulares podrían haber desembolsado cantidades generásas, pero irrelevantes para el volumen de la operación. Las organizaciones políticas franquistas tampoco han conseguido aportar más que sumas modestas. Alguna empresa paraestatal del sector energético podría contribuir con una cifra mayor. Pero los resultados son hoy muy medianos y los organizadores de la magna concentración parecen forzados a negociar con el Gobierno. Este, evidentemente, no va a prohibir los actos organizados en el primer aniversario de Franco, cuya conmemoración va a realizar también con carácter oficial. Pero no parece dispuesto a permitir que la efemérides se capitalice como una operación contra la Corona o contra el Gobierno. El Gobierno parece bastante firme en este terreno y confiado en el alcance limitado de la marcha azul que se prepara. Sólo tiene una preocupación fundamental: un posible acto de brutalidad, realizado como una provocación a las Cortes y atribuido a la extrema izquierda. Tampoco está excluido que las organizaciones extremas del «gauchismo» aprovechen el clima de tensión creado el próximo día veinte para cometer algún atentado, como ocurrió, el primero de octubre del año pasado. Los servicios de seguridad se han reforzado en las grandes ciudades.

Entretanto, el Gobierno y las Cortes preparan los debates que enfrentarán a las distintas tendencias del Régimen con el proceso de reforma. El proyecto obtendrá resistencias muy inferiores a las esperadas en principio. Buena parte de la actividad gubernamental de las últimas semanas ha estado dirigida a neutralizar, en negociaciones múltiples, a los procuradores más intransigentes. Al final parece ser que las posiciones extremas se limitarán al señor Piñar y al señor Díaz Llanos; el primero solicita la devolución del proyecto de ley al Gobierno y el segundo su modificación total. La resistencia de la burocracia sindical se ha atemperado con el ofrecimiento de puestos en el Consejo de Economía. Otras actitudes frontales se han edulcorado cuando el Gobierno ha recordado a muchos procuradores el origen de sus cargos. Los votos contra la reforma podrían no pasar de ochenta cuando el mínimo indispensable para hacer embarrancar requeriría el «no» de 180 procuradores (esto es, un tercio de los escaños).

Pequeño arañazo

En rigor, la única formación capaz de dar una batalla frontal al reformismo sería la recién creada Alianza Popular. Pero el peso específico de la Alianza y la experiencia política de sus fundadores no permiten esperar una actitud maximalista en esta hora, en el que el proyecto reformista va a contar -siquiera sea como menos malo- con respaldos extensos en la opinión pública. Claro está que el hecho de no ir contra corriente no significa que haya existido una auténtica negociación Gobierno-Alianza. Lo probable es que la Alianza no dé la batalla frontal contra la reforma en las Cortes, sino que se proponga únicamente defender el sistema mayoritario para la elección de las dos Cámaras. Por el momento, el portavoz parlamentario de la Alianza, señor Martínez Esteruelas, puede haber dado instrucciones de no atacar la reforma a su paso por el desfiladero de la Carrera de San Jerónimo. El Gobierno parece bien pertrechado para esta prueba y es presumible que logre salir de ella, en el peor de los casos, con algún arañazo que no alteraría el propósito sustancial del proyecto.

El sistema electoral es la gran oportunidad del neofranquismo. La Alianza defiende un modelo de escrutinio mayoritario. El Gobierno propone -para obtener, según sus palabras, «una verdadera radiografía del país»- el sistema proporcional. En pura ténica electoral, se trata de procedimientos enteramente distintos (véase la serie titulada: «La ley Electoral», de Rafael Arias Salgado, publicada en EL PAÍS los días 30 de septiembre, 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10 de octubre). Pero el fondo de la cuestión reside en que el escrutinio mayoritario daría una ventaja cierta a una formación como la Alianza. Si a esto se añade la colaboración posible que prestarán en no pocas provincias los gobernadores civiles (nombrados muchos por el anterior Gobierno y vinculados otros a los equipos de Carrero Blanco), es fácil imaginar el resultado de la elección. Frente a ello, el Gobierno aspira a reflejar mejor la voluntad popular, distribuyendo los puestos de la Cámara Baja en porcentaje paralelo al obtenido por cada partido en las urnas. El Gobierno no parece dispuesto a negociar en las Cortes la ley electoral. No cabe pensar que el Gobierno, de procedencia franquista, haya sufrido una especie de conversión milagrosa hacia la democracia; en un terreno mucho más pragmático, Suárez y sus colaboradores defienden su posición: un eventual triunfo de la Alianza obligaría a la Corona a formar nuevo Gobierno por el vencedor.

La cohesión de Alianza

La cohesión interna de la Alianza es mayor últimamente bajo la personalidad dominante de Manuel Fraga, que parece. imponerse de lejos, sobre los otros candidatos al liderazgo, los ex ministros Silva y López Rodó; aquél, desgastado por el abandono del grueso de sus seguidores, y este último, actuando en solitario contra toda previsión sin el apoyo del Opus Dei, que en sus altas esferas duda hoy sobre las opciones a tomar en el cambiante panorama español. El ala más derechista de la Alianza, encabezada por el señor Fernández de la Mora, podría albergar mayores contradicciones. Este sector parece más interesado por el aniversario y la manifestación del 20 de noviembre que por el debate de la reforma en las Cortes; más próxima a cuestionar la confrontación electoral que a participar en ella.

El Gobierno

El Gobierno, entretanto, aparece como un equipo eufórico que ha bordeado abismos muy profundos sin caer en ellos. No está entusiasmado tanto con su éxito, sino por el hecho de seguir en su puesto. Tiene enormes problemas diarios, pero ha salido de otros y tiene la esperanza de poder hacer lo mismo en el futuro. El presidente Suárez dispone de una porción de autoridad y la ejerce a fondo.... Quiere decirse que la reforma sale con bien de las Cortes; que el margen de autoridad del Gobierno le permite no negociar, sino dictar la ley electoral, y ganar el referéndum. En este aspecto, el Gobierno cree que el peligro para la operación reforma viene de la oposición, no de su derecha. Si los partidos democristianos, liberales, socialistas y comunistas, junto a los catalanes y vascos, predican la abstención, el referéndum no tendrá más valor que el que se ganó en 1966 por un margen de votos superior al cien por cien. Pero la situación comprometida de los partidos convencionales -imperiosamente necesitados de la participación y de la liza electoral- hacen que el Gobierno pueda permitirse unos márgenes de negociación holgados en lo que se refiere a las elecciones. No así en el referéndum, que suscita menor interés para la oposición democrática. Tras la tarea de convencer a las Cortes, el Gobierno se aplicará (con mayor dedicación si cabe) a negociar con la oposición, discreta, pero intensamente.

Ante las elecciones el Gabinete Suárez prepara una estrategia difícil: hay que aparentar una neutralidad creíble. Esa neutralidad puede resultar menos ficticia de lo que pudiera pensarse. Habría que propiciar, se piensa, una opción media entre los partidos de izquierda y el neofranquismo propuesto por la Alianza Popular. En este terreno es donde el Gobierno parece moverse con más dificultades y menores resultados. Los personalismos internos del Gabinete dificultan la operación. Sin embargo, algunos pasos se han dado en el camino de la neutralidad: así el proyecto de supresión de la Secretaría General del Movimiento, para impedir cualquier sospecha de manipulación desde el poder.

La oposición

Durante las últimas dos semanas se han multiplicado los movimientos en los partidos de oposición. El primero de ellos para unificar todas las tendencias de la democracia cristiana de cara a las futuras elecciones. El Equipo de la DC ha solicitado del presidente Suárez una entrevista para preparar las negociaciones con la oposición democrática. El presidente ha indicado que la oportunidad de esta entrevista presentaría tras el debate de las Cortes. Por parte de la oposición existe una condición previa: la legalización de todos los grandes partidos. La DC ha proseguido en otro frente sus contactos con partidos de centro, socialdemócratas y liberales, en busca de un amplio acuerdo electoral.

Sin que pueda mencionarse todavía de forma concreta su alcance y su perfil exacto, también se perciben, claramente, movimientos de tendencia organizativa -y federativa- en el sentido de unificación, en los amplios sectores del centro democrático, entendiendo por tales las tendencias que se extienden entre la Alianza Popular, netamente delimitada por la derecha, y la democracia cristiana y los socialismos, por la izquierda. Pese a las informaciones, periodísticas aparecidas sobre decisiones ya ultimadas en ese sector, creemos que aún no existen resoluciones definitivas, pero que no tardarán en hacerse públicas, quizá antes de fin de noviembre.

Los movimientos a la unidad son fomentados por la perspectiva electoral. El fenómeno es patente también entre los socialismos. Las conversaciones entre el PSP de Tierno Galván y el PSOE de Felipe González avanzan a buen ritmo. Por su parte, los socialistas del PSOE histórico parecen vincularse al pequeño grupo de García López. Fenómeno natural en estos últimos, ya que unos y otros han sido puntuales colaboradores de los dos Gobiernos de la monarquía, especialmente cuándo desde la presidencia se ha querido ofrecer una imagen de acercamiento a la oposición.

El final de Coordinación Democrática

El Partido Comunista sigue constituyendo el nudo gordiano. El desmoronamiento de Coordinación Democrática -implícito en varios síntomas- deja al PC en una arriesgada situación marginal. Por ello, la prioridad estratégica del partido es su legalización a cualquier precio (pagable, se entiende). En este punto, la Alianza Popular y el Gobierno coinciden por una vez: es necesario retrasar por todos los procedimientos la entrada del comunismo en el terreno legal. luego fuerte, en el que no se ignoran las contrapartidas. Si la gran formación marxista se ve empujada una y otra vez fuera del terreno, ¿qué puede hacer? Los dirigentes del PC se sienten empujados por el Gobierno a la acción ilegal y sortean dificultades crecientes en la base. Los dirigentes del neofranquismo insisten, aunque el argumento no tenga excesiva credibilidad en ellos, en que el comunismo es incompatible con la democracia. El Gobierno, menos simplista y más sutil, parece comprender que el modelo de neocapitalista europeo presupone la legalización del comunismo. Pero dilata sine die la grave cuestión,

Otros movimientos cabe señalar en el campo oposicionista. De un lado, la manifestación del POD después de la reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el día 4 y en la que se puntualizan nueve condiciones para negociar con el Gobierno y entre las que por vez primera se hace mención del referéndum anunciándose una campaña di abstención masiva si antes de su convocatoria no se cumplen y garantizan una serie de requisitos previos. La nota del POD es dura y exigente y en ella parece reflejarse un acercamiento visible entre los dos grandes sectores marxistas: los partidos socialistas y el Partido Comunista.

También es curioso el globo sonda lanzado por otro grupo de la oposición moderada que en contactos con el Gobierno ha diluido mucho las condiciones eventuales de una negociación en aspectos importantes (ley antiterrorista, estatuto de asociaciones políticas) y ha expuesto por primera vez una iniciativa de ulterior legalización del Partido Comunista, pero comprometiéndose desde ahora a realizarlo después de las elecciones. Cabe preguntarse qué valor real pueda tener este tanteo.

La influencia exterior

Nuevos datos aparecen en este punto. La embajada norteamericana (como detallaremos después) podría haber jugado un papel determinante en la no legalización del PC. Kissinger fue tajante en su recomendación de mantener la luz roja al partido de Santiago Carrillo. Kissinger desaparece de la escena internacional y su hipotético sucesor puede cambiar de opinión en tan delicada materia. Brzezinski el un sovietólogo más preocupado por las grandes cuestiones del equilibrio estratégico y relativamente escéptico ante las opciones ideológicas. Puede considerar que el eurocomunismo de Carrillo es un factor de contrapeso frente a la URSS en vez de un elemento de infiltración, como consideraba el antiguo profesor de Harvard.

Muchos grupos políticos españoles y, por qué no decirlo, buena parte del Gobierno, siguen actuando como si la política española se moviera en el aislamiento, al margen de toda dependencia exterior. Y sin embargo, la realidad nos recuerda todos los días que España es una nación de dimensión media, con un emplazamiento estratégico privilegiado en el que se cruzan y entrecruzan las grandes jugadas de los intereses militares, económicos y de influencia. Son fuerzas colosales (alimentación, energía, armamento, desarrollo tecnolótico, transportes, educación) las que se mueven por debajo de la apariencia doméstica para influir poderosamente en la realidad nacional. En el terreno económico, la crisis actual nos sitúa en una posición de dependencia creciente.

Un cambio de primera magnitud acaba de producirse en ese panorama internacional: la llegada de los demócratas al poder en Estados Unidos y su repercusión en la política exterior norteamericana. La desaparición de Kissinger podría provocar una menor injerencia norteamericana en Europa.

Durante la transición del franquismo a la monarquía, la Embajada USA en Madrid ha estado jugando a fondo. Los cerebros de Kissinger recomendaron al Gobierno de Madrid que aplazara las elecciones hasta que no dispusiera de un gran partido conservador, capaz de mantener en sus líneas fundamentales el status básico del franquismo. Aún así, el nacimiento de la Alianza Popular no ha sido visto con excesivo entusiasmo por Washington.

Los cerebros de Kissinger dieron otro consejo: «No hagan ustedes demasiado caso a las presiones europeas para la legalización del Partido Comunista; los países europeos son países cuesta abajo. Si se quieren suicidar con sus obsesiones democráticas, allá ellos.» Tal venía a ser, en sustancia, el lenguaje, escasamente universitario de los colaboradores del profesor de Harvard.

El sindicalismo USA, por boca de su máximo representante George Meany también ejerció influencia directa, por encima de la OIT. El viejo líder de la AFL-CIO defendía para España la liberación sindical, a condición de que no se produjeran infiltraciones comunistas en los sindicatos. En caso contrario había denuncias y cambio de actitud por parte de las fuerzas laborales americanas. Parece claro que no van a cambiar demasiado las grandes líneas de los intereses exteriores norteamericanos. La Administración Carter será especialmente prudente en el frente diplomático y no romperá el complicado equilibrio exterior heredado de Kissinger. Pero también está claro que los principales asesores en materia internacional del nuevo presidente van a iniciar una etapa distinta en las relaciones exteriores, con márgenes de maniobra más amplios para las potencias de segunda categoría inscritas en la órbita occidental. Un diplomático español comentaba con ironía: «En la época de Kissinger, el límite de las invitaciones y visitas a la embajada USA en Madrid llegaba, por la izquierda, a Joaquín Satrústegui y Camuñas. Hay que esperar algo más de audacia en los cuatro años próximos.»

Por lo que respecta a Europa, sólo los eurócratas de Bruselas y dos naciones continentales tienen hoy posibilidad de ejercer un peso determinante en la política interior española. De hecho, es visible la presencia de Alemania y Francia en la operación reforma que ahora se desarrolla en Madrid.

Parece claro que Schmidt, ganador de las elecciones, no va a volear su apoyo hacia la Alianza Popular, en la que don Federico Silva mantiene estrechas vinculaciones con Franz Joseph Strauss, líder de la ultraderecha bávara. Aun penetrados de atlantismo, los socialistas y los liberales alemanes no defenderán el status quo del anterior régimen español, sino que apoyarán, en primer término, la política prudentemente liberalizadora del Rey, en segundo lugar, los intentos de sus homólogos españoles, liberales y socialistas, para obtener un nuevo marco coherente con el modelo europeo. El presidente Suárez podría pedir ayuda al canciller alemán a fin de lograr que los socialistas españoles «pasen por ventanilla», pero es muy dudoso que Schmidt satisfaga esa clase de ruego. Respecto a Francia, se ha comentado la influencia creciente y el exceso de actividad del embajador acreditado en Madrid, Jean François Déniau.

El viaje del Monarca español a París se ha saldado con un resultado moderadamente positivo Pero no hay que olvidar que el Rey y el Gobierno español han de juzgar con prudencia la carta del giscardismo en el momento en que el presidente francés atraviesa el punto más bajo de su etapa presidencial

La movilización social

Más allá de los factores que determinan la nueva situación oficial española, y del enorme conjunto de fuerzas teledirigidas desde el exterior, existe un hecho, antes irrelevante y hoy de progresiva importancia que condiciona todavía la evolución española: la movilización popular, creciente, dispersa, descoordinada pero pujante que invade la actualidad con manifestaciones, actos, peticiones y actitudes reivindicativas.

La provocación en la calle que estas organizaciones pueden presentar sobre todo si no existe una Política negociadora digna de tal nombre y si la represión se hace violenta, será uno de los problemas con que el Gobierno tendrá que enfrentarse para llevar adelante su proyecto de reforma. Las dificultades del PCE, acusado de moderado en muchos conflictos, para controlar algunos movimientos de masas, puestas de manifiesto en la escisión producida en Comisiones Obreras, son un índice de que la calle no puede abandonarse a su suerte y de que hay que tener prevista una política al efecto.

Si la calle escapa al control del Gobierno los sectores extremistas pueden obligar a la creación de un Gobierno de emergencia que paralice la reforma y refuerce la dureza.

Por el otro flanco, el empresarial, el Gobierno también se topa con dificultades. La magnitud de la crisis económica hace difícil la supervivencia de muchas empresas y agudiza la tensión laboral y el riesgo de movilización incontrolada. El Gobierno tiene su, punto más débil en lo económico. El equipo montado en torno al vicepresidente Osorio no ha sabido adoptar las medidas de urgencia necesarias para tranquilizar conciencias alejar nubarrones ni aplazar la demanda de imposibles disposiciones que resuelvan la situación.